LPG-Revive conflicto en Corte Suprema

 Cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional se volvieron a divorciar del resto del pleno. Desobedecieron resolución que les impedía conocer caso de ex empleado que demandó a la misma Corte por su destitución.

Escrito por Jessica Ávalos.04 de Febrero. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

“Desde que la Corte los separó de ese caso ellos dejaron de ser jueces del caso, es como si fueran particulares. No tienen atribución para sacar ninguna resolución.”

Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal

“Esa resolución nosotros la declaramos inaplicable. Tenemos facultad de declararle inaplicable. Así que la resolución de la Corte Plena, en este caso, no tiene valor.”

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional

Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revivieron ayer el conflicto interno que se viene desatando desde el año pasado por una demanda que interpuso un ex empleado en contra de la misma Corte Suprema.

Cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, toda la sala excepto Néstor Castaneda, se volvieron a pelear ayer con el resto de sus compañeros del pleno. La razón: los cuatro desatendieron una resolución emitida el 28 de enero de 2010 por los otros 11 magistrados, quienes desde ese momento los inhabilitaron para seguir conociendo dentro de su sala el referido recurso de amparo.

Los 11 magistrados los habían declarado imposibilitados de conocer la demanda porque los cuatro forman parte de la Corte Plena, que en este caso es la parte demandada. El pleno considera que si ellos continúan revisando el caso se convierten en “juez y parte” de ese proceso.

Pero los constitucionalistas Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco desacataron ese fallo. Ayer notificaron al pleno, a través de la secretaria general de la Corte, que separaban del caso a Castaneda porque él solicitó excusarse y que, por consiguiente, procederían a llamar a un suplente para continuar estudiando la demanda.

“Nosotros lo vamos a seguir tramitando hasta llevarlo a sentencia. Esta sala no engaveta expedientes, los tramita por espinosos que sean. No engavetamos expedientes ni siquiera porque haya diferencia de criterios”, explicó el magistrado Rodolfo González.

No se sienten juez y parte. Los cuatro magistrados consideran que aun con el veto del resto de la Corte pueden seguir conociendo la demanda porque ellos no estaban en la CSJ cuando el demandante fue destituido. González señaló, además, que se están basando en el nuevo código de procedimientos civiles y mercantiles.

“Esta es una situación delicada, porque la CSJ les ordenó que entregaran ese expediente a los cuatro suplentes y ellos no lo hicieron. Aunque ellos se basen en el viejo o en el nuevo código, ellos ya no son jueces de la causa y no pueden pronunciar ninguna resolución sobre el caso”, cuestionó el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán.

De hecho, Corte Plena les previno el 18 de junio de 2010 para que se abstuvieron de seguir conociendo el amparo y que entregaran el expediente del caso a sus suplentes en el término de tres días.

“Esa resolución nosotros la declaramos inaplicable. Tenemos facultad de declararle inaplicable conforme a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Así que la resolución de la Corte Plena, en este caso, no tiene valor”, justificó González.

Esa declaratoria de inaplicación fue declarada nula el 6 de mayo de 2010 por los 11 magistrados. En ese momento les ordenaron que cumplieran con la sentencia de separase del conocimiento del caso y entregar el expediente a los suplentes. Ninguna de las dos resoluciones han sido acatadas.

El g11 contra los cuatro

“La autoridad demanda es la Corte, dentro de la cual están ellos. No pueden ser juez y parte. Eso sería como que si en un juicio ejecutivo, al presentar la demanda el acreedor, el deudor le diga: ‘me voy a excusar de ser el deudor y que vaya a demandar a otro’. Así de absurdo sería”, señaló Guzmán.

Ayer, el pleno le solicitó a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que abandonaran la sala de sesiones para deliberar qué acciones tomarán ante el incumplimiento de la resolución que los inhabilita para resolver el caso.

“No sé por qué se quedaron discutiendo tanto mis compañeros, si este es un trámite... Otra vez tenemos diferencias de opinión, no es que nos hemos hecho enemigos. En otros temas seguiremos trabajando juntos”, agregó González, al hacer alusión a que este día se integra de nuevo una comisión conformada por los presidentes de las cuatro salas para discutir el tema del incremento salarial.

El origen del conflicto

Hugo Salvador Zelaya Monteagudo es el nombre del ex empleado de la Corte que desde 2008 interpuso una demanda contra todo el pleno. En ella alega que la CSJ lo destituyó de su cargo como jefe de del departamento de finanzas de la Corte de ese momento sin haberle brindado el derecho de audiencia o respuesta que consigna la Constitución.

El caso todavía está en la etapa de traslados, es decir, los cuatro magistrados todavía no se han sentado a deliberar. Pero sin el aval del pleno están enviando a escuchar a todas las partes que intervienen en el proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio un revés el año pasado a los cuatro magistrados, porque coincidió con los once que los propietarios debían separarse de conocer el caso.

González adelantó que, aun con la desaprobación de sus compañeros de las otras tres salas, no dejarán de emitir sentencia. Él asegura que existen precedentes de casos más antiguos donde Corte Plena sí permitió que los magistrados propietarios conocieran demandas donde ellos mismos resultaban siendo demandados.

Esta no es la primera desavenencia entre los cuatro magistrados que ingresaron a la Corte en julio de 2009 con el resto. Han pasado otros temas con la misma aritmética. Uno de esos fue la política de austeridad que anunció el presidente Belarmino Jaime.

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