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2009/07/19

Un déficit para la institucionalidad

Escrito por Luis Laínez. Domingo 19 de Julio de 2009. Publicado por La Prensa Grafica.

La elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia ilustra de una forma muy impresionante la condición en la que se encuentran las instituciones en El Salvador: el Órgano Judicial fue electo por los secretarios generales de los partidos políticos, bajo el auspicio del presidente del Órgano Ejecutivo.

La Constitución de la República faculta exclusivamente a los diputados para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ellos fueron los últimos en conocer los detalles que se cocinaron en la Casa Presidencial. Por eso no es casualidad que el jefe de bancada del PCN, Roberto Angulo, dijera en la sesión plenaria, justo antes de la votación para llenar las vacantes en la Corte, que le asombraba ver los currículos de los candidatos a magistrados.

La frase también resulta ser muy ilustrativa. Revela, con toda crudeza, que los diputados no fueron más que la extensión de una negociación política ajena al Primer Órgano del Estado.

Y aunque el presidente de la República quiera mostrar la elección de magistrados como un logro en su gestión, lo cierto es que –reconociendo, en efecto, la valía de haber acelerado el nombramiento de estos funcionarios al servir como mediador– pone en entredicho la independencia de poderes, uno de los pilares de la democracia.

Los parlamentos, en muchas partes del mundo son mal vistos por la opinión pública. Se tiene la percepción de que son lugares donde se habla mucho, se discute por nimiedades y se estancan los proyectos. “Ahora es mejor. Hablamos y nos insultamos, pero antes nos matábamos”, me reconoció hace más de 10 años un ex comandante del ERP convertido en diputado del FMLN. Sus palabras siguen teniendo vigencia.

Que hablen mucho, que se peleen, que pierdan el tiempo... esos son costos de la democracia. Es mejor que haya una verdadera discusión y negociación, por larga que sea, entre las personas que, por voto directo, son los delegados de la voluntad popular que la decisión se tome a puertas cerradas.

La democracia es imperfecta, pero es el mejor sistema conocido hasta ahora. Quienes creen que las grandes decisiones nacionales deben ser tomadas por un pequeño comité se dejan tentar por la vieja idea de que sería mejor disolver la Asamblea Legislativa y, en su lugar, colocar a los secretarios generales de los partidos políticos para que decidan por todos.

El sistema de partidos tiene el gran defecto de que obliga a los ciudadanos a escoger a sus representantes de entre sus militantes, a ojos cerrados. No hay una verdadera delegación de la voluntad popular y tampoco un compromiso que pueda ser exigido desde la sociedad civil, pero de eso a pasar por encima de la Constitución y elegir magistrados fuera del primer Órgano del Estado hay una gran diferencia.

Realmente, no hay mucha diferencia con la forma con como, hasta hace dos meses, se hacían las cosas en el anterior gobierno. El cambio, en efecto, tardará en llegar. Pero es mejor empezar, cuanto antes, a dar señales sobre el respeto a la institucionalidad y no repetir el esquema de arreglar todo tras las “gruesas cortinas y blancas paredes” de Casa Presidencial.

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