Toda sociedad civilizada tiene a la base un conjunto de leyes, normas y reglas que rigen su conducta, partiendo de ese consenso básico expresado en la Constitución de la República. Más allá de su jerarquía, estos componentes conforman un solo cuerpo que se va moldeando conforme a las costumbres, lo que supone, que no son inmutables. Esto podríamos asimilarlo a aquella frase de Anatole France que dice: “El árbol de las leyes, ha de podarse continuamente”.
Escrito por Juan Héctor Vidal.05 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
Y esto no podía ser de otra manera; caso contrario se caería en una especie de inmovilismo social permanente. Con mayor razón, cuando ocurren cambios sustantivos en la esfera política, como está ocurriendo en El Salvador de hoy, lo más natural es que se produzcan mutaciones importantes en el andamiaje jurídico e institucional que rige las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pero tampoco se puede caer en el extremo de caminar por la senda de la anarquía, so pretexto de enderezar todo lo que algunos suponen ha andado mal, cuando seguramente mucho responde a un intento de moldear su propio proyecto.
En los diez meses que lleva la administración Funes, el reacomodo ha resultado más complicado de lo que podía haberse imaginado comenzando porque las relaciones entre el gobernante y el partido que lo llevó al poder no han sido las más cordiales. Para algunos mejor que haya sido así; pues de lo contrario, sin duda la balanza ya se hubiera inclinado a favor de los ortodoxos. Gobernar para la mayoría ha sido sin duda el mejor mensaje de don Mauricio.
Pero el problema no termina allí. Lo que está pasando en el llamado Primer Órgano del Estado, sostienen algunos, se asemeja a un mercado persa. Esto era de esperarse a partir de la división que se dio en ARENA y que en relativamente poco tiempo ha venido a anticipar un futuro poco halagüeño para la institucionalidad del país, aunque de los políticos se puede esperar todo, menos la salvaguarda de los intereses nacionales.
El escenario es tan amplio y a la vez tan complicado, que los que normalmente se ocupan de estas materias, seguramente consideran que lo más sensato es quedarse callado, antes que aventurar un juicio sobre las implicaciones del próximo desaguisado que saldrá del salón azul. Tratar de ponerlos en perspectiva en función de los grandes problemas del país resulta un ejercicio estéril.
Cómo se meten en un marco básico de políticas públicas los enjuagues de un diputado (de sobra conocido por sus acciones truculentas alrededor del transporte público) con las multas por el uso indebido del celular mientras se maneja o las sanciones a los motoristas de buses por las voluminosas infracciones de tránsito que cometen diariamente; las andanzas de otro en defensa de los operadores de los servicios privatizados, los intereses (y el desconcierto que provocan) alrededor de la exigencia o no de la partida de nacimiento para la obtención del DUI, las alianzas para cambiar la forma de elegir al presidente de RNPN y los miembros del TSE; las solicitudes de destitución de las autoridades de seguridad pública, las escaramuzas por la Ley del Menor Infractor, el financiamiento de la inversión pública, la ratificación del Estatuto de Roma, etc.
Los empresarios también necesitan reglas claras sobre el régimen impositivo, conocer las acciones del gobierno para fomentar la transparencia, combatir la corrupción y el crimen organizado. ¿Cuál va el marco básico dentro del cual deben decidir sus inversiones en los próximos cuatro años? tampoco es un asunto menor.
Quizás porque todavía se está en un proceso de aprendizaje, la certidumbre es un bien escaso, lo que deja al ciudadano común, al empresario y en general a todos los actores sociales, en una especie de limbo. La transición política no debe ser sinónimo de caos.
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