EDH-El CES no es para validar impuestos

Carlos Enrique Araujo.14 de Febrero.Tomado de El Diario de Hoy.

Avalar un Pacto Fiscal no compete al Consejo Económico Social, ni a ninguno de sus integrantes, ni a la empresa privada, ni a los sindicatos, ni a las ONGs.

Decir esto no es una movida táctica de ANEP. Es una posición de principios que vale la pena explicar. Tampoco significa que la empresa privada no quiera que se haga un Pacto Fiscal, y que no esté dispuesta a asumir sus responsabilidades tributarias.

Para explicar mi posición, voy a los principios, en vez de entrar en un dime que te diré con el gobierno.

La idea de que el gobierno tiene derechos propios (por ejemplo de cobrar un cierto porcentaje del PIB en impuestos) le encanta a los burócratas. Es la idea vieja de que la autoridad del rey se origina en la voluntad de Dios. Llevada al extremo, esta doctrina es la base de las tiranías de todo tipo, incluyendo las fascistas y las comunistas, que estructuran la sociedad alrededor de un poder autónomo del gobierno, independiente del deseo de los ciudadanos.

En una sociedad democrática, el gobierno no tiene autoridad independiente de la que los ciudadanos le han dado. El Estado existe para proporcionar servicios públicos. El poder de determinar qué servicios y en qué medida y a través de qué medios se brindarán es exclusivamente del pueblo, no de los burócratas.

El principio fundamental de la Constitución es que la soberanía reside en el pueblo. Los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, excepto aquello que está explícitamente prohibido por la ley, mientras que el gobierno puede hacer sólo aquello que la ley explícitamente lo manda hacer. Los ciudadanos son libres, el gobierno obedece.

Apliquemos estos principios al tema del Pacto Fiscal. Para el gobierno, el problema fiscal consiste en que los ciudadanos pagan un porcentaje demasiado bajo del PIB en impuestos. Para la ciudadanía, el problema es que el gobierno no está proveyendo los servicios que debería estar proveyendo dada la cantidad de impuestos que está recolectando.

El volumen y la calidad de estos servicios son tan bajos que el ciudadano tiene que pagar el doble por ellos. Paga con sus impuestos por la salud, la educación, la seguridad pública, el subsidio al transporte público, el mantenimiento de carreteras - pero estos servicios públicos son tan malos que termina pagando por servicios privados.

El que no puede pagar doble tiene que soportar hospitales mal mantenidos y sin medicinas, escuelas que están cayéndose y servicios de seguridad que no han podido reducir la violencia del país. Desde la perspectiva del ciudadano, este es el problema fiscal del país que el Pacto Fiscal debe resolver.

Un Pacto Fiscal no es para justificar el pago de más impuestos, sino para establecer claramente qué cantidad y calidad de servicios el pueblo espera del gobierno.

El Pacto Fiscal, para que tenga legitimidad, es un acuerdo entre los ciudadanos, no entre el gobierno y los ciudadanos. La ciudadanía no negocia con el gobierno, como si fuera otro sector de la sociedad. Los ciudadanos son el soberano, y el gobierno es el ejecutor de su voluntad.

Los representantes de los ciudadanos son los diputados. Son los únicos que tienen el poder para firmar un pacto, porque sólo ellos tienen el poder legítimo de emitir las leyes que volverán una realidad cualesquiera acuerdos surjan del pacto. Sólo los partidos, y no el gobierno de turno, pueden ser garantes de los compromisos adquiridos, que necesariamente son de largo plazo, más allá de los mandatos presidenciales.

Y sólo a los partidos los ciudadanos los pueden castigar o premiar por sus decisiones. Ninguna otra entidad (ni el CES, ni las ONGs, ni la ANEP, ni los sindicatos, ni el gobierno) han recibido poder del pueblo para firmar un Pacto Fiscal. Delegar un tema como el Pacto Fiscal a una negociación entre el gobierno y los gremios sería una subversión de la legítima institucionalidad del país.

No estoy dispuesto a permitir y avalar que el gobierno manipule al CES y el tema del Pacto Fiscal para conseguir legitimidad para la política tributaria que quiere imponer. La responsabilidad y el costo político la tienen que asumir los partidos políticos que aprueban nuevos impuestos o aumento de los existentes.

Incluso si la empresa privada pudiera llegar a un acuerdo con el gobierno sobre un Pacto Fiscal, ¿qué validez y solidez tendría a mediano o largo plazo, si el acuerdo no es asumido por los partidos? Y un Pacto Fiscal que no contiene compromisos confiables y a largo plazo respecto a la cantidad y calidad de los servicios públicos, no tiene ningún sentido.

Si la empresa privada plantea retirar el tema Pacto Fiscal de la discusión del CES, de ninguna manera está abandonando la idea de un Pacto Fiscal. Por lo contrario, está insistiendo en que sólo en el contexto de un Pacto Fiscal pueden discutirse los impuestos; y que el Pacto Fiscal surja con la debida legitimidad, en el foro apropiado, que es la Asamblea Legislativa.

Tampoco se trata de hacer fracasar al CES. Por lo contrario, se trata de darle vida, planteando que ahí se aborden los temas que realmente exige la sociedad: seguridad pública; transporte público; políticas públicas favorables para la creación de empleo, Seguro Social. Ahí se va a poner a prueba la disposición del gobierno de construir un CES que sea instrumento útil de abordar las necesidades de la población. La disposición de los gremios empresariales está más que probada.

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