El documento localiza y clasifica 2.508 asentamientos urbanos precarios en todo el país, donde viven más de dos millones de personas. El presidente Funes calificó el informe de importante herramienta para la toma de decisiones en políticas de inclusión social.
Escrito por Fernando de Dios.23 de Abril. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – El Presidente de la República, Mauricio Funes, recibió este miércoles el Mapa de la Pobreza Urbana y la Exclusión Social (MPUES), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Ministerio de Economía (MINEC).
El MPUES sitúa las áreas más pobres en el mapa de las ciudades de El Salvador. Estas áreas, denominadas Asentamientos Urbanos Precarios (AUP), se identifican mediante el estudio detallado, basado en el VI Censo Nacional de Población y Vivienda, de las condiciones de las viviendas y de sus habitantes.
Por tanto, según sus creadores, es un instrumento que focaliza e identifica minuciosamente cuáles son las zonas que merecen una atención prioritaria de las políticas de inclusión que deben llevar a cabo el Gobierno de la República, los municipios, las ONG y los organismos internacionales.
El MPUES revela que en El Salvador hay 2.508 AUP en los que viven algo más de dos millones de salvadoreños. Más de la mitad de la población urbana del país, por tanto, vive en asentamientos que no presentan condiciones aceptables de acceso a servicios básicos.
En función de los niveles de hacinamiento de las viviendas, los materiales con que están construidas y su acceso a condiciones sanitarias básicas; y de las posibilidades de acceso a servicios como educación, salud o empleo de sus habitantes, se han clasificado estos asentamientos en cuatro categorías de precariedad: extrema, alta, moderada y baja.
De los 2.508 AUP identificados, aproximadamente la mitad (1.275) han sido clasificados en la categoría de precariedad extrema. En ellos viven alrededor de 870 mil personas, la mayoría de las cuales no tienen una vivienda con las mínimas condiciones de salubridad y cuyas oportunidades de acceso a servicios básicos del Estado son muy deficientes.
Atendiendo a su distribución geográfica, el Área Metropolitana de San Salvador es la que más AUP contiene, aunque éstos registran bajos niveles de precariedad, estando en su mayoría incluidos en los segmentos de precariedad moderada o baja.
Los departamentos que más AUP y más población residente en ellos registran son los de San Salvador y La Libertad. En cuanto a municipios, San Salvador, con 120, y San Miguel, con 87, siguen a Santa Ana, que con 130 es el que más AUP registra.
Además, Santa Ana es la ciudad que más asentamientos clasificados en el segmento de precariedad extrema o alta contiene, con 65. Le siguen Ahuachapán, San Miguel, Ciudad Arce y Nahuizalco.
"Desde el Estado no hay excusa para no actuar", dijo el mandatario tras recibir el informe del PNUD
El MPUES, dijo el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Carlos Ramos, “deja a la sociedad y al Estado salvadoreño con instrumentos adecuados para transformar la realidad de la pobreza y la exclusión”.
“Desde el Estado no hay excusa para no actuar. Desde la sociedad no es válida ninguna justificación para no participar y no contribuir en la transformación de esta realidad aportando lo que a cada quien le corresponde”, agregó Ramos.
Jóvenes: los más vulnerables
Dentro de los AUP, el PNUD destaca la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes. Tres cuartas partes de las personas entre 18 y 24 años que viven en estas áreas no tienen nivel académico para acceder a estudios superiores, es decir, que no han completado su formación media.
Y es que, como afirmó la Representante Residente del PNUD en El Salvador, Jessica Faieta, “el área donde se vive determina en gran medida el acceso a oportunidades de educación, salud, trabajo y diversión”.
Según el Coordinador del Área de Desarrollo Humano del PNUD en El Salvador, William Pleitez, existe entre los jóvenes que habitan en los AUP una alta tasa de abandono escolar ya que “muchos jóvenes interrumpen su educación por la necesidad de buscar un trabajo”.
Según el informe, el bajo nivel de escolaridad de estos jóvenes reduce sus oportunidades de acceder a mejores empleos, con lo que se perpetúa el círculo de la pobreza y la exclusión.
Entre las herramientas del gobierno
El presidente Mauricio Funes afirmó que el MPUES es una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones que su gobierno está ya utilizando en materia de políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza.
De hecho, según Funes, este documento es el germen del Programa Comunidades Solidarias Urbanas, “una de las políticas de inclusión social más ambiciosas” implementadas por su gobierno, afirmó el Presidente.
Entre las medidas incluidas en este programa, el presidente destacó el Programa de Ayuda Temporal al Ingreso (PATI), que otorga 100 dólares mensuales y formación y capacitación a jóvenes y mujeres cabeza de familia. El PATI llegará a beneficiar a 40 mil personas en 25 municipios, según anunció Funes.
El mandatario resaltó el carácter estructural de la pobreza en el país, pero también citó factores coyunturales que la han agravado, como la crisis económica o la tormenta Ida.
Tras exponer una vez más que las políticas dirigidas a mitigar la situación de los más pobres son prioritarias para su gobierno, el Presidente afirmó que los proyectos en este sentido necesitan de las ayudas internacionales.
Nuevo reto de Funes al FMLN
Mauricio Funes, “sin querer ser oportunista”, según dijo, afirmó que buena parte de esas políticas sociales que el gobierno quiere implementar dependen de la aprobación de más de 900 millones de dólares en préstamos internacionales solicitados a la Asamblea Legislativa.
Con ello, Funes escenificó nuevamente sus diferencias con el partido que le llevó al poder, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuyos diputados han pedido más garantías para apoyar la petición de esos créditos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El pasado jueves, el grupo del FMLN en la Asamblea no votó a favor de la petición de la Presidencia de la República para la negociación de dos préstamos de más de 143 millones de dólares al BCIE.
Ese dinero, según el gobierno, iría destinado a la construcción de un Hospital de Maternidad, la realización de la última fase de la autopista Diego de Holguín y la reforma del sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros proyectos.
“No son recursos para crear más burocracia o desviarlos, como ocurría en el pasado, a los bolsillos de funcionarios o incluso de particulares que ven en las obras del gobierno una forma fácil de obtener ganancias y de hacer negocio”, afirmó Funes este miércoles.
Por el contrario, aseguró el mandatario, se utilizarán para proyectos de salud, educación y empleo; para la articulación de un programa de protección social universal; para reducir los niveles de delincuencia y fortalecer a la PNC con un sistema de emergencias y para financiar obras de desarrollo comunitario en los municipios.
En una directa alusión a aquellos legisladores que no quieren dar sus votos para la aprobación de los créditos internacionales, Funes los retó a que “actúen mezquinamente y que se atrevan a negar sus votos para la aprobación y ratificación de los préstamos que hemos sometido a consideración de la Asamblea Legislativa”.
Entregan al gobierno Mapa de la Pobreza Urbana y Exclusión Social
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