Contra Punto-Una semana para recordar

Escrito por Benjamín Cuéllar Martínez. 04 de Abril. Tomado de Contra Punto.

Hay tanto de qué hablar sobre lo ocurrido en el país entre el lunes 22 y el domingo 28 de marzo

SAN SALVADOR-Hay tanto de qué hablar sobre lo ocurrido en el país entre el lunes 22 y el domingo 28 de marzo. Esos días recién pasados fueron intensos y estuvieron cargados de publicaciones, revelaciones, decisiones, recriminaciones, indefiniciones, tergiversaciones y emociones. Hubo de todo y resumirlo en este espacio es un ejercicio interesante y desafiante, pero imposible. Así que es mejor priorizar. El lunes,  ContraPunto nos regaló el suplemento “Monseñor Romero, por siempre”; excelente homenaje que ofrece una visión bastante completa del extraordinario ser humano que fue el arzobispo mártir, profundamente religioso e intransigente defensor de la dignidad de las personas, hermano y amigo. El mismo día Carlos Dada dio a conocer la entrevista con el capitán Álvaro Rafael Saravia, de la cual ya se ha habló y escribió bastante; probablemente seguirán las interpretaciones y más. 
Pero también hubo otro acontecimiento importante: la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual el Estado salvadoreño debió explicar qué ha cumplido de las recomendaciones de este organismo incluidas en su informe sobre la masacre en la UCA, hecho criminal que ya cruzó la frontera de las dos décadas. Ha pasado tanto tiempo –más de doscientos cuarenta y cuatro meses, de los cuales diez han transcurrido bajo el “gobierno del cambio”– y las cosas no han cambiado nada. Más allá de la retórica, esa es la realidad. Me imagino que alguien, en algún comentario, dirá que soy “talibán” porque Mauricio Funes condecoró a lo seis jesuitas ejecutados. ¿Y Julia Elba y Celina Mariceth Ramos, quienes también fueron ejecutadas por los militares? 
El director general de derechos humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, David Morales viajó a Washington D. C. para aceptar de entrada no haber cumplido lo establecido por la CIDH el 19 de noviembre de 1999. ¿Qué debieron hacer los gobiernos anteriores y qué debe hacer este? Investigar los hechos, sancionar a todos los culpables, repararles los daños causados a las víctimas y adecuar la legislación interna para dejar sin efecto la amnistía. Funes y sus subalternos dicen que sólo les toca reparar. Entonces, ¡estábamos equivocados! Habrá que hablar con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, para ver si él hace algo. Pero Morales reconoció de nuevo la autoridad de la CIDH y el carácter vinculante de sus recomendaciones, incluidas las del caso mencionado; son, entonces, de obligatorio cumplimiento. 
Dos años y cinco meses atrás, el 24 de octubre del 2007, en un comunicado que circuló profusamente el ahora funcionario acusaba al gobierno encabezado por Antonio Saca y señalaba lo que para él debía discutirse con sus representantes sobre el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez; también para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana al respecto. Lo cito textual:
“El aspecto de fondo (y el primero que debe abordarse en cualquier diálogo sobre el tema), es el desacato del Estado salvadoreño a la autoridad internacional de la CIDH, emanada de los artículos 33, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como lo afirmó en la audiencia del 10 de octubre el Señor Comisionado Víctor Abramovich al Estado, tal autoridad determina que las recomendaciones de la Comisión sean vinculantes (obligatorias) para el Estado. El Estado durante siete años de proceso internacional se negó a una solución amistosa. Ahora puede dialogar –y debe– pero su responsabilidad establecida internacionalmente por la muerte de Monseñor Romero e impunidad posterior y su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derogando la Ley de Amnistía General de 1993, no está en discusión, mucho menos en ‘negociación’”.
Ahora alega que la amnistía no se debe aplicar, basado en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y tiene razón. El padre José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), y el Instituto de Derechos Humanos perteneciente a la misma lucharon hasta derrotar la amnistía en la audiencia inicial para tratar el caso de la masacre en la UCA: En el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, el 12 de diciembre del 2000, la señora juez Ana América Lorena Rodríguez sobreseyó definitivamente a Alfredo Félix Cristiani Burkard y a los militares René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios. ¿Sobre qué base? Pues porque, según ella, ya había prescrito la acción penal. La UCA utilizó todas las formas legales y sus recursos para revertir eso, sin éxito. Por eso hay una nueva denuncia en la CIDH y una querella en la Audiencia Nacional de España.
Se debe considerar que el fallo de la Sala que determinó la constitucionalidad de la amnistía, con excepciones, fue dictado el 26 de septiembre del 2000. Pese a eso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió el 30 de octubre –cuatro días después, cuando Morales era el adjunto de la titular Beatrice de Carrillo– un informe sobre la masacre en la UCA donde señalaba al respecto “[…] que la ‘Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz’, es abiertamente violatoria al bien común, a la Constitución y a la filosofía, principios e instrumentos internacionales de derechos humanos, en tanto deroga absolutamente los derechos a la justicia, a la reparación y a la verdad, de víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Y recomendaba “al Estado, especialmente al Órgano Legislativo, la derogación inmediata de la Ley de Amnistía de 1993, como un imperativo de la moral pública y de la justicia”
Siete años después, Morales afirmaba que la derogatoria de la amnistía no estaba en discusión y menos debía negociarse. Y ahora le dijo recientemente a Juan José Dalton –en el antes citado suplemento– que la investigación de los hechos es “un tema de agenda del Fiscal y de los Tribunales que debe ventilarse en El Salvador”; también que “las instituciones de justicia no han tomado una posición contundente sobre la aplicabilidad o no de la Amnistía. Es necesario que se abra el debate nacional sobre este tema”. Lo que antes con Saca era un Estado en desacato, ¿hoy ya no lo es? ¿Se requiere un debate nacional para explicar esto? De ese debate, ¿saldrán los equivalentes nacionales del juez Baltasar Garzón y el fiscal Carlos Castresana? Se atreverá Romeo Barahona –fiscal general de la República– y alguien de la judicatura a librar esa batalla, si en España el único perseguido judicialmente por los crímenes del franquismo es Garzón precisamente.
En la comentada audiencia del 22 de marzo, el director general de derechos humanos de Cancillería dijo que “la figura del amparo también puede ser efectiva, obviamente en su carácter ciudadano, por alguna persona y particularmente en los representantes de las víctimas que han visto agraviados sus derechos con el proceso judicial”. Ante eso, dos de los comisionados presentes –Felipe González y Paulo Sergio Piñeiro– reaccionaron. El primero sostuvo que la reactivación de la acción judicial interna es deber del Estado, no de las víctimas o sus representantes. “Aquí estamos hablando –sentenció– del cumplimiento [de] una resolución de la Comisión que tiene más de diez años. Aprecio el cambio de posición del Estado salvadoreño, pero vuelvo: el deber es del Estado no de los peticionarios. Los peticionarios intentaron, más bien sin ningún resultado, intentaron la vía internacional con el resultado de tomar una decisión que no se ha cumplido […] No se le puede plantear que reactiven, […] que ellos tengan la carga del impulso procesal interno nuevamente […] Yo me imagino que los representantes de las víctimas […] tendrán la mejor disposición de que si se les llama a un tribunal van a declarar […] pero el impulso debe ir de la mano con el Estado. Yo creo que es lo que está claro de la sesión de la Comisión Interamericana”. 
Piñeiro, relator de la CIDH para El Salvador, advirtió que “diez años después los peticionarios no tienen el ánimo de recibir una responsabilidad de ese tipo […] agradecemos al Estado por la nueva actitud, pero la responsabilidad primera es del Estado. Es claro que hay que ser flexibles con las fechas, pero cuanto más posterguemos  los riesgos de que no se consiga la proyección […] son grandes. Desde el siglo XVI, en la ciencia política hay un consejo para los nuevos Estados: que si no lo hacen inmediatamente, será todo mucho más difícil. Entonces, fraternalmente y con amistad, tengo la audacia de decirles esto: yo creo que es muy importante aprovechar este enorme ímpetu del Estado, para que con la colaboración de la Comisión puedan efectivamente demostrar algunos resultados concretos en esos puntos”. 
El plazo que le determinó la CIDH al Estado para reunirse acá en El Salvador con la parte demandante y elaborar un cronograma a fin de cumplir sus recomendaciones, quedó en cuarenta y cinco días contados a partir de la audiencia. 
¿Qué más pasó? El miércoles 24 de marzo, cumpliéndose los treinta años del martirio de monseñor Romero, Mauricio Funes inauguró la preciosa obra del querido amigo y mejor artista Rafael Varela; en su elaboración, también participó Rafael Escamilla. Magnífico. Pero luego del acto, entre sus declaraciones, dijo que como jefe del Estado salvadoreño le corresponde pedir perdón. “No me corresponde a mí derogar la ley [de amnistía], no me corresponde a mí como jefe del Ejecutivo aperturar [sic] una investigación […] Ya deberían de sacar ese debate. El punto ahora –y es una exhortación que le hago a las organizaciones de derechos humanos que le están pidiendo al presidente de la República que promueva la derogatoria: esos casos se pueden investigar aún cuando la ley no ha sido derogada […] Vayan a preguntarle al fiscal por qué no abre un expediente en ese caso y vayan a preguntarles a los organismos jurisdiccionales por qué no se inicia una investigación en esos casos.  Y pregúntenle a los diputados si piensan derogarlo o no, pero no le carguen al presidente una presión inmerecida”.
Y él, ¿ya le hizo esa preguntó al fiscal Barahona? O mejor aún, ¿por qué no le presenta una solicitud formal como ciudadano para que realice dicha investigación y lleve al Órgano Judicial a los responsables de haber ejecutado a quien ha nombrado “guía espiritual” suyo, de su gobierno y de todo el pueblo salvadoreño? No sé si todo el pueblo lo acompañaría con sus firmas en una iniciativa como la propuesta, pero estoy seguro que una buena parte sí. Y es que, por si no lo sabe, el buen pastor que tanto le inspira dijo en la misa que celebró ante el cadáver de Rutilio Grande –el 14 de marzo de 1977– lo siguiente: 
“Y si es cierto que hemos pedido a las autoridades que diluciden este crimen; que ellos tienen en sus manos los instrumentos de la justicia en el país y tienen que aclararlo. No estamos acusando a nadie. No estamos emitiendo juicios adelantados. Esperamos la voz de una justicia imparcial porque en la motivación del amor no puede estar ausente la justicia. No puede haber verdadera paz y verdadero amor sobre bases de injusticia, de violencias, de intrigas”.
Casi tres años después, el 11 de noviembre de 1979, el cuarto arzobispo de San Salvador fue más contundente al respecto al afirmar esto: “Los que mandaron, los que permitieron, incluso los que se solazaban, como un circo romano, en capturas, desaparecimientos, torturas, asesinatos, tienen que oír la voz de la justicia”.
Como jefe del Estado salvadoreño que es, debe considerar que entre sus funciones como tal y como jefe de gobierno, están dadas en el artículo 168 constitucional. La cuarta es la de celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa, y vigilar su cumplimiento. O sea que le corresponde garantizar que se acate la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue violada en los casos de la masacre en la UCA, monseñor Romero y varios más según informes de la CIDH. Para ello, debe cumplir las recomendaciones que al respecto le ha hecho. Yo recuerdo que cuando siendo periodista hablamos de exigirles eso a los presidentes de la República anteriores, de Cristiani en adelante, que coincidíamos. Y pensé que en su cargo actual, antes de que dijera que no lo iba a hacer, a diferencia de Cristiani –quien pidió el 18 de marzo de 1993 una “amnistía general y absoluta”– iba a usar su iniciativa de ley para derogarla. Creí que ese sería el cambio en este asunto y no que cambiaría de opinión.
Bueno, fue una semana digna de comentar. Se quedan algunos hechos como ciertas declaraciones del actual director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez, y de su jefe Manuel Melgar. Al preguntarle sobre el incremento de los años de cárcel a la población joven entre los dieciséis y dieciocho años que cometan cierto tipo de delitos, el primero dijo: “En este caso este servidor no puede dar opinión porque yo sólo la doy si el presidente de la República me la pide”. En similares términos se pronunció el ministro de Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Finalmente, el domingo 28 de marzo se cumplieron siete años exactos de haber presentado una nueva denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por las desapariciones forzadas de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, ocurridas entre el 27 y 28 de julio de 1982. El trámite de la misma se asignó originalmente al fiscal Juan Carlos Durán; hoy está a cargo del fiscal Walter Mata, pero las víctimas peticionarias no han recibido ninguna notificación. En la misma se propone realizar ciertas acciones útiles y, al revisar el expediente, se comprobó que no se ha ahecho nada. La FGR sostiene que está en el archivo de la institución pero no lo encuentran, por lo que el Estado –a pesar de los dos expedientes abiertos sobre los hechos– no ha actuado positiva y suficientemente para establecer al conocimiento de los autores de las desapariciones forzadas y el destino de las víctimas. Por esa inoperancia, también ya fue demandado en la CIDH.

Una semana para recordar