Sindicatos señalan que proceso de selección está viciado porque plazas ya fueron repartidas. CSJ recibió 1,712 solicitudes y asegura que seguirá proceso transparente para seleccionar personal.
Escrito por Jessica Ávalos.09 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“Deberían decirle a esa gente que no se asolee por gusto. Esas plazas ya tienen nombre y apellido. Aquí el que no tiene cuello, es por gusto, no entra.”
Félix Blanco, secretario general de SINEJUS
judicial
Un total de 1,712 personas abarrotó el edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre ayer y el lunes, para entregar su currículum vitae a la dirección de recursos humanos y convertirse así en candidatos para las 56 plazas que el Órgano Judicial ha sometido a concurso.
La Corte abrió este lunes la convocatoria pública para contratar a ordenanzas y colaboradores jurídicos para los tribunales de lo Civil, lo Mercantil, Familia y Laboral, así como para el centro judicial integrado de Soyapango.
Ese concurso ha generado la reacción inmediata de los sindicatos, que llevan un mes de estar pujando por un incremento salarial, quienes señalan que el concurso público para las 56 plazas solo es un montaje para cumplir con el trámite, pero que, en realidad, esas plazas ya fueron repartidas tras bambalinas.
“Deberían decirle a toda esa gente que no se siga sacrificando ahí. Esas plazas ya tienen nombre y apellido. Están llamando a licitación, pero aquí el que no tiene cuello, es por gusto, no entra”, manifestó el secretario del Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), Félix Blanco, el mismo dirigente que hace algunas semanas apareció en la lista de dirigentes que tienen a tres familiares trabajando en el Órgano Judicial.
Tras los señalamientos, la CSJ emitió ayer mismo un comunicado en el que asegura que están desarrollando un proceso “transparente” para la selección de ese personal. “El proceso pasa por diversas fases que garantizan su objetividad... Los candidatos que no lleguen al final del proceso entrarán a un banco de datos de aspirantes calificados que formarán parte de próximos procesos de selección de personal sin necesidad de pasar nuevamente por todas las etapas mencionadas”, reza el pronunciamiento.
Las plazas en concurso, según el comunicado, servirán para suplir la necesidad de personal que ha generado la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA), el nuevo Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil.
Los sindicatos, además de señalar que el proceso está viciado, creen que el anuncio de las nuevas contrataciones también es parte de una “guerra psicológica” contra quienes exigen alza salarial.
“Así ha funcionado aquí siempre y hasta hoy. Hacen las licitaciones nomás por llenar un requisito. Esas grandes colas de gente buscan bajarle la moral a los empleados”, agregó Blanco.
La Corte difundió la convocatoria para estas nuevas plazas a través de la unidad técnica central, que divulgó los requerimientos en edificios judiciales y publicó en algunos medios de comunicación. La respuesta que obtuvo fue: 955 currículos para plazas de colaboradores y 757 para ordenanzas.
Los sindicalistas no son los únicos que cuestionan. Hay abogados particulares que tampoco creen en el mecanismo. Nicolás Pérez, abogado particular y ex empleado de la CSJ, señaló que el proceso es una “burla” para los más de 1,000 aspirantes, porque esas 56 plazas ya están repartidas y apalabradas entre jueces y magistrados.
“Los jueces se jactan de que seleccionan al personal que ellos quieren. Lo que se ha venido dando es que entre los jueces intercambian plazas. Esto no es desde ahora. Por eso yo le hago un llamado a los magistrados para que ordenen esto”, opinó Pérez.
Mientras tanto, según la dirección de comunicaciones de la Corte, “este proceso forma parte de la política de máxima transparencia promovida por la Corte Suprema de Justicia”.
Los antecedentes
Las plazas en concurso forman parte de 316 nuevos cupos consignados en el presupuesto general del Órgano Judicial de este año.
Hace menos de un mes surgió el señalamiento de que tanto sindicalistas como magistrados usan el máximo tribunal para emplear a sus familiares. La Corte, sin embargo, no se ha pronunciado sobre ese tema.
Cuando se consultó al presidente de la Corte, Belarmino Jaime, si esto era “normal”, dijo que desconocía si 11 de los 15 magistrados lo hacían, porque solo podía dar cuenta por cuatro magistrados de su sala.
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