Contra Punto-¿Dónde está el Fiscal? - Noticias de El Salvador - ContraPunto - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Benjamín Cuéllar Martínez.21 de Febrero. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR - En nuestro país, el Fiscal General de la República es pieza fundamental para el cambio; para el verdadero, profundo y radical; para ese por el cual entregaron su vida personas de gran valía; para el que fue tan esperado, primero después del fin de la guerra y luego tras las elecciones presidenciales del 2009. Sus atribuciones son esenciales para concretar en serio el tránsito hacia la pacificación anunciada hace casi dos décadas, pero todavía ansiada por las mayorías populares que a diario sufren los embates de la inseguridad y la violencia. En las primeras cuatro facultades que le otorga la Constitución, está la clave para ello: defender los intereses estatales y sociales, defender la legalidad, dirigir la investigación del delito y promover la acción penal.

Pero de 1999 –cuando recién se estrenaba una nueva legislación penal y procesal penal– a la fecha, quienes han ocupado el cargo no merecen el aplauso de la población. De sus gestiones sólo destacan la lenta y deficiente investigación de los hechos criminales, el abuso de la prueba testimonial en los procesos judiciales –sobre todo, mediante el “criterio de oportunidad” para delincuentes– y la poca o nula utilización de la prueba científica. El resultado está a la vista y su evidencia más dramática se encuentra en los altos índices de homicidios intencionales, que mantienen a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo

Belisario Amadeo Artiga Artiga estuvo al mando de la Fiscalía General de la República desde noviembre de 1999 hasta noviembre del 2005. El promedio anual de homicidios durante esos años giró alrededor de los 3,579. Cabe recordar que al ser reelecto en junio del 2002, además de comentar que visitaría Portugal para agradecerle a la Virgen de Fátima su continuidad en el puesto, afirmó que dicha ratificación en el puesto era importante para su vida y para la institución pues podría “continuar garantizando el Estado de Derecho”.

Su sustituto, Félix Garrid Safie Parada, recibió el aval de la Asamblea Legislativa en abril del 2006. Mientras tanto, durante cinco meses y en contra de lo establecido por la Constitución para elegir Fiscal General, ocupó el cargo Romeo Benjamín Barahona Meléndez; éste fue el Adjunto de Artiga Artiga durante un buen tiempo y lo siguió siendo también en la siguiente administración hasta enero del 2009. Safie Parada, en sus primeras declaraciones oficiales, le planteó a la sociedad que aseguraría “el cumplimiento de las leyes de la República” y garantizaría “que se logre el gran reto por el que fue creada la institución”. Pero pese a lo “alentador” de sus promesas, el cambio esperado no llegó. La tasa anual de homicidios dolosos entre el 2006 y el 2008 no varió mucho: fue de 3,534.

Tras la salida de Safie Parada en abril del 2009, el nombramiento de su reemplazo también tardó cinco meses. De nuevo, las negociaciones partidistas en la Asamblea Legislativa entramparon el proceso y –violando otra vez la Constitución– colocaron “para mientras” a Astor Escalante Saravia en la oficina desde donde, en teoría, se defiende la legalidad. Escalante Saravia había asumido el puesto de Fiscal Adjunto a principios de ese año.

De septiembre del 2009 a la fecha, regresó a la titularidad de la Fiscalía –esta vez cuidando las “formas”– Barahona Meléndez y aún le quedan diecisiete meses para hacer realidad lo que prometió en su primera conferencia de prensa: “Yo, en lo personal, voy a poner todos mis conocimientos, toda mi experiencia y todo mi esfuerzo humano, acompañado de todos los fiscales que componen el, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República para que ese esfuerzo en las investigaciones del delito sean cada vez más fortalecidos y establecer buenas coordinaciones con las demás instituciones del sector justicia”.

Habrá que ver si en lo que le queda de su gestión se comienzan a revertir de verdad, más allá de los anuncios oficiales de uno o dos homicidios menos, las cifras sangrientas que abaten a la población. Porque las muertes violentas e intencionales ocurridas en el 2009, cuando Barahona Meléndez fue Fiscal General durante el último trimestre, sumaron 4,375; en el 2010 alcanzaron las 4,005. El promedio anual fue, entonces, de 4,185 víctimas.

Recién electo el actual Fiscal General, el diputado Douglas Avilés del partido Cambio Democrático (CD) afirmó que no era “del agrado de todos, pero se necesitaba recobrar la institucionalidad". Tres años atrás, Sigfrido Reyes –hoy preside la Asamblea Legislativa– y su colega Roberto Lorenzana se opusieron rotundamente a la investidura de Barahona Meléndez; para sustentar su postura en contra, formularon serias acusaciones que ponían en entredicho la idoneidad del entonces candidato para ocupar el cargo. Sin embargo, con el tiempo terminaron aceptándolo sin que se conozca a la fecha cómo superaron sus recelos de antes. Medardo González, también diputado y coordinador general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al que pertenecen Reyes y Lorenzana, tras la elección se limitó a decir que lainstitucionalidad del país había “salido fortalecida. No calificamos a alguien que represente nuestra idea, sino que se tomó como base su criterio y madurez”.

Negociaciones oscuras y acomodos parlamentarios atrás, los cuestionamientos a la Barahona Meléndez los refrescó el 31 de agosto del año pasado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al establecer “la afectación del derecho al trabajo, por actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral, en perjuicio del licenciado Diego Balmore Escobar Portillo, por parte del Fiscal General de la República”. Dicha resolución incluyó recomendaciones que aún no han sido cumplidas por el “garante de la legalidad”, quien tampoco ha rendido el informe que le pidió la Procuraduría al respecto en un plazo de cinco días hábiles.

La PDDH, conocida en otros países como la “defensoría del pueblo”, es parte de la administración pública y constituye una especie de conciencia moral dentro de la misma. Pero, además, su funcionamiento tiene un respaldo constitucional y legal para formular recomendaciones en público o en privado que obligan a la colaboración prioritaria e inmediata para su cumplimiento, por parte de las autoridades y por cualquier otra persona a quienes las dirija. De no acatarse en un tiempo prudencial, el titular de la PDDH puede censurar públicamente a quien corresponda. Obstaculizar su trabajo no enviando informes y negando expedientes, documentos e investigaciones necesarias, o impidiendo el ingreso a determinados sitios, conlleva responsabilidades penales o administrativas.

Casi dos meses después de la resolución emitida por la PDDH, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) −en el marco de un proceso de Amparo iniciado por Escobar Portillo− le ordenó a Barahona Meléndez pagarle al demandante los salarios que le había retenido hasta entonces. Y esta es hora que no ha acatado la decisión del máximo tribunal, mientras el monto de lo adeudado continúa incrementándose. El proceso de Amparo es el recurso que puede utilizar cualquier persona que se considere víctima de una violación de sus derechos constitucionales −a excepción del derecho a la libertad− o que sienta algún tipo de amenaza en ese ámbito por parte de un funcionario público, autoridad u Órgano estatal.

Tanto la PDDH como la Sala de lo Constitucional en la CSJ constituyen dos pilares de un Estado de Derecho que se respete y pretenda ser respetado. Y en el caso de Diego Balmore Escobar Portillo, su jefe ha desairado a estas dos instituciones. ¿En manos de quién está, entonces, la defensa de la legalidad en nuestro país?

La aflicción más grande de las mayorías populares en el país tiene que ver con la inseguridad y la violencia, en cuya disminución influiría de manera radical el combate frontal a la impunidad. Pero si se sigue insistiendo en más de lo mismo, iremos de mal en peor. Y entre las peores torpezas de la “clase política” que tienen al país tan lejos de la “paz social”, se encuentra el colocar al frente de la Fiscalía General de la República −necia y recurrentemente− a personas que no garantizan el cumplimiento de su mandato constitucional. ¿Seguiremos aceptando, sin más, que eso siga ocurriendo o comenzamos a buscar desde ahora al Fiscal General que hoy por hoy no tenemos pero sí necesitamos con urgencia?

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