Editorial.17 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
Recientemente, y ante lamentables y repudiables hechos de violencia, como el ocurrido el 20 de junio en Mejicanos, cuando un microbús fue incendiado por miembros de pandillas, con todo y pasajeros dentro, el gobierno del Presidente Mauricio Funes, ha anunciado más medidas que complementan o son parte del plan de Seguridad del gobierno.
Mientras, la efectividad policial se agudiza cada día, eso explica la rapidez con la que las autoridades capturaron a los autores materiales del múltiple crimen en mención.
Entre las medidas, quizá la que ha llevado más discusión, pues se ha buscado el consenso, fue el proyecto de ley que proscribe a las pandillas, maras y otras estructuras del crimen organizado. Este esfuerzo del Ejecutivo, por supuesto, tomará su tiempo en la Asamblea Legislativa, pues la misma no sólo no debe violar la Constitución, sino, convenios internacionales.
Es decir, el gobierno del Presidente Funes y su gabinete de seguridad, está accionando contra la delincuencia generalizada, tal como se lo exige la actual coyuntura. Seguramente, en la medida en que los planes avancen, en su ejecución, habrá resultados positivos.
Por supuesto, que las medidas hasta hoy anunciadas por el gobierno, no deben ser las únicas, de ahí que es oportuno contribuir a la toma de conciencia de otras medidas.
Una de esas otras medidas pasa por un decreto legislativo que imponga la veda general de armas en todo el territorio, o, dicho de otra manera, el desarme de la población, en general. Este diario, por cierto, mantiene una campaña de desarme desde hace más de diez años.
Pero, recientemente, el Centro de la Sociedad Civil para el Monitoreo y Evaluación de la Violencia, ha hecho públicamente la solicitud de la veda de armas a escala nacional.
Entre las justificaciones del Centro resalta que entre 2007 a 2010 (junio) han ocurrido cerca de 13 mil homicidios, y que el 77.17% fue cometido con un arma de fuego.
Que el 80% de esos homicidios fue cometido en espacios y vías públicas. El 97% de esos crímenes fue cometido por persona desconocida.
Hace más de una semana, el Alcalde de Santa Tecla, Oscar Ortiz, sugería prohibir no solo la portación de armas de fuego, sino además, la comercialización de dichas armas.
Hay sectores, muy conservadores, por supuesto, que se oponen a las medidas anteriores, con o sin matices, con la falsa idea de que tener un arma es una forma de enfrentar la delincuencia.
Creemos que es oportuno, que la sociedad en general, entre a la discusión de esta temática, y pidamos, no solo al ejecutivo, sino también a la Asamblea Legislativa, que decreten la veda general o el desarme de la sociedad salvadoreña. Una medida de este tipo, ayudará a que la Policía Nacional Civil haga mejor sus labores de seguridad.
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