Escrito por Juan Coronado. 18 de Febrero. Tomado de Raices.
Con buen criterio dentro de sus responsabilidades como jefe de gobierno el presidente Mauricio Funes ha retomado el problema de la inseguridad ciudadana que cobra la vida de 15 salvadoreños diariamente sin que las autoridades correspondientes den signos de hacerle frente a corto plazo y con resultados tangibles.
Era de esperarse que luego de los primeros días del gobierno del cambio, los titulares de las diferentes carteras de Estado hicieran un paréntesis para evaluar y diagnosticar sobre las condiciones en que recibían sus instituciones. Esas mismas acciones, en teoría, les permitieron planificar la operatividad y efectividad de los diferentes planes a impulsar desde cada institución gubernamental.
Como reza el dicho popular “ni tanto que queme al santo ni tan poco que no le alumbre”; hay instituciones gubernamentales que no debían esperar desde el mismo día de la toma de posesión del recién instalado gobierno para asumir sus roles dentro de la delicadeza que sus funciones les demandan.
En ese sentido, los primeros señalados, a parte del presidente Funes, son los funcionarios de Justicia y Seguridad Pública como responsables directos de las políticas públicas en esa área.
El problema de la inseguridad ciudadana y los homicidios que ocurren en el país, si bien no se comienzan a generar desde el 1 de junio de 2009 como lo predican los responsables directos, requieren ahora un tratamiento integral e inmediato en el que todos los actores sociales del país se deben involucrar. Es innegable reconocer el esfuerzo iniciado desde la primera semana de marzo por el presidente al convocar a esos mismos sectores para presentarles y discutir el plan de seguridad que, dicho sea de paso, no queda más tiempo para ello.
Pero… ¿Y los políticos qué tienen que decir sobre este problema? Al escuchar los argumentos de los máximos representantes de la política doméstica parece que todos quieren hacer leña del árbol caído. ¡Que no hay un plan de seguridad definido! ¡Que no se les dio continuidad a los planes ejecutados por las administraciones anteriores! ¡Que no hay recursos disponibles para ejecutar los planes de seguridad! En fin, para los políticos cualquier argumento es válido dentro de su laureado léxico, mientras tanto el pueblo descalzo sigue poniendo las víctimas.
Dentro de su diligente desempeño “profesional” hay que recordar que la Asamblea Legislativa –entiéndase diputados- como fiel referente de la política salvadoreña recibió el cambio del Ejecutivo sin una Corte Suprema de Justicia instalada en pleno, sin un Fiscal General de la República. En estos casos específicos, entre otros, para que el país no siguiera en acefalía institucional el presidente invirtió semanas, días y horas de esfuerzo con el fin de concertar acuerdos políticos que desentramparan al congreso legislativo para la elección de estos funcionarios. ¿A caso no fue este tiempo de negociaciones suficiente como para que en su conjunto los diputados, el presidente de la República, la Corte Suprema y el Fiscal General se pusieran a trabajar en función de una fortalecida política de seguridad ciudadana?
Es difícil pensar así, pero es más delicado creer que con ese comportamiento político desde el congreso se dejó algún vacío temporal intencionado para que la delincuencia encontrara terreno fértil. Ojalá y ese desfase de procedimientos políticos y administrativos rutinarios en el congreso solo sean parte de la madurez democrática que se va adquiriendo en el país.
Ahora es tiempo que los representantes de la política salvadoreña, responsables de los designios de esta sociedad, dejen de estar viendo los fantasmas que ellos mismos se encargan de fabricar desde su propia trinchera ideológica. Las 15 víctimas mortales que se reportan al día no son fantasmas, son salvadoreños.
Juan Coronado, periodista y profesor universitario salvadoreño, colaborador de Raíces.
E-mail: johnyco@yahoo.com
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