Norma Guevara de Ramirios.08 de Febrero.Tomado de Diario Co Latino.
El último informe sobre desarrollo humano en nuestro país revela la necesidad de regulaciones más calificadas del Estado sobre la prestación de bienes y servicios esenciales realizados por particulares. Dice el informe: “… tolera que ciertos bienes y servicios muy importantes para el bienestar de la población se caractericen por tener las intervenciones del Estado de peor calidad”. En peor estado se encuentra el mercado de los medicamentos, por eso urge una ley que asegure mecanismos que vigilen la calidad y precios accesibles, y así dejar de ser uno de los países con medicamentos más caros del mundo.
Nuestro país carece de institucionalidad apropiada para vigilar la fabricación, la importación y la exportación de medicamentos, mucho menos instrumentos que garanticen la calidad. Por esa carencia pudiera ocurrir que los productos que compramos a precios caros, tanto los particulares como los que compran las instituciones de salud pública, tengan una composición diferente a la anunciada, y ese tipo de deficiencias mantienen en riesgo indebido la salud de la gente. Se precisa pues, regular los procesos que tienen lugar desde la producción hasta el consumo de los medicamentos.
El Presidente de la República ha exhortado en repetidas ocasiones a la Asamblea Legislativa a aprobar la ley de medicamentos. La sociedad salvadoreña la necesita, el gobierno, que es el responsable principal de garantizar la salud de la población y uno de los más grandes compradores, requiere un marco legal para cumplir su responsabilidad.
La Comisión de Salud Pública de la Asamblea Legislativa, viene discutiendo los diferentes anteproyectos de ley de medicamentos y en ese debate quedan claros los intereses que cada partido político defiende. Ha sido obvia la presión sobre los diputados de la derecha por parte de los productores, importadores y comercializadores que se benefician con la falta de regulaciones.
Ha sido clara la beligerancia del FMLN para subrayar la obligación que tiene la Asamblea de aprobar una buena ley. En ocasiones la derecha ha afirmados que bastaría con quitarle impuestos a los medicamentos, o que sólo se regule la producción de medicamentos genéricos; en fin, abundan los pretextos para mantener la ausencia de regulaciones. Ha sido hasta las últimas semanas que pareciera que algunos diputados del partido GANA se muestran interesados en buscar un acuerdo que permita dictaminar y aprobar la ley. Esperemos que este impulso se mantenga y se logre, dos grupos parlamentarios, FMLN y GANA pueden acercarse para dar una respuesta que el país necesita desde hace años, pues la ley existente, desde 1927 es obsoleta.
La Ley reconocería el papel rector del Ministerio de Salud, crearía una entidad autónoma que se denominará Dirección General de Medicamentos. Esta entidad estará autorizada para fiscalizar actividades en toda la cadena: la producción, importación, comercialización, prescripción y, la dispensación de medicamentos; además, estaría facultada para analizar y fiscalizar la calidad de los mismos en hospitales públicos y privados.
La ley deberá establecer tiempos prudentes a los laboratorios para acreditar debidamente las buenas prácticas de manufactura y establecerá sanciones por la inobservancia a la misma. Esa institución debe vigilar la clasificación de los medicamentos, tanto los de venta libre como de los que requieran ser prescritos por un médico y también la observancia ética en la publicidad. Además de todos estos aspectos que de por sí tienen enorme importancia, se regulará la forma de establecer los precios, considerando los márgenes máximos de utilidades permitidas.
Ha quedado demostrado en los debates que tienen lugar en la Comisión, que hay algunos medicamentos que cuestan el equivalente a 35 veces el costo de su producción o de su importación. El Estado tendrá facultades de una fiscalización de calidad que evite a las familias e instituciones de salud pública, ser estafadas por un mercado voraz carente de regulaciones.
En el sector público se pueden elevar las inversiones en medicamentos, pero si los precios suben sin parar, se gastaría más dinero y se obtendrían igual o menor cantidad de medicamentos, redundando negativamente en la salud de la población y en la economía de las familias.
Si se llega pronto a un acuerdo para aprobar una ley de medicamentos, sería deseable que todos los diputados se unan al esfuerzo. El cambio debe impactar la salud pública en lo concerniente a la calidad y precios de los medicamentos. Si se piensa en la gente y se garantizan utilidades razonables a las empresas, no debiera haber razón para postergar un instrumento de tanto beneficio social y económico para nuestro pueblo. Los 35 votos del FMLN están listos para este paso trascendental, la población debe seguir atenta en este proceso.
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