Editorial. 21 de Julio de 2009. Tomado de El Faro.
La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia ha develado muchas de las debilidades de nuestra institucionalidad. El resultado final ha sido aplaudido por todos los partidos políticos y las autoridades del Estado, pero ello no debe hacernos pasar por alto las múltiples irregularidades de este proceso.
Los magistrados fueron nombrados como resultado de un pacto detrás de las paredes entre el Ejecutivo y los partidos políticos, en el que la Asamblea, la llamada por la Constitución para nombrar a los magistrados, se limitó a su papel de aplaudir y votar a mano alzada un acuerdo previamente cocinado en otras instancias.
En el camino, el Consejo Nacional de la Judicatura se olvidó de la naturaleza de sus funciones: comenzó abusando de su rol para autoimponer candidaturas y terminó consintiendo un pacto de partidos con el Ejecutivo.
Aquí no hubo interrogatorios ni cuestionamientos parecidos a los que vimos en vivo por la televisión para nombrar a una magistrada en la Corte Suprema de Estados Unidos. Aquí, donde ni siquiera tenemos una ley de partidos políticos, sus dirigentes se autonombraron representantes del pueblo y fueron a discutir la elección de los magistrados justo ahí donde los constituyentes consideraron pertinente no hacerlo: en Casa Presidencial.
¿Para qué, entonces, queremos diputados? ¿Para que hagan lo que se decide en otros recintos? El proceso ha violado los preceptos de nuestra débil democracia, y aunque el resultado es fruto del equilibrio de las dos fuerzas políticas más importantes del país, y ha sido satisfactorio, el proceso es lamentable y puede, muy pronto, arrojar resultados igualmente lamentables por ir en contra de la consolidación institucional que el país requiere.
Ahora el legislativo enfrenta la ardua misión de nombrar a un fiscal general. Lo tendrá que hacer muy pronto, y en momentos en los que, tras el enorme debilitamiento de esa institución en la pasada gestión, el país urge de un fiscal honesto, independiente, diligente y capaz. Que tenga el poder, la valentía y la entereza de hacer honor a la justicia mediante la representación de los intereses del Estado: es decir, de todos nosotros.
Tendrá que restaurar una institución clave para la administración de justicia que ha sido pervertida por su utilización al servicio de intereses partidarios, y deberá hacerlo con la ley en la mano, sin temblar para enfrentar casos de corrupción, crimen organizado y delitos comunes que mantienen angustiada a una población fustigada por extorsiones, homicidios y, sobre todo, impunidad en todos los niveles.
Una figura de este nivel solo podría surgir de un acuerdo entre legisladores comprometidos con el avance de la nación, y de cara a la nación, no entre bastidores con los intereses partidarios, ideológicos y personales de dirigentes que no están llamados a hacer esta elección.
El viciado proceso de elección de magistrados a la Corte debe servir como precedente de lo que no debe hacerse. Ni el fiscal, ni el procurador general, ni el procurador de derechos humanos pueden ser elegidos de esta forma, en Casa Presidencial. A los diputados, al menos, les exigimos un poco de dignidad.
El llamado "viciado proceso de eleccion" es el estilo que nos caracteriza. Tenemos textos de leyes aparentemente demasiado complicados para nuestros politicos, nuestros politicos, osea todos, izquierdistas, dis-que izquierdistas, derechistas y macabros potenciales asesinos. Lo que han hecho no va a servir para nada. Es una simple evidencia de que nos queda grande el juego democratico. El sistema en el que vivimos no esta dimensionado para la democracia y es una desgracia constatar que ni los que llevan la obligacion moral de trabajar para mejorarla puedan ponerse a la altura de las exigencias. En otras palabras estamos mal y lo seguiremos estando con cualquier gobierno.
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