Cuando uno lee resoluciones como la que salió ayer del Juzgado Segundo de Menores no puede menos que sentir que la inseguridad no sólo está en las calles, sino también en los recintos judiciales.
Escrito por Editorial.07 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
La jueza a cargo del Juzgado Segundo de Menores ha pronunciado sentencia sobre el caso de la publicación de las fotografías e identidad del joven Jonathan Alexander, que en plena calle y a la vista de cuantos estaban allí en aquel momento asesinó a otro estudiante para quitarle, como trofeo, la camiseta que éste último llevaba. En su resolución la jueza condena al Presidente de LA PRENSA GRÁFICA a una multa por “la violación a la garantía establecida en los artículos 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, lit. b), 25 y 115 de la Ley Penal Juvenil”. Esta resolución se dio sin atender a los significativos argumentos de la Fiscalía General de la República, ni mucho menos los de la defensa legal de LPG.
Lo más lamentable de este caso es que la resolución no se basa en argumentación legal sustantiva, sino en una reiterativa y mecánica defensa del “interés superior del niño”, sin ningún análisis sobre la situación real que se dio en este caso, tanto en lo referente a la conducta delictiva pública del “niño”, como a la función informativa en sí, que constituye un ejercicio dinámico que responde a lo ocurrido en cada momento. Hay aquí una fijación legalista que no defiende la ley sino la fácil interpretación literal de la misma. Como si juzgar no fuera aplicar la norma jurídica al caso concreto, sino encerrar artificialmente el caso concreto en una figura semejante a un molde petrificado.
Cuesta reconocer que, en medio de una realidad tan turbulenta y desafiante como la que vivimos, sobre todo en el tema de la criminalidad, se sigan dando simplismos tan indefendibles y peligrosos como el que ha caracterizado el tratamiento “legal” de este caso.
NECESITAMOS UNA JUSTICIA DE AVANZADA
Cada día se hace más evidente que uno de los pilares fundamentales de la democracia, de la paz y del desarrollo es el sistema de justicia, siempre que éste responda a una legislación puesta al día, y esté asistido por los recursos humanos e institucionales que lo hagan funcionar a partir de elementos como la interpretación progresiva e inteligente de la ley. Cuando uno lee resoluciones como la que salió ayer del Juzgado Segundo de Menores no puede menos que sentir que la inseguridad no sólo está en las calles, sino también en los recintos judiciales. Y esto sí es grave para el país en todo sentido.
Y aquí no se trata de vulnerar, de ninguna manera, la libertad que para juzgar responsablemente necesitan los jueces. Pero hay que distinguir muy bien entre libertad de juzgar y arbitrariedad para desatinar. Es esencial, entre otras cosas, la práctica suficiente y adecuada de la lógica jurídica. No basta con tener la autoridad: hay que ejercerla con el debido raciocinio.
Ahora, cuando según la “lógica” esgrimida por este fallo, “una de las principales funciones del Derecho es la de proteger los intereses, que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales” (sic), todo podría pasar, y pasar sin consecuencias. Y en el caso de los “niños”, “el interés superior, moral y material de los menores debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso” (sic), así sean criminales inmisericordes y sin el menor escrúpulo, como en este caso. Con justicia aplicada así, que Dios nos encuentre confesados.
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