LPG-Funcionarios y eficiencia

 Escrito por Luis Laínez.13 de Febrero.Tomado de La Prensa Gráfica.

 llainez@laprensa.com.sv

Los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente la ley les confiere. Y una de ella es administrar bien el dinero proveniente de los impuestos que todos pagamos. La gran mayoría de ciudadanos paga sus impuestos: cuando compra cualquier cosa, todo lleva el IVA incluido. Cuando paga combustible, ahí también van incluidos en el precio las contribuciones especiales para el FOVIAL, subsidio al gas propano y para los transportistas y otros. A los asalariados, cada mes se les descuenta el impuesto sobre la renta.

Antes de garantizar que se le debe dar un buen uso, un buen funcionario primero debe verificar que el dinero que se cobra a los ciudadanos realmente llegue a las arcas del Estado. El ciudadano paga y no tiene modo de evadir el pago del IVA. Y si existe esa posibilidad, ahí es donde el Estado debe intervenir y evitarlo. Tampoco debe permitir que los que venden productos o servicios cobren el impuesto y no lo trasladen, o que patronos inescrupulosos le descuenten la renta a sus empleados y se queden con ella. Ahí es donde debe medirse la eficiencia de los funcionarios.

Esta semana que recién acaba nos dio varios ejemplos de que los funcionarios no actúan como deberían. Primero, vimos parte de un informe que está en curso sobre una investigación de impuestos no declarados por FUSADES. Más allá de que no se trata de un dato definitivo, es decir, que puede ser desvanecido, lo realmente grave es que el récord tributario o financiero de una persona jurídica, como esta fundación, o de un particular pueda circular afuera del ámbito donde debería estar confinado, esto es, la Administración de Impuestos Internos.

Otra cosa que vimos con atención es cómo el Gobierno pretende aumentar impuestos, aunque en repetidas ocasiones había dicho lo contrario. Y aquí está algo que realmente molesta. No porque no se quiera pagar los impuestos, sino porque se aumentará la carga tributaria sin mejorar antes la recaudación y sin garantizar el uso eficiente de los fondos.

Si todavía la evasión y el contrabando son problemas persistentes, ¿por qué no se ataca eso primero y se garantiza mayor recaudación antes que pensar en aumentar la carga de los que sí pagan? No parece justo dejar en paz a los que hacen trampa y castigar a los que sí son responsables.

¿Y el uso eficiente? El Gobierno acaba de aumentarle el subsidio a los transportistas, un sector que da un pésimo servicio, pone en peligro la vida de muchas personas y que hace trampas a cada minuto para evadir el cumplimiento de la ley (desde pasarse los semáforos en rojo, parar donde les da la gana, maltratar al usuario, atropellar peatones, contaminar con sus vehículos ruinosos e incluso manejar sin licencia y jamás pagar las esquelas). ¿Es justo darle más dinero proveniente del pago de impuestos a este gremio que logra mayores ingresos blandiendo un mazo y amenazando con paros y aumentos no autorizados?

Y la cosa no acaba ahí. ¿Es uso eficiente de nuestros impuestos cuando los políticos contratan batallones de asesores y crean plazas innecesarias? Y no hablo solo de los diputados, sino también de magistrados del Órgano Judicial y del mismo Ejecutivo.

Si esta es la realidad, entonces, ¿dónde están los funcionarios que juraron cumplir la Constitución? ¿Dónde está su eficiencia?

Funcionarios y eficiencia