Benjamín Cuéllar Martínez.03 de Febrero. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - Así está la promoción en El Salvador, el país donde la muerte violenta se puede conseguir a precio de “me lo llevo” por cualquier motivo y de cualquier forma. En un mar de “ofertas” a cual más macabra, la mayor demanda resulta ser aquella que privilegia el uso de las armas de fuego. Los discursos y las acciones de los gobiernos de la posguerra, tanto de los anteriores como del actual, giran y giran alrededor de lo mismo. Mientras tanto, el sube y baja nacional de los homicidios intencionales se mantiene en los niveles más intolerables de la región y el mundo. Por más que se hable y hable, sólo en dos días −entre el sábado 22 y el domingo 23 de enero del año que recién comienza− fueron asesinadas treinta y cuatro personas.
De esa semana destaca el caso de Gabriela Carolina Alberto Morales, una niña de apenas seis años que fue estrangulada. De la siguiente sobresale el de Marden Oswaldo Chávez Flores, taxista de treinta y tres años quien recibió cinco impactos de bala a manos de un vigilante particular que cuidaba –en el sur de la ciudad capital– una venta de gasolina. El guardia privado se “molestó”, simple y sencillamente porque pensó que su víctima no le iba a pagar el dólar que cobraba por estacionarse en el predio del negocio. ¡Cinco por uno! Al menos eso fue lo que dijo inicialmente el asesino, Gregorio Antonio Argueta; luego cambió la versión, para sostener que su vida estaba en peligro. El “pánico” que le provocó Chávez Flores fue tan grande que le descargó esa andanada de balas, siendo alguien supuestamente apto para desarrollar ese oficio que pudo haber actuado en proporción a la “amenaza” que dijo sentir.
¿Era evitable esa muerte? Si algo se hubiera hecho durante los gobiernos del partido ARENA para enfrentar con valor a los criminales más grandes de nuestra historia y curar integralmente las heridas profundas que causaron a sus víctimas, quizás… Si para ello se hubiera dedicado alma, corazón y vida en el fortalecimiento del sistema de justicia, tal vez… Si como paso previo o posterior a la actividad institucional en este tema se hubiera reconocido la verdad de lo ocurrido e impulsado el sano ejercicio de pedir perdón, sin “atarrayazos” estatales alcahuetas de la maldad, posiblemente… Si a partir de esa verdad, se hubieran dedicado esfuerzos para sanar los daños psicosociales individuales y colectivas, es probable…
Si no hubieran atacado el grave problema de las pandillas o maras con leyes y “manos” duras para ganarse el “aplauso” fácil de una población angustiada, de repente… Si, por el contrario, le hubieran apostado en serio a una política estatal para combatir el crimen y no para fomentarlo con la impunidad, puede que sí… Si en lugar de sacar al ejército a realizar tareas que no le competen –como son las de la seguridad pública– hubiesen sacado de la sociedad las armas de fuego innecesarias que las hay a montones, a lo mejor… Si en vez de dejar crecer como plagas a las lucrativas empresas particulares de “seguridad”, sin control y supervisión eficientes, seguramente…
No lo hizo ARENA en veinte años y hay que denunciarlo. Pero este primero de febrero el actual gobierno cumplió veinte meses, sin que se hayan dado los pasos claros y firmes para dejar atrás esa nefasta “herencia”. Junto a la superación de la exclusión de las mayorías y el combate de la corrupción de las minorías, ese es el gran desafío que enfrenta El Salvador. Está en manos de todas las autoridades del Estado, desde sus obligaciones constitucionales y legales, asumir la conducción de una postergada transición hacia lo que se pactó en Ginebra el 4 de abril de 1990. Más allá del fin de la guerra, el gobierno de entonces y la entonces guerrilla se comprometieron a democratizar el país, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y “reunificar” la sociedad.
Del 16 de enero de 1992 a la fecha, esas siguen siendo aspiraciones no cumplidas. Por ello, no alcanzamos la paz. Lo acontecido hasta ahora es, más bien, una posguerra “popular prolongada” por lo largo de su trance y porque sus consecuencias negativas las sufre el pueblo.
La alternancia se dio en casi todos lados. Acaba de pasar en la Asamblea Legislativa donde, por encima de los temores y las maniobras fallidas, la izquierda política partidista sentó su representante en la silla principal. Ahí estará instalado Sigfrido Reyes hasta que finalice el presente período, a la espera de los resultados electorales del 2012. Y al antecedente de esta reciente experiencia –la irrupción de Mauricio Funes en el Ejecutivo– le quedan las dos terceras partes de su mandato para hacer valer la esperanza” y “el cambio” que prometió.
En la conducción del Órgano Judicial es donde más luces se han visto, pero por los cuatro valientes magistrados que se incorporaron a la Sala de lo Constitucional hace poco más de un año. Ahí sí se está dando una real, sensible y esperanzadora transformación, a pesar de los grandes obstáculos encontrados dentro y fuera de la Corte Suprema. Este “póker de ases” dentro del maltratado sistema de justicia salvadoreño, le está poniendo un piso bien alto de profesionalismo y compromiso a quienes en adelante lleguen a ocupar un cargo en la institución. Además, con su desempeño, le han demostrado a la sociedad que los discursos sobran cuando las acciones valen.
Monseñor Romero –ahora tan citado por doquier– habló en nombre de este “sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos”. Lo hizo hace más de tres décadas y esos lamentos, por la otra guerra en que vivimos, siguen subiendo igual. Ahora toca a las mayorías populares hablar por sí mismas, demandar con fuerza y –de no ser escuchadas– castigar justamente a quienes con su dejadez han hecho que la vida en El Salvador se cotice “a cinco por el dólar”.
¡A cinco por el dólar! - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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