El presidente del Foro para la Defensa de la Constitución José María Méndez trata el tema: “Anteproyecto de ley de acceso a la información pública”.
Carolina Contreras/Sary Vargas. 06 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
Los ciudadanos muchas veces se preguntan qué pasa con un proyecto, o qué pasa con los fondos donados por entidades internacionales. Si se acercaran a la institución gubernamental y pidieran información, la respuesta sería siempre la misma: esos datos no se los puedo dar.
Recientemente se realizó el foro: “Anteproyecto de ley de acceso a la información pública”, organizado por el Foro para La Defensa de la Constitución.
Para esta temática existen dos anteproyectos, uno elaborado por el Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y otro por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (FMLN) y la Fundación Salvadoreña Para El Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Y se prevé que en tres meses esté aprobado en la Asamblea Legislativa.
Según Claudia Umaña, Directora del departamento de asuntos legales de FUSADES, en el anteproyecto se han valorado cuatro procesos que se consideran primordiales para la elaboración y discusión de la ley. En primer pilar es la máxima publicidad, el segundo es el acceso a la información, en tercero está en el diseño institucional y finalmente la transparencia.
FUSADES ha evaluado el desempeño de las instituciones que tienen por finalidad analizar la probabilidad de rendición de cuentas y transparencia en el país.
Cabe mencionar que a nivel Centroamericano, únicamente Costa Rica y El salvador no cuentan con este tipo de ley. Sin embargo, Costa Rica no cuenta con una ley de este tipo debido a que ellos tienen métodos mas avanzados para garantizar la eficacia gubernamental.
En la exposición, Umaña afirmó que el anteproyecto contempla la creación de una institución capacitada para evaluar el desempeño de la transparencia de información. Dicha institución se llamaría Comisión de Ética y Acceso a la Información de Interés General.
Asimismo, se contará con un Consejo asesor conformado por el Órgano Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Ministerio Público, Corte de Cuentas, Universidades, Asociación de Periodistas Salvadoreños (APES) y Medios de comunicación.
También se contempla una parte de multas a las instituciones. Las muy graves, conformadas por todas aquellas que destruyan o alteren la información, irán desde 19 mil 230 hasta 38 mil 460 dólares.
La idea de crear un anteproyecto de ley que trate de la transparencia de la información es darle poder al ciudadano. “Asimismo buscamos que no se necesiten de abogados para que una persona pueda acudir a una institución”, expresó Umaña.
Por su parte, José María Méndez, coordinador General del Foro para la Defensa de la Constitución, expresó que es necesario contribuir al cambio desde las bases de la sociedad. Conocer la información necesaria de sus gobernadores para ejercer poder en las decisiones. “Recuerda que en la oscuridad crece la ineficiencia y la corrupción», enfatizó Umaña.
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