A El Salvador no le será fácil progresar si se sigue permitiendo que los empleados del sector público abusen de sus derechos de una manera irracional, irrespetando los que le corresponden al resto de la población.
Escrito por Ricardo Antonio Ibarra Manzanares.05 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.
Sobre ese respecto, recordemos las deplorables experiencias que han venido soportando los diversos sectores productivos al negársele a la mayoría poblacional servicios vitales como salud, transporte y educación.
Pero los limites de tolerancia los rebasó el reciente paro que realizaron sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia en donde los participantes injustamente estaban pidiendo más aumentos en sus salarios, sin tomar en cuenta que los empleados de esa institución reciben mejores sueldos y prestaciones sociales, lo cual hasta cierto punto es injusto, porque el mismo derecho tienen todos los empleados públicos de las otras instituciones, que sus servicios reciben retribuciones que no corresponden a los incrementos que sufren los precios de la canasta básica.
Ante tal situación se escuchan muchas quejas de ciudadanos que se preguntan por qué una institución como la Corte Suprema de Justicia se da ese lujo de dar tantas prestaciones a sus empleados y hasta de retirarse con jugosas indemnizaciones, porque es bien evidente que el presupuesto que ellos reciben proviene del Fondo General de la Nación que se constituye con los impuestos que pagan todos.
La ley debe ser equitativa y no permitir ese tipo de situaciones que generan injusticia. Pero veamos por ejemplo el trabajo de un empleado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene que ver con proveer de alimentos a toda la población, así como el del empleado del Ministerio de Salud que también tiene una gran responsabilidad que es el de procurar la buena salud de los habitantes, y así podría ir mencionando a otros ministerios que por cuestión de espacio omito pero que también tienen que ver con el desarrollo de nuestro país.
Es importante señalar que todos los empleados merecen respeto, pero siguiendo con el caso de la Corte Suprema de Justicia, no es justo que empleados de otras instituciones con grados académicos tengan menor asignación salarial, comparado con los suelos reflejados que percibe un ordenanza o un motorista, porque por otra parte podemos ver el salario que tienen un médico, ingeniero, administrador de empresas y profesores que están muy por debajo de lo que percibe un empleado de la institución mencionada.
Se debería adoptar una verdadera política salarial que incluya una revisión y reforma de las leyes relacionadas con esta materia, para evitar que se siga dando este tipo de situaciones, porque es peligroso que caigamos en un estado de desorden en donde todos los empleados para poder obtener mejores prestaciones o mejoras salariales tengan que lanzarse a las calles y paralizar el aparato productivo del país, lo cual se puede convertir en una modalidad de conseguir lo que se persigue, sin importar el derecho que tiene la mayoría.
Si las personas que trabajan en esa institución que da grandes beneficios a sus empleados y si no están de acuerdo con los salarios y las prestaciones lo mas correcto y ético es que renuncien y den la oportunidad a otros salvadoreños deseosos de servir en la administración pública de nuestro país.
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