En abril de 2004, Juan se despertó en medio de un operativo policial. Los agentes buscaban a un presunto homicida, pero se equivocaron de apartamento. El disparo de una escopeta policial le lesionó el hombro y la mano derecha; los daños continúan sin ser reparados.
Escrito por Tania Membreño.06 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.
Está cansado de tocar puertas, dice, de enviar cartas, de pedir justicia. Han pasado siete años de ocurrido ese episodio que marcó su vida para siempre, no puede olvidarlo, aunque lo intente, asegura. Las lesiones en la mano y el hombro derecho no se lo permiten, porque le duele.
Es Juan Francisco. Un joven de 24 años de edad que prefiere mantenerse en el anonimato, porque teme represalias de las autoridades policiales, aunque su caso fue publicado en varios medios de comunicación impresos años atrás. Es mecánico automotriz. Dentro de su cuerpo aún se encuentran los balines. La extremidad superior derecha está deformada. Eso le impiden llevar una vida normal. Los perdigones que tiene incrustados son de un arma policial disparada al interior de su casa en el barrio Lourdes, al sur de San Salvador.
Los proyectiles salieron de una escopeta disparada por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo realizado como parte del plan Mano Dura, impulsado por la dirección policial de aquel momento.
Era el 16 de abril de 2004 en la madrugada, Juan Francisco tenía 17 años y recuerda que dormía en un colchón en la reducida sala del apartamento 9 del edificio B, en la segunda planta del condominio El Molino. Ahí vivía junto a sus padres. El sueño iniciado cuatro horas antes fue irrumpido intempestivamente a las 2 de la mañana. Era un operativo policial.
Los agentes buscaban capturar a miembros de pandillas residentes en la zona. Los policías tenían las direcciones de las viviendas con órdenes de allanar por parte del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador. En esos apartamentos se sospechaba estaban los presuntos delincuentes. Dos agentes y un cabo tenían órdenes de ingresar el apartamento número 10. Las puertas del condominio no estaban numeradas. Adentro de ese apartamento estaba un supuesto pandillero acusado de varios homicidios.
Los tres policías subieron a la segunda planta del edificio B, uno abrió la puerta del apartamento 9, de un golpe. Los otros esperaban con sus armas de equipo atrás de él. “Un grito que dijo ‘policía’ me despertó, yo levanté las manos, y fue cuando sentí el calor y la luz del disparo, me cayó aquí, en la mano y el hombro, yo no entendía qué pasaba”, cuenta Juan Francisco.
Un operativo en la puerta equivocada
Tras el disparo, un policía intentó colocar las esposas en sus brazos hacia atrás, ahí, se percató de que el joven estaba lesionado de bala. “El policía comenzó a sudar helado, y a temblar, él decía que yo era pandillero, y que me había resistido a la captura, pero yo estaba dormido”, cuenta el joven que en ese momento tenía 17 años. El menor fue trasladado a un centro hospitalario, donde fue atendido de emergencia.
La Policía se había equivocado de puerta, había derribado la del apartamento 9, y había disparado a un menor, contra quien no había orden de captura. Esa no era la primera vez, en reiteradas ocasiones familias han denunciado el derribo de sus puertas por error, durante operativos policiales, las cuales no han sido reparadas por la corporación.
El debate inició y llegó el proceso penal. El delito fue tipificado como lesiones muy graves. Tras la audiencia inicial y la preliminar, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, el 16 de febrero de 2005, condenó a tres años de prisión al cabo Carmen Mejía Salinas. Durante esa audiencia, el referido tribunal sustituyó la pena de prisión de tres años impuesta al cabo policial por trabajos de utilidad pública por igual tiempo y quedó inhabilitado de laborar al interior de la PNC o de otra institución.
Ese tribunal se excusó de pronunciarse para determinar una cantidad económica para sufragar los gastos económicos de la víctima. “En vista de no haber parámetro alguno para fijar el pago de la misma, se abstendrá el suscrito juez de pronunciarse al respecto, en la parte relativa al fallo y dejará expedito el derecho para que puedan estas reclamarse por la vía correspondiente”, se lee en la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Juan Francisco dice que nadie les dijo a dónde acudir para iniciar el proceso civil que le otorgara el derecho de cubrir los gastos médicos para su recuperación.
Desde entonces Juan Francisco sigue esperando: “Yo no puedo hacer movimientos bruscos o levantar cosas pesadas porque me duele, mi brazo está muy deteriorado, no tiene fuerza porque la lesión continúa adentro, me obstruye mucho el desarrollo de mi trabajo”.
Según el diagnóstico médico realizado al joven, este podría invertir alrededor de $6,000 en cirugía plástica de mano y hombro, injerto de huesos y terapias físicas para recuperar la movilidad perdida hace siete años.
La familia de Juan Francisco decidió cambiarse de casa a otro municipio. La Policía lo detuvo en una ocasión acusándolo de agrupaciones ilícitas, los parientes temían que fuese una persecución policial por sus denuncias contra el miembro de la corporación. A pesar de la búsqueda al interior de la PNC del cabo Mejía Salinas, fue imposible contactarlo y conocer su versión de los hechos.
Juan Francisco en los últimos años ha tocado muchas puertas, ha enviado cartas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; al director de la Policía, Carlos Ascencio; al ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar; sin una respuesta positiva a su solicitud para reparar los daños causados en su cuerpo; tampoco accedieron a hablar del tema.
Entre los destinatarios de las cartas enviadas por Juan Francisco y su padre también estaba la primera dama de la República, Vanda Pignato, que posteriormente respondió a la misiva excusándose de conocer el caso al asegurar que ese tipo de procesos corresponden a otras instituciones dedicadas a investigar, procesar y judicializar. Pignato remitió el caso a la PDDH y a la inspectoría.
La inspectora general de la corporación, Zaira Navas, confirmó que el caso fue conocido por un tribunal disciplinario años atrás, aunque no determinó el resultado de ese proceso administrativo realizado. Según la funcionaria, la ley establece que una persona no puede ser procesada dos veces por el mismo hecho, además por el tiempo transcurrido el caso ha prescrito. Mientras que las lesiones continúan en el cuerpo de Juan Francisco.
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