La otra conclusión es que la reactivación económica difícilmente vendrá por la vía de la política fiscal y de la inversión pública, considerando sus estrechos márgenes actuales.
Escrito por Roberto Rubio-Fabián.Lunes 27 Julio.Tomado de La Prensa Grafica.
La semana antepasada, en el marco de la Semana del Diálogo Económico, la FUNDE presentó el estudio “En búsqueda de la sostenibilidad fiscal: el gasto y la deuda pública en El Salvador”. Se trata de un aporte al debate respecto al estado, perspectivas y fortalecimiento de nuestras finanzas públicas. Una interrogante ronda buena parte de sus análisis: bajo las actuales circunstancias ¿son sostenibles las finanzas públicas?
Ahora bien, ¿qué entendemos por sostenibilidad fiscal? La pregunta no es irrelevante puesto que hay distintas maneras de entenderlo. Y será difícil lograr acuerdos fiscales adecuados si no manejamos un concepto igual o aproximado de sostenibilidad fiscal.
El estudio de FUNDE, como otros, no limita la sostenibilidad fiscal a la solvencia, a la capacidad de pago de la deuda. En este caso podemos hablar de sostenibilidad de la deuda pero no de sostenibilidad fiscal. Retomando otros enfoques, la FUNDE considera que esta se refiere a la capacidad del Estado de responder no solo a los compromisos financieros sino también a compromisos sociales que contribuyan a mejorar el bienestar de la población.
Una familia podrá tener solvencia para pagar sus deudas a fin de mes, pero bien puede no tener para pagar el teléfono o la colegiatura de sus hijos, o mucho menos para reparar o invertir en mejorar su casa y mejorar la calidad de vida de la familia.
Sobre tal enfoque financiero y social de la sostenibilidad fiscal, el análisis de FUNDE de los escenarios fiscales 2009-2015 proporciona una posible y poco halagadora respuesta a la interrogante inicial. Refirámonos a los dos escenarios extremos: el pesimista/pasivo y el optimista/activo.
En el escenario pasivo, donde no hay mayor esfuerzo por incrementar la carga fiscal (apenas se hace un esfuerzo para pasar del 12.2% del PIB en 2009 al 13.4% en 2015), el hacer frente solo a los compromisos financieros (donde el gasto corriente pasa del 18.8% del PIB en 2009 al 24.8% en 2015), nos colocaría en una situación completamente insostenible: pasar de un déficit fiscal del 5.9% del PIB proyectado para 09 a un déficit de 11.6% en 2015, y elevar nuestro nivel de endeudamiento del 44.5% proyectado en 2009 al 81.6% en 2015. En este escenario del “no hacer casi nada”, es prácticamente imposible hacer frente a nuestros compromisos financieros, ya no se diga los sociales.
En el escenario optimista/activo, donde hay un gran esfuerzo para llevar la carga fiscal al 21.2% del PIB en 2015 (la meta del gobierno actual es 17% al 2014), y donde se quiere dar cumplimiento no solo a nuestros compromisos financieros sino también los compromisos sociales mínimos (contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas y que implica incrementar el gasto corriente al 27.7% en 2015), la situación tampoco es halagadora: todavía mantendríamos un alto déficit fiscal del 7.2% y alcanzaríamos un nivel de deuda del 68.1% del PIB.
Advirtamos que esos escenarios están basados en supuestos, y si estos cambian también cambian los escenarios. Pero a pesar de la fragilidad que posee toda representación de la realidad basada en supuestos, nos atrevemos a afirmar que la situación actual de las finanzas públicas es realmente delicada y nos coloca en la senda de la insostenibilidad. Es más, aún bajo el supuesto, difícil de lograr, de llevar a cabo un esfuerzo fiscal que eleve la carga al 21% del PIB en 6 años, el déficit fiscal y nivel de deuda requerido nos colocan todavía en posición frágil y de riesgo.
De lo anterior podemos extraer dos conclusiones diferentes. Por un lado, creer que la solución al problema viene por la vía de hacer más presión por aumentar la carga fiscal, y pretender descansar la reactivación económica en la política fiscal. Esto, aunque teóricamente es válido (en la medida que poseemos una de las cargas fiscales más bajas del continente), en términos prácticos y de factibilidad tiene sus fuertes límites. Ya elevar la carga fiscal al internacionalmente recomendado 20% será difícil en las actuales circunstancias. La otra conclusión es que la reactivación económica difícilmente vendrá por la vía de la política fiscal y de la inversión pública, considerando sus estrechos márgenes actuales, y que por tanto la vía más factible es por medio de la dinamización de la inversión privada. Esta es la vía que ahora parece más factible. Esta es la vía que necesita de estímulos e incentivos no fiscales. Esta es la vía que requiere de urgentes entendimientos y acuerdos entre el gobierno y el sector privado.
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