Luis Armando González.01 de Febrero. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - La coyuntura actual es particularmente preocupante, en cuanto que se está asistiendo a la irrupción de demandas sociales que, siendo hasta ahora puntuales y desarticuladas, pueden terminar por confluir en un amplio movimiento –en el que se aglutinen sectores sociales de distinta procedencia— que pudieran poner en jaque a la institucionalidad del país. El fantasma de la ingobernabilidad podría hacerse presente nuevamente –como en otras ocasiones en las últimas dos décadas—, con todas las consecuencias negativas que ello acarrearía sobre la precaria estabilidad de El Salvador.
Alegrarse por lo que está sucediendo o intentar sacar ventajas (políticas o de otra naturaleza) de la grave situación del país no sólo es irresponsable, sino absolutamente imperdonable. Más bien, de lo que se trata es de sumar talentos y esfuerzos para no caer en el despeñadero del caos, el desorden y la violencia en las calles. Y siendo que es el ámbito estatal en donde se están suscitando los brotes más agudos de conflictividad social, es desde este ámbito que deben diseñarse las mejores respuestas para desactivar esta potencial dinámica de ingobernabilidad.
¿Qué se podría hacer al respecto desde el aparato estatal? Desde una sincera preocupación ciudadana se nos ocurre proponer algunas claves que a lo mejor pueden ser de alguna utilidad para encarar, desde el Estado, no sólo la actual coyuntura, sino sus posibles desenlaces en el mediano plazo. Estas son algunas de esas claves.
En primer lugar, no perder de vista la realidad social, en sus dimensiones de precariedad, limitaciones y frustraciones que afectan a amplios sectores suyos y con particular agudeza a sus estratos medios. Hay una acumulación de malestar social –debido a frustraciones de tipo económico que se han fraguado en la última década— cuya expresión natural son las demandas de mejoras salariales.
Por ahora estas demandas se hacen sentir en la esfera estatal, pero no sería extraño que se hicieran sentir en el ámbito privado. A propósito de esto, lo extraño es que esas demandas no se hayan desencadenado en los últimos dos o tres años, como sucedió en otros países. Es probable que el cambio político en El Salvador, en 2009, haya servido de amortiguador y válvula de escape del malestar social acumulado. Pero, por lo que se está viendo en estos inicios de 2011, cabe sospechar que esa amortiguación está perdiendo fuerza, a lo mejor porque las mejoras materiales que se esperaban –justificadas o no; ese es otro asunto— no se están percibiendo como tales.
En segundo lugar, es preciso anticiparse a los acontecimientos, saber prever dinámicas y vislumbrar escenarios futuros. Quienes dirigen instancias estatales desde sus niveles superiores deben dedicar una parte importante de sus esfuerzos a prever dinámicas institucionales problemáticas. Sobre la espalda de los asesores recae buena parte de esta responsabilidad.
Hay dinámicas que “se ven venir” y que, en consecuencia, requieren del diseño de respuestas que las atiendan; hay dinámicas que “no se ven venir”, pero que son sumamente probables: aquí, el mapeo de escenarios es crucial, pero eso requiere de asesores capaces de elaborarlos. Si faltan la previsión y no se tienen escenarios posibles de las dinámicas institucionales, los acontecimientos problemáticos irrumpen de improviso, como si se tratara de novedades impredecibles, ante las cuales –una vez que se tienen encima— se tiene que ofrecer una respuesta, forjada en el momento, improvisada. Esto definitivamente afecta una gestión, pues al no haber anticipación ante los acontecimientos problemáticos los mismos pueden no sólo desbordarse, sino prolongar su solución amenazando con afectar la estabilidad institucional.
En tercer lugar, una visión de conjunto es necesaria para atender la totalidad institucional y no sólo sus partes. Hay instituciones estatales en El Salvador que son ciertamente complejas y quienes las dirigen deben preocuparse por la lógica que gobierna el conjunto de la institución, así como sus lógicas particulares más importantes. Quedarse atrapados en una sola de esas lógicas particulares, confundiéndola con el todo, puede dar lugar a que ese todo se les vaya de las manos, mostrando dinámicas desconocidas a los ojos de quienes ocupan los puestos de dirección superiores. Cuando esto sucede, la sorpresa y el estupor ganan la partida al conocimiento cierto e informado.
En cuarto lugar, no olvidar que el factor humano en las instituciones es “humano” y no sólo “factor”. En el cálculo frío de factores de producción, los mismos suelen ser manejados sin considerar sus reacciones o respuestas. Se da por descontado que los factores no tienen nada que decir acerca de cómo se les administra. Pero cuando se trata del factor humano, lo humano del factor no puede ser obviado en lo bueno y lo malo que tiene. Porque el factor humano –la terminología es ofensiva— tiene derechos. No puede, pues, ser manejado pasando por encima de esos derechos –derechos que, al ser afirmados, pueden chocar e incluso negar los derechos de quienes están fuera de las instituciones estatales, añadiendo más complejidad a la situación—.
Pero también está imbuido de voluntad, deseos, envidias, sueños, esperanzas, complejos, ambiciones… Etc. Entonces, las decisiones que se toman relativas al factor humano generan respuestas; debe preverse que esas respuestas se den; no debe esperarse pasividad, sino reacciones de distinto signo. Y de lo que se trata es de anticipar esas respuestas para diseñar los mecanismos más oportunos de atención a ellas.
En quinto lugar, debe impulsarse una estrategia de la negociación basada en lo que realmente se puede negociar. En estos momentos, por ejemplo, hay serias limitaciones presupuestarias en el Estado salvadoreño. Esto pone límites a lo que se puede ofrecer en materia de aumentos salariales. ¿Cómo convencer de esos límites a quienes demandan aumentos salariales? Aquí entra en juego la capacidad de negociación, la cual dicho sea de paso debe ser sostenida por una información financiera transparente y accesible. Nadie puede pedir lo que no se puede otorgar. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Pero ¿qué se puede pedir en el marco de lo posible? ¿Qué se puede ofrecer en lo inmediato y en el mediano plazo? Justamente, este es el terreno de la negociación que es una de las mejores herramientas para desactivar conflictos socio-políticos.
Finalmente, hay que impulsar una cultura de la austeridad. Se tiene que reconocer que las finanzas del Estado no están en las mejores condiciones como para atender demandas generalizadas de aumentos salariales e incluso otras necesidades sociales urgentes. Pero, claro está, esta cultura de la austeridad debe ser universal; si hay excepciones –toda regla las tiene-- estas deben estar bien justificadas, no dando pie a la sospecha de arbitrariedad o discrecionalidad cuando se hacen.
La razón es simple y no se tiene que ser muy lúcido para saberlo: imponer un criterio de austeridad, pero incumplirlo en algunos casos sin justificaciones firmes es fuente de conflictos y tensiones institucionales innecesarias. Austeridad no quiere decir igualación salarial ni que quienes son nombrados para cargos superiores no deban recibir la remuneración que les corresponde según la ley. Tampoco quiere decir que no debe haber mejoras salariales para quienes ascienden en la jerarquía laboral. Pero esas mejoras deben hacerse de manera pareja, sin exclusiones injustas (dejando fuera a quienes las merecen) o inclusiones indebidas (favoreciendo a quienes no las merecen) pues eso será una fuente segura de malestar.
En definitiva, el presidente Mauricio Funes lo dijo de esta manera: o todos en la cama o todos en el suelo. Es oportuno, en las actuales circunstancias del país, sacarle punta a esa exigencia ética dando importancia a la condición de quienes históricamente han estado en el suelo. La exigencia de austeridad, por razones éticas, debe hacerse ante todo a quienes están mejor y después a quienes están peor y no a la inversa. Un dólar (o 50 o 100) significan algo bien distinto para las personas y las familias, según sean sus ingresos mensuales. Para algunas personas y familias ese dólar (o 50 o 100) puede ser algo prescindible. Para otras personas y familias puede ser la garantía de la comida diaria o de una medicina hasta entonces inaccesible.
Desafíos de buena gestión pública - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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