El caso de la construcción del Bulevar Diego de Holguín fue, desde el comienzo, un muestrario de lo que no se debe hacer y de lo que no se debe permitir en el ámbito de las obras públicas de infraestructura.
Escrito por Editorial.09 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica.
Con frecuencia cada vez mayor surge en el ambiente el tema del fortalecimiento institucional, como una de las exigencias naturales de la modernización democrática en la que vamos avanzando, aunque a diario se vean expresiones de lo contrario. Lo cierto es que dicho fortalecimiento es un requisito básico para consolidar la estabilidad y asegurar una sana dinámica de desarrollo. Sin instituciones fuertes, confiables, insobornables, eficientes y dedicadas por entero a cumplir sus atribuciones y a honrar sus responsabilidades no es posible darle vida plena al proceso nacional; y por eso la vigilancia institucional, tanto desde adentro del aparato estatal como desde afuera en el ámbito ciudadano, es factor clave para vitalizar la democracia y garantizar los derechos individuales y sociales.
El caso de la construcción del Bulevar Diego de Holguín fue, desde el comienzo, un muestrario de lo que no se debe hacer y de lo que no se debe permitir en el ámbito de las obras públicas de infraestructura. Ahora resulta que hubo todo un lío en lo referente a los derechos de vía, y la empresa inicialmente encargada amenaza con una demanda de arbitraje internacional. Todo esto viene siendo completamente confuso y sospechoso, e indica que hay que poner bastante más claridad institucional cuando se trata de las contrataciones y adquisiciones públicas. Y ahora mismo, cuando crece la presión gubernamental para hacer reformas a la LACAP, a fin de “agilizar” dichas contrataciones y adquisiciones, hay que poner mucho y efectivo cuidado para no abrirles más portillos a la arbitrariedad y a la corrupción. Habría que propiciar una sana desburocratización con los adecuados seguros para que ello implique favorecer la transparencia.
La seriedad institucional se ve cuestionada constantemente por los hechos. Ejemplos sobran. Uno de los argumentos más socorridos para evadir el cumplimiento de las responsabilidades legales y administraativas consiste en alegar que “no estamos preparados”. Esto lo hemos visto, para el caso, con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. El Ejecutivo quiere que entre en vigencia un año después de su publicación en el diario Oficial; los partidos políticos mayoritarios se pronuncian por que se mantenga el período de 30 días para que entre en vigencia. No hay razón sustentada para esperar un año.
En el ámbito legislativo, el “affaire” de las plazas que se reparten entre las representaciones parlamentarias evidencia un manejo evidentemente abusivo de las facultades administrativas en un Órgano que está llamado a dar el primer ejemplo de seriedad institucional. La importancia mayor de que cosas como esta se destapen estriba en poner énfasis en la necesidad de prevenir y cortar de raíz dicho tipo de conductas. Al ser un cuerpo colegiado, no cabe duda de que hay responsabilidades compartidas; y ello pone en evidencia que tendría que haber bastante más compromiso institucional para erradicar las complicidades interesadas.
Aunque la lista podría continuar, lo que nos interesa es subrayar el imperativo de hacer esfuerzos consistentes, en los diversos ámbitos de la gestión pública, para que la seriedad institucional sea una norma básica reconocida, asumida y atendida por todos, independiente de los grados de poder que eventualmente se manejen. Cualquier forma de impunidad es un atentado contra la salud democrática.
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