Contra Punto-La petición de las aseguradoras - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Luis Armando González.05 de Febrero. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR-Por ahora, sus clamores de un seguro obligatorio para todos los vehículos que circulan en El Salvador han bajado de tono. Es presumible que –después de haber pedido abiertamente que el Estado imponga esa medida a los ciudadanos y ciudadanas— las compañías de seguros hayan decidido ejercer presiones y cabildeos en un plano menos público, sabedoras de que, además de ser poco popular, su exigencia puede (debe) suscitar un fuerte debate acerca de las relaciones entre Estado y empresarios.
En el marco de las reformas neoliberales –que se impulsaron en El Salvador de manera sin la menor sofisticación— los grupos empresariales más poderosos de América Latina terminaron por subordinar al Estado a sus propios intereses (Quienes duden de esto pueden consultar el espléndido libro de Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona, Paidós, 2007).
El Estado se convirtió en “facilitador” –nunca mejor dicho— de sus negocios, no sólo por la vía de la privatización de las empresas más rentables, sino por la vía de la exoneración de impuestos, la liberalización de los precios, la contención de los salarios y la promoción de determinadas empresas a partir de la concesión de servicios  a cuya adquisición se amarró –por ley o por necesidad— a los ciudadanos y ciudadanas.
Las presiones de las compañías de seguros porque el Estado imponga el seguro obligatorio de vehículos hacen recordar esos años de maridaje empresa privada-Estado.  Y es que es inevitable que sus dueños no se froten las manos al hacer cálculos sobre la rentabilidad que les supondría tener amarrados como “clientes forzados” a los miles de propietarios de vehículos en el país. Sin duda alguna, no puede haber mejor negocio que ese; un negocio con ganancias firmes, pues nadie que tenga vehículo podría negarse a ser “cliente” de una de las pocas compañía de seguros establecidas en el país.
¿Está bien que estas compañías sean favorecidas por el Estado, forzando a los ciudadanos y ciudadanas propietarios de vehículos a que se conviertan en clientes suyos? 
Por supuesto que no: las clientelas forzadas no sólo niegan el principio de libertad que tiene todo ciudadano para hacer negocios privados –y en vínculo con una empresa aseguradora es eso precisamente— sino que hacen del Estado un siervo de los sectores empresariales más poderosos, lo cual se traduce en su debilitamiento estructural. Basta dar un vistazo a la historia reciente de América Latina –y por supuesto de El Salvador—para caer en la cuenta de ello.
Dicho lo anterior, no se puede objetar que es competencia del Estado garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas. Qué duda cabe que los vehículos son un instrumento peligroso, sobre todo en manos de personas irresponsables y faltas de razón y sensibilidad.
En ese sentido, asegurar los vehículos puede ser una medida que ayude a paliar los daños causados por accidentes de tránsito.  Estar en contra de esto sería como estar en contra de las cotizaciones en el seguro social, lo cual sólo puede caber en cabezas poco cuerdas.
Ahora bien, ¿quiere decir lo anterior que esos seguros de vehículos tienen que ser adquiridos con empresas particulares? No necesariamente, pues el Estado podría dotarse de una empresa de seguros propia que obligue –ahora sí con todas las justificaciones legales— a los conductores particulares a adquirir pólizas con ella.
A más de alguno esto le puede sonar descabellado, pero no lo es tanto si se piensa en las ingentes necesidades de recursos que tiene el Estado salvadoreño y en lo favorable que sería para sus arcas tener una empresa aseguradora.
Esta empresa aseguraría los vehículos, cobraría por ello, obtendría sus ganancias –como las compañías privadas— y atendería la cobertura de daños cuando estos se dieran.  No habría dónde perderse. Y esto si sucedería si el Estado obligara a los ciudadanos y ciudadanas a adquirir pólizas con compañías de seguros privadas: en caso de incumplir estas últimas con sus obligaciones los “clientes forzados” estarían –como sucede con quienes adquieren seguros voluntariamente— en sus manos, en pleitos interminables para recibir, en caso de necesidad, las coberturas que nominalmente se han pactado. 
O sea, los ciudadanos y ciudadanas estarían obligados por ley a convertirse en clientes de las compañías aseguradoras, pero no tendrían –esto es presumible, porque ya ha pasado en otras experiencias semejantes— el respaldo inmediato del Estado para que los compromisos de las empresas aseguradoras sean cumplidos con prontitud y eficacia.
Es decir, estarían –como cualquier cliente— en manos de ellas, sometidos a sus tiempos, ritmos e intereses.  Y ya se sabe: una empresa aseguradora es un negocio y lo que menos se quiere es cubrir daños; y si esta cobertura se da, se la quiere reducir al mínimo. Cualquiera que haya tenido un seguro de vehículo –y que haya tenido un accidente—lo sabe.
Entonces, si de lo que se trata de es de fortalecer al Estado hay que dotarlo de las instancias y atribuciones que ayuden a ello. Quienes se dedican a los grandes negocios privados –y que se dicen defensores del libre mercado y de la no injerencia del Estado en la economía— no deberían estar exigiendo que el Estado les brinde “clientelas cautivas”.  Y es que si se va por ese camino, después los dueños de supermercados van a exigir que se obligue por ley a los ciudadanos y ciudadanas a comprar en sus establecimientos. Y luego lo van a exigir los dueños de farmacias… y luego los dueños de restaurantes de comida rápida.  
En fin, volviendo al tema de la seguridad ciudadana –y al riesgo que suponen los miles de vehículos que circulan en las calles, autopistas y avenidas del país— urge que desde el Estado se tomen las medidas necesarias para contener y erradicar los múltiples daños provocados por quienes no saben o no entienden que manejar un vehículo es un privilegio que supone una enorme responsabilidad ante los demás. Antes de pensar en impulsar un seguro obligatorio, hay medidas que deben ser impuestas con la mayor celeridad y determinación. Por ejemplo: multas elevadas y sin posibilidad de ser evadidas para quienes violen las normas de tránsito; suspensión temporal o indefinida del derecho de conducir a quienes se compruebe que son una amenaza pública al frente de un volante; y decomiso temporal de vehículo, lo cual puede abarcar periodos cortos o largos de tiempo según sea la naturaleza de la falta o la reincidencia en la misma.
El mensaje enviado desde el Estado debe ser que los abusos, malacrianza, prepotencia, “viveza” y picardía de quienes manejan cualquier tipo de vehículo no van a ser tolerados por las autoridades.  Y que no será condescendiente con nadie que sea una amenaza para sus semejantes: los que hablan por teléfono  mientras manejan; los que aceleran gratuitamente en calles congestionadas; los que siempre van de prisa apartando a otros; los que no ceden el paso a los peatones; los que no respetan las filas de vehículos y meten sus carros a la fuerza por delante de otros que esperan turno; los que no respetan el rojo de los semáforos; los que bloquean las calles, impidiendo la circulación de los demás… Esas amenazas deben ser combatidas con la ley. Pero también con una nueva cultura: una en la que el abuso, la “viveza” y el salir ganando siempre no sean celebrados como lo mejor del ser salvadoreño.

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