Una pistola robada a un agente antinarcóticos y otra olvidada en un taxi por un policía asignado a cuidar una embajada terminaron en manos de pandilleros y fueron usadas para atemorizar a pasajeros de un microbús incendiado. Diecisiete personas murieron calcinadas.
Escrito por Tania Membreño/Flor Lazo.01 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Tenemos casos en los cuales las armas (PNC) han sido hurtadas o robadas, probablemente algunas tengan como finalidad ser vendidas ilegalmente y pudieran llegar a manos de los delincuentes o pandilleros.”
Mauricio Ramírez Landaverde,subdirector general PNC
Se continúa indagando cómo fue que estas armas policiales, que ya habían sido reportadas como extraviadas, llegaron a manos de la delincuencia.”
Augusto Cotto,subdirector de Investigaciones
Dos de las seis armas decomisadas horas después de ocurrida la masacre del 20 junio de 2010 al interior de un microbús en Mejicanos, a parientes de pandilleros acusados de ejecutar el crimen, eran propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC), informó el subdirector de Investigaciones de la corporación, comisionado Howard Cotto.
De acuerdo con el oficial, se trata de una pistola 9 milímetros y una CZ. La primer arma había sido asignada a un agente destacado en la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC y fue reportada como robada en marzo de 2007, luego que el policía fue víctima de un asalto en el centro de San Salvador, donde los delincuentes se llevaron consigo el arma de equipo.
La pistola CZ fue reportada como extraviada en un taxi en septiembre de 2009, cuando el agente de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI), destacado en el resguardo físico de una embajada, la olvidó en el interior del vehículo de alquiler donde se transportaba, según detalla el reporte policial.
La confirmación del uso de las armas propiedad de la Policía por parte de los delincuentes se da tras la publicación del periódico digital El Faro, que tuvo acceso a un informe de la División Técnico Científica de la Policía, el cual fue elaborado tres días después de cometida la masacre. Es decir, la Policía sabía desde el 23 de junio del año anterior que dos pistolas eran propiedad de la corporación.
La masacre en la que murieron 17 personas, a las que primero se les disparó para intimidarlas y luego se les roció gasolina, fue cometida a la entrada de la colonia Jardín. Ahí fue calcinado el microbús de la ruta 47 que se desplazaba desde del centro de San Salvador a la colonia Montreal en Mejicanos.
Estaban escondidas
Ocho horas después del homicidio colectivo, la PNC encontró dos pistolas, una calibre 9 milímetros y una CZ, escondidas en la casa número 18, pasaje D, de la colonia Jardín. Ahí fueron detenidas cuatro personas, todas miembros de una misma familia: Nicolás Rosales Quintanilla, de 44 años; Sonia Mendoza de Rosales, de 39; y Ana Rosales Mendoza, de 22; así como un adolescente de 15 años, que no fue identificado porque la Ley Penal Juvenil lo prohíbe.
Los tres adultos de la familia Rosales Mendoza fueron condenados a 12 años y medio de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
Mientras, el menor fue condenado a cinco años en prisión, pena máxima para su edad. Según la resolución, fue quien roció de combustible a los pasajeros al momento de ser interceptado.
De la prueba balística que reveló la procedencia de las armas, Cotto informó precisamente a los tres días de ocurrida la masacre que los 21 casquillos y proyectiles deformados hallados por la PNC, en la estructura del microbús MB 1989 y sobre el asfalto de la entrada de la colonia Jardín, provenía de al menos tres de las armas decomisadas en los allanamientos hechos en dos viviendas de la mencionada colonia. De los casquillos hallados en la escena del crimen 18 pertenecían a un arma 9 milímetros, la robada al agente de la DAN.
En la segunda casa de la colonia Jardín, la Policía encontró una escopeta calibre 12, un fusil calibre M-16 y un revólver 38.
Esta no es la primera vez que armas propiedad de la Policía son decomisadas a miembros de pandillas luego de cometer un ilícito. En abril de 2008, la Policía decomisó a dos presuntos pandilleros una subametralladora propiedad de la PNC y asignada al comisionado Ángel Barquero Silva en una vivienda ubicada en la colonia Tikal norte del municipio de Apopa.
Barquero Silva argumentó que en efecto esa arma marca Famae, modelo Saf 9 milímetros, se le había asignado recién creada la Policía, pero hacía una década la había devuelto. Tras eso, la PNC ha guardado silencio sobre el responsable de la salida del arma.
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