La jueza Segunda de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce Gallardo, aseguró desde el 22 de marzo que no autorizó nunca la publicación de la foto e identidad de un menor asesino, y que eso contraría la ley.
Escrito por Luis Laínez. 11 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
La única forma por la que es legal la divulgación en los medios de comunicación de la identidad, es decir, foto y nombre, de un menor de edad acusado de cometer un delito es cuando un juez lo haya autorizado “de oficio o a petición de parte y mediante resolución fundada”. Y esto solo se hará, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley Penal Juvenil, cuando el sospechoso “evada la justicia y que exista objetivamente grave riesgo para la seguridad de las víctimas, los testigos y o cualquier otra persona”.
Pues bien, la jueza Segunda de Menores de San Salvador, María Isabel Ponce Gallardo, aseguró el 22 de marzo, 17 días antes de condenar a LA PRENSA GRÁFICA por publicar la foto de Jonathan Alexander cuando asesinaba a Carlos Fernando Garay, que ella no había autorizado esa publicación porque Jonathan Alexander fue capturado en flagrancia.
En otras palabras, para la jueza, LA PRENSA GRÁFICA había violado la ley, puesto que nunca existió peligro de fuga y tampoco hubo peligro para testigos u otras víctimas. Es por eso que la funcionaria judicial dice el 22 de marzo, en un comunicado dirigido “a los medios de comunicación, juristas, empresarios y público en general”, que si hubiera habido evasión de ella lo hubiera autorizado.
Ponce Gallardo adelanta en su comunicado del 22 de marzo uno de los que fue los fundamentos de la condena contra LA PRENSA GRÁFICA, comunicada el 7 de abril: “Debe considerarse que el derecho y el deber de informar y la libertad de expresión, por no ser derechos absolutos, debieron ceder ante el derecho de la intimidad del menor” (ver nota adjunta).
Según el abogado Luis Mario Pérez Bennet, la jueza actuó de manera “mediática” debido a la presión que había sobre ella, aunque su campo de acción es el judicial: “Hubiera sido más prudente dar el comunicado después de resolver, pero habría que ponerse en el pellejo de ella, que estaba sometida a la presión de los grandes medios de comunicación”.
Conflicto
La jueza también asegura en el comunicado del 22 de marzo que LA PRENSA GRÁFICA publicó el rostro y la identidad del menor asesino porque era pobre.
“Conviene hacer la siguiente consideración, qué tal si en el lugar del imputado Jonathan fuera un pariente menor de un funcionario público o una persona con mejor condición económica o un religioso y talvez no por ese grave delito, sino por cualquier otra infracción, como, por ejemplo, de tránsito o conducción temeraria. ¿Hubieran tomado la misma reacción precipitada?”, señala la jueza, antes de sugerir, que si eso fuese posible, deberían reformarse varios artículos de la Ley Penal Juvenil.
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