Cancillería asegura que suscribir el documento es un proceso donde deben estar involucrados todos los sectores políticos y sociales
Escrito por Lorena Baires. 05 de Febrero. Tomado de La Pagina.
La Cancillería de El Salvador aseguró que no existe ningún tipo de presión para que el país se adhiera al Estatuto de Roma, el instrumento que permite el funcionamiento de la Corte Penal Internacional en La Haya, donde se procesan y juzgan genocidos.
Según el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, la Unión Europea (UE) hizo un matiz en su posición original respecto al tema, que se vuelve importante dentro del marco de las relaciones comerciales que Centroamérica pretende tener con esos países.
Inicialmente, la UE había solicitado que los centroamericanos firmaran el tratado como requisito para ser parte del asocio comercial. Sin embargo, ahora el planteamiento es diferente: la UE solicitó que “haya una alusión dentro del texto del tratado a la existencia del Estatuto de Roma, aunque no necesariamente haya sido suscrito por todos los países del sistema centroamericano”.
Martínez agregó que no se puede ignorar que la UE ve con simpatía y buenos ojos que los países que están en la negociación avancen en la adhesión al Estatuto de Roma. Pero “en ningún momento hemos recibido presiones como para que el Estatuto sea adherido al país y ratificado con carácter de urgencia”.
Por su parte el presidente de la República Mauricio Funes señaló que como candidato a la presidencia suscribió un programa para la promoción del Estatuto de Roma, pero hasta ahora no se ha discutido o efectuado una propuesta, porque en estos momentos el Gobierno está más preocupado por la violencia, la pobrza y los problemas de exclusión social.
Estudio perdido
El canciller también encontró en los archivos un análisis sobre la conveniencia o no de ratificar el Estatuto de Roma. El documento fue solicitado por la ministra anterior, María Eugenia Brizuela de Ávila, y señala que nuestro país podría adherirse al tratado siempre y cuando se realicen algunas reformas constitucionales que Martínez no precisó.
“Creemos que la aprobación del Estatuto de Roma es un proceso, donde se debe de escuchar a todos los sectores. Nosotros en la Cancillería nos encontramos con un antecedente, que es un estudio que encargó la ex canciller, María Eugenia Brizuela de Ávila. Ese estudio planteaba básicamente que se podía caminar en la adhesión al Estatuto de Roma siempre y cuando se hicieran algunas reformas constitucionales”, dijo el canciller antes de entrar a una reunión con los diputados de la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
Para sorpresa del canciller, el documento tiene registro de haber sido enviado y recibido en el pleno de diputados durante la gestión de De Ávila. Sin embargo, en la Asamblea no encuentran el análisis y la comisión lo desconocía.
“Creemos que la aprobación del Estatuto de Roma es un proceso, donde se debe de escuchar a todos los sectores. Nosotros en la Cancillería nos encontramos con un antecedente, que es un estudio que encargó la ex canciller, María Eugenia Brizuela de Ávila. Ese estudio planteaba básicamente que se podía caminar en la adhesión al Estatuto de Roma siempre y cuando se hicieran algunas reformas constitucionales”, añadió Martínez.
La diputada del FMLN en el Parlamento Centroamericano, Nidia Díaz, reconoce que suscribir el tratado no sólo depende de las gestiones eficientes que pueda hacer el FMLN, sino de encontrar eco político en el resto de grupos parlamentarios.
Por ejemplo en ARENA, el jefe de grupo parlamentario, Donato Vaquerano, confirmó que no han analizado el punto todavía. Es más, pareciera que van a tomarse el tiempo de leer el Estatuto de Roma para analizar las consecuencias de una firma.
En el mismo sentido se expresó Mario Tenorio, jefe de la bancada del movimiento GANA. Indicó que el tema requiere estudio dentro de la Asamblea Legislativa para no cometer errores como los que ya lamentan en torno a las cuotas básicas de telefonía fija.
El legislador Mario Ponce del PCN cree que la ratificaciíon podría repercutir de alguna manera en El Salvador, por todos los hechos de violencia que sucedieron durante los años de conflicto armado.
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