La mediación del Presidente

Escrito por Luis Mario Rodríguez R. Martes 28 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.

El señor Presidente ha hecho, con su intervención para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que en cualquier Estado civilizado compete al primer mandatario cuando ejerce, además de la Presidencia de la República, la jefatura de Estado. En España dichas funciones están separadas; la primera se le atribuye a quien ha sido electo por el pueblo como Presidente del Gobierno, mientras que la segunda está asignada por Constitución al Rey. Recordemos que España es una monarquía y como tal, ha de respetar la figura de aquel, que por sucesión familiar, ha venido a constituirse como la figura que media en las situaciones en las que los políticos, del Ejecutivo y del Legislativo, no han encontrado puntos de consenso.
En nuestro caso, el Presidente, respetando la independencia de poderes y en franca colaboración para fomentar la gobernabilidad nacional, dispuso mediar, entre las dos fuerzas mayoritarias, ARENA y su partido, para encontrar a los mejores hombres y mujeres, juristas todos, que tendrían la tarea, nada fácil, de administrar justicia en los próximos nueve años. Bien por el Presidente Funes en este primer esfuerzo para fortalecer las instituciones, y bien por los liderazgos en los partidos de gobierno y de oposición, por descubrir la razón de ser de todo político, que no es otra que el bien común. Ojalá el mismo espíritu democrático ilumine la elección del fiscal general, el procurador general y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Ahora bien, entre la mediación en aquellas acciones que por Constitución no son de la competencia del Presidente, y la toma de decisiones que sí constituyen atribuciones directas del primer ciudadano de la República, parece estar sucediendo algo aún inexplicable. No tenemos ni primero ni segundo designado a la Presidencia de la República, que son aquellos, propuestos por el Presidente y nombrados por la Asamblea, que sustituyen al Presidente y vicepresidente en caso ambos falten en el desempeño de sus cargos por distintas razones; el jefe del Organismo de Inteligencia del Estado, que en las anteriores administraciones fue juramentado públicamente en el Salón de Honor de Casa Presidencial, ha sido el funcionario desconocido; no se han presentado iniciativas de ley a través de los ministros de Estado en áreas como la reforma política, la transparencia en el uso de los fondos públicos, el fortalecimiento de entidades como la Corte de Cuentas, exigiendo que su titular se elija por cincuenta y seis votos y no cuarenta y tres como lo es actualmente, por mencionar sólo algunas de las acciones que en los casi cien días de gobierno, pudo haber ejecutado el señor Presidente.

Por el contrario, lo que hemos visto es la disolución de la Comisión Nacional de Desarrollo, organismo colegiado que contribuyó a la ejecución de planes estratégicos que nos valieron el ser electos como beneficiarios de los fondos del milenio para el desarrollo de la zona norte; la inminente desaparición del programa EDUCO, que otorgó el poder a los padres de familia para que controlaran la calidad de los maestros, principalmente en el interior del país, situación que se revertirá según lo manifestado por el ministro de Educación, "regresando" el control de su tiempo y calidad del servicio a los mismos maestros, además de su inclusión en la ley de salarios; es impredecible lo que sucederá con el Plan 20-21 y se escucha que los MEGATEC pasarán al control del MINED. Los despidos en las instituciones públicas han estado a la orden del día, no obstante la promesa del Presidente de respetar la estabilidad laboral; no tenemos embajador en los Estados Unidos, ni conocemos aún la posición del gobierno en temas globales como el terrorismo, el narcotráfico y la salud sexual reproductiva. Los subsidios continúan, y principalmente, el que la mayoría reprueba, el de los señores empresarios del transporte colectivo; reducido es cierto, y condicionado a la creación de la caja única, pero ese no es el problema para los ciudadanos; su reclamo es el maltrato y los accidentes por las unidades de más de veinte años que aún circulan.

Todos los funcionarios toman decisiones --como debe ser-- pero ninguna de sus acciones, en apariencia, son respaldadas por el Presidente en conferencias de prensa, las que por cierto, añoran los periodistas, pues según ha trascendido públicamente, el mandatario sólo habla de lo que le interesa y no sobre lo que los medios le consultan. Recientemente el presidente de ANDA declaró públicamente que "socializaría" la falta de agua, pues la Escalón y la San Benito no habían sufrido de racionamientos en los últimos años. Bien por la intensión de llevar agua a los que no cuentan con cisternas; muy mal la forma de expresarlo, dejando entrever un discurso de odio entre clases sociales, que no es conveniente para la paz social. Por otra parte, PROESA y EXPORTA, que fueron absorbidas por CONADEI en el gobierno pasado, ahora son parte del ministerio de Economía. Ese no es el problema; sí lo es, que los inversionistas se quejen de no tener un referente claro en el nuevo gobierno.

El Presidente ha tomado decisiones positivas, no cabe duda: mantener la red solidaria ampliándola a las personas de la tercera edad; continuar los grupos de tarea conjunta entre la PNC y el ejército para el combate a la delincuencia; la creación de secretarías orientadas a la descentralización municipal y el anuncio del plan de vivienda de interés social, con el propósito no sólo de revitalizar dicho sector, sino de proveer de una vivienda digna a los salvadoreños. Sin embargo existen temas de fondo que bien habría bastado una semana para que el Presidente se pronunciara y principalmente concretizara acciones. Esperemos los siguientes cien días del Presidente.