El Estado salvadoreño ha sido demandado por la desaparición forzada de varios niños, durante la guerra civil.
Por Gloria Morán. 25 de Julio. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – “Salimos con un bolsón lleno de comida y allí se terminó todo”
Eso es lo que recuerda Gregoria Herminia Contreras, de aquel día cruel de 1982, cuando ella y su familia tuvieron que salir corriendo de su cantón, San Juan Buenavista, en Tecoluca, San Vicente, porque el Ejército había llegado a la zona, buscando reductos rebeldes. Era 1982, y la guerra civil ya derramaba chorros de sangre.
Ese día, el 25 de agosto de 1982, fue el último que vio a sus hermanitos.
Ahora, casi tres décadas después, el estado salvadoreño ha sido demandado por su caso y el de sus hermanitos, así como el de otros niños que fueron desaparecidos forzadamente por el Ejército, en los años de guerra.
La demanda
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda, el pasado 28 de junio, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en la que acusa al Estado salvadoreño por incumplimiento a las recomendaciones que le impuso esta entidad en relación a las desapariciones forzadas de niños y niñas en El Salvador en la década de los 80.
Si bien la demanda se presentó esa fecha de junio, se hizo pública hasta el pasado 20 de julio, según un comunicado oficial emitido por la CIDH.
Los casos por los cuales se ha demandado al Estado son por la desaparición forzada del los niños Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras en 1982; Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez desaparecidas en 1981 y José Rubén Rivera, desaparecido en la Hacienda La Joya en San Vicente.
De acuerdo a testimonios, ellos fueron sacados a la fuerza de sus cantones por soldados, en medio de operativos militares contrainsurgentes realizados por el Ejército, durante la pasada guerra civil (1980-1992).
En su informe de fondo, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial, la protección a la familia, el derecho al nombre y los derechos del niño.
Recuerdo que llegaron los soldados
De aquellos niños desaparecidos, solo Gregoria Contreras (ahora una mujer adulta, de 32 años) fue finalmente localizada, en 2006. Ella, en exclusiva, contó a ContraPunto un poco de su historia, después de la separación con su familia biológica y expuso su deseo de que el Estado responda ante las desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado salvadoreño.
“Un hombre pasó gritando y nos dijo: ¡tienen que desocupar porque va a ver una limpia!”. Recuerdo que tenía cuatro años en esa época, cuando llegaron los soldados en un operativo y tuvimos que salir de casa, supuestamente para que no nos pasara nada - dijo Gregoria en tono irónico-. Pero nos capturaron los soldados, nos separaron de nuestros padres.
Me dejaron sentada con mi hermanita en brazos, me dijeron que la tuviera (…) y después a cada uno de nosotros (Gregoria se refiere a sus hermanos Serapio Cristian, Julia Inés y a ella) nos agarró un soldado, a unos los sacaron en helicóptero y a otros en camión y ya nunca nos volvimos a encontrar.
Gregoria es de carácter tímido, la misma vida la ha hecho así. Su mirada refleja que el recuerdo aún duele como si fuera ayer. Sus ojos color miel muestran que tienen ganas de llorar. El nudo en la garganta le entrecorta una que otra palabra, pero no llora.
Mi vida fue dura, no es igual criarse uno con su familia, tiene uno mucho sufrimiento, sea como sea yo he sufrido mucho, dijo con voz temblorosa al recordar lo que le sobrevino al ser separada de su familia los últimos momentos que vivió con su familia.
A diferencia de otros niños que fueron adoptados por extranjeros, Gregoria fue adoptada por una familia salvadoreña, es más, por la del mismo soldado que se la llevó. Ella fue víctima de maltratos físicos y psicológicos, dice, por parte de algunos miembros de su familia adoptiva.
El soldado me llevó a la casa de su mamá, ellos me criaron. Pero me maltrataban y cuando me
maltrataban yo solo decía algún día me voy a ir, y lo cumplí porque me fui para Guatemala. Me fui con una prima y me quedé allí.
De los 32 años de vida de Gregoria, 13 ha vivido en Guatemala. Se fue huyendo de los maltratos que recibía, huyendo de su pasado. Esta mujer sólo estudio hasta tercer grado, se le negó la educación, entre otros derechos, como la posibilidad de crecer con su familia.
Ahora pide al Estado que les respondan a todas las víctimas.
Espero que busquen y encuentren a todos los niños desaparecidos, principalmente a mis hermanos, yo anhelo verlos, conocerlos porque de seguro ya se me olvidaron como eran. Quiero que se juzguen a los culpables.
Justicia internacional
De acuerdo con la directora de Pro Búsqueda, Ester Alvarenga, el pasado 28 de enero se le entregó al Canciller de la República, Hugo Martínez, una propuesta, por sugerencia de la CIDH, en la que se buscaba resolver el caso de forma amistosa con el Estado. Sin embargo, hasta el momento de la demanda no obtuvieron respuesta.
La propuesta contenía peticiones dirigidas al Estado a favor de las víctimas y sus familiares.
Alvarenga mencionó que algunas de las peticiones son la de brindar atención médica a las víctimas, asignación de nombres en escuelas en honor a los afectados, medidas de reparación moral y material, la creación de símbolos para el rescate de la memoria histórica, investigación y facilidad de acceso a la información sobre casos de desaparecidos, entre otras cosas.
“Ninguna de estas peticiones el Estado cumplió. No solo no cumplió si no que tampoco respondió a la Comisión. Le ha faltado el respeto a la Comisión”, enfatizó Alvarenga.
“Un soldado tomó del pelo a Gregoria y se la llevó”
El 24 de agosto de 1982 se desplegó un operativo militar de grandes proporciones, desde el sur del Cantón San Juan Buenavista en Tecoluca, departamento de San Vicente.
Ante el operativo, la población huyó de sus viviendas hacia el monte tratando de ocultarse. Un grupo de personas, incluido el grupo familiar de los hermanos Contreras, se refugiaron en el lugar conocido como “ La Conacastada”, situado al norte del cantón San Juan Buenavista. Al segundo día, el 25 de agosto, fueron descubiertos y acribillados por los militares. Los pequeños grupos que lograron huir fueron perseguidas por los militares, entre ellos la familia Contreras.
En las carreras, los niños quedaban atrás, no podían correr tan rápido. Mientras huían, María Maura Contreras, la madre de los desaparecidos, observó cómo un soldado agarraba por el pelo a su hija Gregoria Herminia, y se la llevó con otros niños, también observó que se llevaron a Serapio Cristian. Ella llevaba a su hija Julia Inés de cuatro meses en brazos, al tener que subir una cuesta se deslizó y la niña se le cayó cerca de los militares y se vio obligada a dejarla en el suelo para seguir corriendo y la niña fue tomada por los militares.
Los demás miembros de la familia siguieron corriendo y se escondieron en el monte por varios días. Finalizado el operativo militar, regresaron a La Conacastada, encontraron muchos muertos pero no a los tres menores.
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Informe 11/05
Petición de admisibilidad de caso hermanos Contreras
Febrero del 2005.
Sin embargo, el director de derechos humanos de la Cancillería de la República, David Morales, dijo que a partir de la propuesta han mantenido diálogos con las partes por cada uno de los puntos para expresar cómo implementaran la mayoría de las medidas de reparación.
“Creo que podremos dar una pronta respuesta integral al programa de propuestas presentadas”, aseguró.
Para el director del IDHUCA, Benjamín Cuellar, se siguió todo el proceso de la CIDH dentro del cual hay posibilidades de buscar soluciones amistosas y no se logró.
“Visto desde la perspectiva de país o de sistema de justicia salvadoreño es una confirmación más de que este no funciona, y que, por lo tanto, las víctimas deben de recurrir a los sistemas internacionales de promoción de derechos humanos”, aseguró Cuellar.
Por otro lado, Morales aseguró que el Estado ya esperaba la presentación de la demanda. Y señaló que han establecido diálogos y han planteado y aceptado algunas de la solución amistosa, que consiste en buscar la reparación de las victimas y sus familias.
“Sin embargo por la falta de avances significativos en la investigación y el acceso a la justicia, era inminente que se produciría la demanda ante la corte”, comentó Morales. Además aseguró que la demanda no afecta la posibilidad de atender a la propuesta y establecer los acuerdos necesarios para iniciar las reparaciones.
Por tercera vez a la Corte
Si veían venir la demanda o no, lo cierto es que El Salvador está por tercera vez delante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La primera vez fue por el caso de la desaparición forzada de las Hermanitas Serrano Cruz, el 1 de marzo de 2005. En su dictamen la Corte dijo que el Estado violó el derecho a la integridad personal, asimismo le impuso que debía pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y sus familiares, entre otras.
La segunda vez, el Estado fue sentenciado el 20 de noviembre de 2007 por el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, asesinado el 10 de junio de 1994 por tres hombres armados, se presume que vinculados a las fuerzas armadas salvadoreñas. En esa ocasión la Corte Internacional impuso al Estado el pago de $53,000 por los daños inmateriales y los gastos del proceso judicial.
En el tercer caso conocido como 2.517, Gregoria Herminia Contreras y otros, El Salvador, Morales ve la oportunidad perfecta para que el Estado repare y brinde el acceso a la justicia sobre estos hechos que vienen del pasado.
“Han pasado 20 años del gobierno anterior y nunca se resolvió, en seis meses no lo podemos hacer nosotros”, aseguró.
“En materia de acceso a la justicia y la investigación si bien hay una obligación del Estado es en concreto la Fiscalía General de la Republica y los jueces que conocen los casos los que tienen la posibilidad de avanzar”, expresó Morales en el contexto de que espera la unificación de las entidades correspondientes del Estado para facilitar los procesos.
¿Dónde está la Comisión Nacional de Búsqueda?
Ester Alvarenga dijo que espera que el Estado instaure de una vez por todas la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que considera que esta es de suma importancia y una pieza clave para aclarar los más de 500 casos que indagan en la actualidad.
La abogada de Pro Búsqueda, Elsi Flores, aseguró que si el Estado realmente crea esa Comisión será mucho más fácil dar con el paradero de las niñas y niños desaparecidos.
“Si nosotros con pocos insumos hemos logrado 221 reencuentros, el Estado con todo el aparataje que posee lo podría hacer más rápido”, expresó Flores.
En 1994 Maura Contreras, madre biológica de Gregoria Herminia Contreras, llegó a Pro Búsqueda para pedir ayuda para encontrar a sus hijos. 12 años llevó encontrar a Gregoria. Sin embargo el amor de hija a madre había desaparecido. La separación no solo fragmentó a la familia si no los sentimientos, los sueños, las metas.
Gregoria recuerda:
Para mí fue una gran sorpresa (saber de la existencia de mis padres biológicos), porque me decían que a ellos los habían matado. Yo siempre me preguntaba por qué no me buscaron chiquita, uno crece con el rencor. Entonces ahora ellos están pero yo los miro como unos amigos, yo ya no siento que yo sea hija de ellos. Son personas que yo empecé a conocer y los quiero como amigos, (pero) no siento amor como padres.
Las secuelas quedan, el dolor no se borra, mucho menos el recuerdo. Ahora la demanda es una luz para ellos, como peticionarios, para que el Estado cumpla con su deber y repare los daños cometidos en el pasado.
Yo solo sé que si ustedes pueden hacer algo (como medios de comunicación) para que el Estado busque a los desaparecidos, estaría bien. Porque es algo que duele, duele mucho…
La voz se le quiebra.
…Duele mucho, debe haber algo, un reparación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.