Desde luego, los conductores gubernamentales deben dar el ejemplo, comenzando por las cúpulas de los tres órganos fundamentales del Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Escrito por Editorial.07 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.
Ni siquiera sería necesario repetirlo, porque los datos cotidianos que va arrojando el fenómeno real lo vuelven una exigencia inapelable e inaplazable: sin un compromiso tanto público como privado con la austeridad, vamos camino de situaciones aún más complicadas y peligrosas que las que ahora enfrentamos. Y la austeridad implica, en primer término, hacer ejercicios de racionalización de las realidades y los hechos que en ellas se producen. Una racionalización que, especialmente en el plano de lo público, signifique establecer un orden de prioridades, generar mecanismos de efectividad de lo que se decide y se pone en práctica, y darle continuidad a los esfuerzos más allá de los estrechos marcos de los tiempos políticos inmediatos.
Las finanzas públicas están en fase crítica, y esto se ve sin necesidad de mayor análisis. Las autoridades gubernamentales andan en busca de fondos a como dé lugar, para financiar los proyectos del Gobierno, en especial los más emblemáticos de esta gestión. Pero aquí se cruzan las incongruencias en el tratamiento estratégico de ciertos temas. Por ejemplo, se concede un aumento de salarios en el sector público que deja gente fuera, aunque sea con razones administrativas atendibles. ¿Cómo no imaginar que vendrá una cadena de reclamos? Cuando estos se dan, se reitera que no hay fondos disponibles; pero luego, al violentarse la protesta, se pasa a negociar lo que se dijo que no era posible. Y lo mismo en el caso del transporte. ¿Dónde está la habilidad en el manejo preventivo de situaciones previsiblemente conflictivas?
Estamos en un momento cargado de contradicciones: por una parte, crece la demanda social por mejorías, que desde luego tienen costos económicos; y por otra parte, los recursos escasean cada vez más y las tentaciones de más endeudamiento se multiplican, con los riesgos que eso acarrea. A esto se aúna que no hay un claro orden de prioridades en lo que se refiere a sacar al país del marasmo en el que desde hace tiempos se encuentra. Algo nos está ocurriendo, como sociedad y como institucionalidad, cuando nos va peor que a otros si hay crisis y no nos va igual o mejor que a otros si hay normalidad. Detectar, corregir y prevenir esos frenos estructurales debería ser tarea asumida de manera responsable, sincera y eficiente por todos.
Pero en todo caso la austeridad no es de ninguna manera opcional: constituye una necesidad de buen funcionamiento y aun de supervivencia. Repetimos aquí una frase sencilla pero certera de Abraham Lincoln: “Nadie puede estar a salvo si gasta más de lo que gana”. Y esto es aplicable a las personas, a las familias, a las organizaciones, a los gobiernos y a las sociedades. Es, simplemente, una verdad de la experiencia acumulada a lo largo de los siglos.
Esperamos de los liderazgos y de las autoridades un reconocimiento explícito de que tenemos que ordenarnos bajo un criterio de sana y razonable austeridad, como base para ya no seguir enredándonos en las marañas de la improvisación y del desconcierto. Desde luego, los conductores gubernamentales deben dar el ejemplo, comenzando por las cúpulas de los tres órganos fundamentales del Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y, desafortunadamente, en todos esos ámbitos lo que parece predominar es el ejercicio contrario, con las consecuencias que estamos viendo y sintiendo a diario. Baste señalar, como botón de muestra penosa, lo que pasa en la Asamblea con las “plazas nuevas”.
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