Periodistas denuncian amenazas a muerte

Escrito por Gloria Silvia Orellana/Beatriz Castillo. Lunes 27 de Julio. Tomado de Diario CoLatino.

La cobertura de Radio Victoria, de Cabañas, en el caso de la muerte de Marcelo Rivera, a generado amenazas de muerte contra tres de sus reporteros, quienes las han denunciado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH).

De acuerdo con la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), de la que forma parte Radio Victoria, los reporteros han recibido amenazas de muerte vía telefónica. “Serán los próximos”, les han dicho.

Ante esta denuncia, el procurador Oscar Luna manifestó su preocupación, a la vez que instó a las autoridades correspondientes para que les brinden medidas de protección y evitar que resulten afectados.

Además, pidió con carácter urgente a la PNC y la Fiscalía, a abrir una expediente e investiguen, y que brinden un informe en 72 horas, sobre estas amenazas, y determinar a los responsables materiales e intelectuales. “Es un llamado a la fiscalía y la policía, para que se deduzcan responsabilidades y los autores materiales e intelectuales que están promoviendo este tipo de amenazas que atentan contra la seguridad personal, la integridad, la libertad de expresión en este país”, expresó el procurador.

Oscar Beltrán, director de la radio, dijo que las amenazas van en contra de los periodistas José Alexander Beltrán Castillo, Ludwing Franklin Iraheta y Vladimir Abarca, quienes han dado cobertura a la desaparición y hallazgo del cuerpo sin vida de Marcelo Rivera, reconocido activista ambiental del departamento de Cabañas.

El director de la Radio Victoria, expresó que por el carácter social del medio se han recibido constantes amenazas, que vienen desde el año 2006 pero que a partir de la cobertura del caso Marcelo han arreciado por lo que denunciaron el caso ante la policía y la fiscalía.

Ante la denuncia la Asociación de Radios y Programas participativos (ARPAS), y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se pronunciaron a favor de una pronta investigación para evitar cualquier atentado contra los comunicadores.

Organismos internacionales piden investigación a Fiscalía
Una investigación a profundidad demandaron más de cien organizaciones de la comunidad internacional, al Fiscal en funciones, Ástor Escalante, por el secuestro y asesinato cuyo crimen ha sido manejado como “delincuencia común”.

Rivera Moreno era un reconocido líder en la lucha contra la minería en El Salvador, y jugó un papel protagónico en la denuncia del fraude electoral que generó la suspensión de los comicios municipales en San Isidro, Cabañas, el pasado enero.

Las declaraciones del fiscal asignado al caso Rodolfo Delgado ha sido rechazadas por familiares, vecinos y compañeros de trabajo social, del ahora occiso, por considerar que la desaparición y posterior asesinato de Marcelo tiene autores intelectuales, pero que las autoridades policiales y fiscales se han negado a investigar.

La carta girada al Fiscal en funciones señala, que con esta tesis el ente fiscal, quiere eliminar la labor que realizaba Marcelo en contra de la explotación minera y la corrupción de las autoridades locales.

“Su cadáver fue localizado el 1 de julio dentro de un pozo en el Cantón Agua Zarca, jurisdicción de Ilobasco. El cuerpo mostraba señales de terrible tortura su rostros desfigurado y varios de sus dedos mutilados, y Medicina Forense determinó que murió por asfixia y que 72 horas (3 días) antes de la autopsia, que demuestra que estuvo con vida varios días antes de su crimen”, describe la carta.

Para los firmantes de la misiva existen suficientes elementos para tener la presunción que el crimen fue realizado por “motivos políticos”, por su papel estratégico en la defensa contra la minería, como miembro de la Junta departamental del partido FMLN y protección por el medio ambiente, cuando denunció la intención del gobierno local de realizar un fraude electoral.

“Como resultado de su activismo, Marcelo había sido víctima en los últimos meses, de amenazas a muerte, campañas de difamación e incluso un atentado de atropellamiento con vehículo; ninguno de estos antecedentes ha sido considerado en la investigación del crimen; además, el modus operandi de su secuestro, tortura y crimen, aduce a un crimen planificado, con autoría intelectual y con probable contratación de sicarios”, señala la misiva.

Las organizaciones internacionales que incluyen a la Asociación Nacional Salvadoreña Americana (SANA) y el Congreso norteamericano sobre Latinoamérica (NACLA), reiteraron la urgencia de esclarecer el crimen y reivindicar la memoria y resarcir moralmente a sus familiares.