Pacific Rim es una firma canadiense multinacional que estuvo a punto de obtener las licencias para explotar las minas de oro de El Dorado, en el norte del país.
Escrito por Ernesto Rivas Gallont.14 de Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.La compañía vino a El Salvador estimulada por el ofrecimiento del gobierno de Francisco Flores que en 2002 extendió los permisos de exploración correspondientes. Con el transcurso del tiempo, ante las protestas de la comunidad organizada y de los medioambientalistas propios y ajenos, el gobierno que siguió al de Flores decidió no otorgar los permisos, a grado que el entonces presidente Antonio Saca aseguró públicamente que prefería que el país enfrente un arbitraje a permitir que Pacific Rim explote El Dorado. (LPG 26/2/09).
A partir de 2005 la comunidad del departamento de Cabañas organizó su lucha contra Pacific Rim, por el peligro de contaminación del Río Lempa y de la tierra en la zona.
El gobierno de Mauricio Funes y el mismo presidente han dicho que no extenderán tales permisos. Pacific Rim respondió iniciando un juicio contra el gobierno salvadoreño en el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID) del Banco Mundial, bajo los términos del tratado de libre comercio DR-CAFTA, reclamando una compensación multimillonaria por daños y perjuicios.
Canadá no es parte del DR-CAFTA y Pacific Rim, técnicamente, no podría reclamar protección del tratado. Pero el juicio lo ha iniciado Pacific Rim Cayman LLC, una firma subsidiaria de la canadiense.
Hoy El Salvador corre el riesgo de ser condenado a pagar a Pacific Rim una suma que podría ser hasta de $100 millones, lo que sería devastador para la economía nacional. Por otro lado una resolución desfavorable estaría enviando un mensaje a otras empresas multinacionales en la región, que la ley favorece a intereses corporativos por encima de la protección de los pueblos.
En un hecho paralelo, desde hace varios meses vienen ocurriendo hechos de sangre que han costado las vidas de activistas comunitarios que manifiestan su oposición al proyecto minero. Estos deplorables hechos condujeron a que el lunes pasado Pacific Rim publicara un desplegado de página entera en varios periódicos nacionales, negando cualquier conexión entre lo ocurrido y la empresa y asegurando que lo que la firma busca es “contribuir al desarrollo del país en un ambiente de estabilidad y confianza”.
Dice la firma que las acusaciones carecen de fundamento y que se trata de una “campaña de desprestigio que dirigen algunos grupos que trabajan para frenar el desarrollo de El Salvador, respaldados por organizaciones no gubernamentales radicales que destinan recursos y esfuerzos en contra de las inversiones de Pacific Rim, asociando de manera irresponsable hechos de violencia local a las actividades de la industria minera que la compañía desempeña”.
Las autoridades de seguridad calificaron los hechos como de “crimen común”, pero el gobierno del presidente Funes ha comprometido una investigación a fondo de los hechos.
Las demandas de la comunidad se concentran en que Pacific Rim desista de su intención de explotar las minas de El Dorado y que se retire del país. El gobierno ya rechazó los permisos que la compañía requiere para operar.
No es del dominio público lo que el gobierno está haciendo respecto al juicio en su contra, aunque se dice que están negociando con la compañía una solución amistosa. Sin embargo, la compañía alega que ha invertido millones en el proyecto y que de no obtener los permisos tiene que buscar que la inversión le sea restituida.
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