Escrito por Leonel Herrera. Viernes 17 de Julio de 2009. Publicado por Diario Co Latino.
Quienes protestaron contra la represa El Chaparral, esta semana frente a Casa Presidencial, tienen un importante aliado al interior del mismo gobierno: el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Ing. Tomás Campos Villafuerte, quien recomienda “suspender de inmediato” el proyecto para someterlo a una “revisión integral”.
ContraPunto y Co Latino accedieron al documento “Análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral”, donde el nuevo titular de la SIGET señala anomalías en el otorgamiento de la concesión, falta de transparencia en la licitación y contratación de la empresa ASTALDI SpA, deficiencias en el Estudio de Factibilidad y déficits en el Estudio de Impacto Ambiental. En el informe, Campos Villafuerte plantea que si fueran superadas las deficiencias, “el proyecto podría ser reanudado en un diseño técnico diferente, con área de embalse y potencia nominal menores que los actuales”. También pide “no atar esta decisión” a consecuencias financieras de una eventual negociación con la empresa que contrató la CEL.
Incluso –al detallar irregularidades de la CEL– el documento respalda los argumentos de quienes piden la cabeza de su titular Nicolás Salume: La CEL ha operado cuatro represas en el Lago de Güija y el Río Lempa, violentando el artículo 105 de la Ley General de Electricidad que considera infracción muy grave “explotar recursos hidráulicos para la generación de energía sin tener concesión”.
Y nada suena mejor en oídos de los afectados y los ecologistas que rechazan el proyecto: La nueva autoridad de la SIGET, para cumplir cabalmente sus funciones, decide revisar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la concesión a la CEL, entre otras razones, “porque esta construcción tiene lugar en medio de fuertes protestas sociales”.
El estudio destaca tres componentes: el análisis del proceso de otorgamiento de la concesión, un examen del Estudio de Factibilidad del Proyecto y la revisión del Estudio de Impacto Ambiental. Y en las conclusiones y recomendaciones reitera la necesidad de “revisar técnicamente el diseño y las expectativas de operación de la represa, dentro del nuevo Plan de Desarrollo Energético de El Salvador”.
Concesión ilegal
La principal anomalía al otorgar la concesión es que la CEL no presentó toda la información que debía como solicitante. Y que lo hizo “anunciándose como gestora de un proceso que sólo la SIGET puede autorizar” luego de aprobar documentos del solicitante, invitar a posibles ejecutores del proyecto, publicar datos de la obra y escoger al concesionario.
Otra irregularidad es la dudosa selección de la compañía ASTALDI SpA: No se detallan las 12 empresas que supuestamente concursaron, ni por qué se declaró desierta la licitación. Ésta se retomó después con parte del mismo grupo, pero no existen cuadros comparativos que demuestren cómo ganó la referida empresa italiana, cuyo contrato no desglosa obras civiles, equipamientos, mitigación, etc.
La “excesiva velocidad” con que fueron aprobados documentos y procedimientos esenciales para la transparencia y correcto otorgamiento de la concesión donde sólo la CEL participó, es también una anomalía. La CEL –incluso– a finales de 2006 publicó una advertencia que puso fuera de participación a cualquier otro interesado en el proyecto.
Vacíos de factibilidad
La falta de un “verdadero estudio de mercado” –que presente los potenciales compradores de la energía que será generada por el proyecto– es una deficiencia que destaca el informe, pues debe establecerse si será para consumo interno o para venderla a países vecinos. Esto último, según la SIGET, es “inaceptable” en el nuevo enfoque de la política energética nacional.
El Estudio de Factibilidad tampoco analiza las alternativas de diseño del proyecto. Hay una gráfica general que relaciona embalse con elevación y volumen de agua, pero no mide impactos sociales y ambientales. “Al menos se hubiese evaluado los desplazamientos humanos en cada alternativa de área de embalse y potencia nominal”, considera la SIGET.
El informe también señala la falta de datos técnicos, ambientales y financieros que detallen el modo de operación del proyecto. “Falta la tabla completa del análisis financiero, donde se agrupan finalmente los ingresos por ventas de energía, los gastos que comienzan con la operación… Como esto no está presentado, no se sabe bajo qué premisas o condiciones el proyecto ha sido considerado rentable”.
Riesgos enormes
Al nuevo titular de la SIGET le sorprende la aprobación rápida y la superficialidad del permiso ambiental concedido a la CEL: “No encontramos una evaluación de impacto ambiental satisfactoria, ni la cuantificación de indicadores de sostenibilidad del proyecto y tampoco se muestra la capacidad de la CEL para enfrentar inundaciones o desbordamientos”.
Además de proponer la suspensión de la represa El Chaparral, el Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones exhorta a la CEL cumplir con la Ley General de Electricidad y su reglamento, para que actúe correctamente como concesionaria en todos los proyectos hidroeléctricos que opera. “La CEL debe someter a evaluación su capacidad legal, técnica y financiera”, plantea el documento de la SIGET.
Nacionales
Nada nuevo...noes raro que todos estos procesos de licitacion, comrpa de tierras a los afectados son amañados. Es esa la manera de jugar a la legalidad que nos enseñan los que tienen mas. Y el frente parece no ver la necesidad de cambiar en ese sentido. Lastima...pero no hayq eu olvidar que al fin y al cabo el frente es salvadoreño y nos guste o no cortado con la tijera chueca. Descepciona, pues no basta con señalar los problemas...
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