Oscar A. Fernández O.09 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
Lo sucedido en el municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador, hace pocos días, es la prueba fehaciente de que la criminalidad puede alcanzar mayores niveles de brutalidad de los que nos tiene acostumbrados. El asesinato a mansalva de 15 ciudadanos inocentes, cuya culpa fue haber estado en medio de un enfrentamiento mortal entre expendedores de drogas que se disputan el mercado local, lo habíamos visto hasta ahora en las noticias de países como México o Colombia.
Han muerto inocentes que fueron asesinados con lujo de barbarie, independientemente de si esta es una guerra entre narcotraficantes, mafias o entre maras rivales, que son alimentadas desde altos círculos de poder del crimen.
Desde donde se le quiera ver, es una atrocidad que merece encarar el problema de una manera más inteligente y compleja de cómo lo hemos venido haciendo. Implica también revisar la capacidad del Estado (nótese que no digo Gobierno), que como hemos asegurado y probado en otros escritos, ha sido debilitado por el ajuste estructural neoliberal y la corrupción de poderes de facto ligados al gran crimen organizado, que hoy conspiran abiertamente con el propósito de recuperar el poder perdido.
Durante los diez años de la posguerra fría (1991/2001), las organizaciones criminales transnacionales tendieron a explotar, progresivamente, la difusión mundial de sofisticadas redes financieras, de información, lavado de dinero y transporte. Las mafias y redes delictivas con bases en América del Norte, Europa Occidental, China, Colombia, Medio Oriente, Japón, Nigeria y Rusia, expandieron la escala y el alcance de sus actividades. Para operaciones determinadas, constituyeron flexibles alianzas entre sí y con elementos violentos locales, remanentes de la posguerra.
Se corrompieron a los líderes de estados inestables, económicamente frágiles, decadentes o corruptos, se infiltraron en bancos y grandes empresas y en algunos casos han cooperado con movimientos armados irregulares, para controlar extensas áreas geográficas, de carácter estratégico. Sus fuentes de ingresos son el narcotráfico, la trata de blancas y de niños, el fraude financiero, el chantaje y diversas formas de contrabando: drogas, humano, armas ilícitas y tecnologías militares convencionales. El Salvador ha sido uno de sus territorios de expansión. La oligarquía ultraderechista necesitaba del apoyo de estas mafias, para poder meterse sin mucha desventaja a la transnacionalización de la economía.
Los fenómenos criminales del mercado y especialmente las prohibiciones penales que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en cuenta su dimensión económica. No se trata de caer en un reduccionismo economicista, sino de aproximarse a una criminalidad económica y a los efectos de la prohibición tomando en cuenta su naturaleza, o sea, de reconocer una dimensión elemental de la realidad, lo que con frecuencia y éxito se ha hecho en el derecho bien lejos de cualquier reduccionismo. (Zaffaroni, R.)
Los políticos de las derechas tradicionales como ARENA, sin poder para proveer soluciones estructurales, a causa de la crisis del sistema político y el debilitamiento del Estado, por temor, por incapacidad o por oportunismo, optan por reducir su discurso a propuestas de mayor represión o de “seguridad nacional”, apostando a la destrucción de toda racionalidad en la legislación penal y vendiendo la ilusión de soluciones mediante tipos penales nuevos, penas más largas, penas de muerte, una justicia punitiva a los menores, estados de sitio y aumento de la fuerza del Estado y, sobre todo, más brutalidad de las fuerzas policiales y uso de las Fuerzas Armadas en una “guerra contra el crimen”.
Sin embargo, el complejo problema no parece disminuir, sino al contrario aumenta en una especie de desafío a las sociedades. Esta manipulación publicitaria de la opinión pública que genera más terror que el propio crimen, es fomentada por poderosas organizaciones de medios de información, que copan el espacio publicitario- es el actual seguritismo interno o ideología de la seguridad nacional, que complota abiertamente contra el actual Gobierno del Cambio.
La crisis del Estado se expresa fundamentalmente en tres aspectos: un Estado de derecho débil por la falta de imperio de la ley; la incapacidad del Estado de asegurar los bienes públicos básicos para el conjunto de la población, y una importante erosión de sus sistemas políticos, en especial en intentos de democracias que como las nuestras son hijas bastardas de oprobiosas dictaduras militares no tan lejanas. La debilidad institucional de las democracias refuerza cada uno de los elementos reseñados y posibilita una mayor erosión del Estado por parte del crimen organizado.
La intimidación que sufren las distintas instituciones y el grado de corrupción que las corroe de manera importante, expresan otros costos y otras formas de daño. Esto afecta estructuralmente a la democracia, porque le produce un desprestigio sustantivo; se reduce el apoyo de la ciudadanía; se deslegitiman los procesos; se limita la participación política, y se incrementa la impunidad de los actores involucrados en la corrupción. Es un círculo vicioso del crimen.
Los desafíos actuales, radican en el cómo elaborar y cómo ejecutar políticas que amparen y den respuesta oportuna, sin que con ello se vulneren las garantías esenciales de los propios individuos tutelados y de los demás miembros del grupo social. No se trata de ser gentil con el delincuente y sobre todo con el homicida que mata con lujo de barbarie o intoxica a nuestra juventud. El problema es cómo equilibrar la fuerza del Estado y los derechos humanos, para que la espiral de violencia decrezca.
La democracia contemporánea no exige conciliar los valores de orden y seguridad pública con el ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales, partimos de la base que todas las personas pueden ejercer sus derechos libremente pero tales derechos y libertades no pueden realizarse arbitrariamente, sino que es necesario conciliarlos con los derechos y libertades de las demás personas y con las normas, bienes y valores superiores del ordenamiento jurídico tanto interno como internacional.
En democracia, los derechos y libertades solo pueden ser ejercidos en plenitud en un contexto de confianza y tranquilidad social fundada en el pleno respeto al Estado de Derecho, a la Justicia, al manejo adecuado de los conflictos y al reparto equitativo de los bienes, configurándose así un respeto a las normas de la seguridad pública, constituido por el conjunto de garantías que debe otorgar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de sus derechos.
La profundización del régimen democrático está enlazada con los valores primarios de seguridad y orden; si logramos constituir sociedades en orden y con paz social con pleno respeto a las garantías esenciales, la democracia se legitimará en mayor grado otorgando a la ciudadanía un apoyo cada vez más decidido y vigoroso al modelo político.
Una democracia legitimada por correctas políticas de seguridad y su eficaz aplicación, fortalece la gobernación, la reducción de las tasas de criminalidad y de la comisión de delitos; conlleva a un alza de los índices de confiabilidad entre las personas y con respecto al sistema político reduciéndose los factores de riesgo político, económico y social.
Es urgente advertir que las políticas de seguridad solo son realmente eficaces cuando cuentan con el apoyo ciudadano, es decir, cuando la ciudadanía considera que dichas políticas disminuyen tanto el problema real como la percepción del fenómeno delincuencial, es decir, sin un sostén ciudadano no hay medidas exitosas.
Así, el complejo problema que nos desafía, debemos considerar como prioritaria las políticas de seguridad que miren a un rediseño de la institucionalidad de la seguridad pública y del subsistema de justicia penal, para responder eficazmente a las demandas públicas; permitiendo su apertura a la ciudadanía, el aumento de niveles de transparencia y la adopción de todas aquellas medidas que permitan un accionar policial eficiente como la formación profesional adecuada, la adecuada distribución geográfica de los diferentes servicios policiales, la promoción de sistemas de inteligencia criminal y la investigación científica del delito. Esto se puede hacer combinando inteligentemente los asuntos urgentes y diseñando en la marcha la institucionalidad para tratar los asuntos importantes.
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