LPG-Debate por revisión de aumento de penas a menores

El anuncio del presidente Funes de crear una comisión que revise el aumento a las penas para los menores infractores aviva el debate entre jueces, diputados y miembros del Gabinete de Seguridad. Los juristas aplauden la medida mientras que algunos diputados critican la posibilidad de un veto.

Escrito por Rossy Tejada.14 de Febrero. Tomado de La Prensa Grafica.

La intención del presidente de la República, Mauricio Funes, de revisar el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado jueves y que eleva de siete a 15 años la pena máxima para los menores de edad que cometan un delito grave, ha suscitado ya un debate entre diversos sectores. Tanto jueces como diputados, miembros del Gabinete de Seguridad y empresarios tienen posiciones encontradas sobre un posible veto presidencial al decreto, que fue aprobado con 76 votos y que reformó el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil.

El Órgano Judicial fue el primero en aplaudir el anuncio del presidente de conformar una comisión para analizar a profundidad el decreto, el que aún no ha llegado a Casa Presidencial, y su intención de escuchar los argumentos de los jueces sobre la conveniencia o no de este.

La magistrada de la Cámara de Menores de San Salvador, Doris Luz Rivas, reaccionó ayer con entusiasmo ante la iniciativa de Funes: “Es importante e interesante que decida hacer lo que la Asamblea no hizo: escucharnos. Queremos expresarle, con toda la información necesaria, por qué no estamos de acuerdo con esa medida, que se ha manejado con bastante ligereza”.

Rivas, acompañada por otros jueces, acudió el jueves pasado al pleno legislativo a presentar un documento para exponer que la medida debía “someterse a debate público” y que en sí misma no soluciona el problema de la criminalidad. Rivas afirmó que los jueces de Menores han creado una comisión que estará presente en las discusiones la próxima semana: “Los diputados quieren dejar el mensaje de una medida ejemplarizante, pero a la población no hay que engañarla tampoco. El menor infractor no está pensando en cuántos años le van a imponer”.

Por su parte, la ex jueza de Menores Aída Santos de Escobar, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) e integrante de la comisión que analizará el decreto, se mostró receptiva con las propuestas que surjan, al decir que en la comisión “no se impondrá criterio, sino que se va a escuchar”. Esto en referencia a que tanto ella como los jueces y el titular del ISNA ya antes se habían pronunciado en contra del aumento a las penas. La funcionaria reiteró ayer, a título personal: “Estoy en contra de la impunidad, pero el delincuente no le tiene miedo a la pena, sino que a la investigación”.

La decisión de Funes de revisar el decreto ha generado resquemor entre los principales partidos políticos. Mario Valiente, diputado de ARENA, fue tajante acerca de un posible veto: “Si lo veta, él se llevará las pedradas, y todas las fracciones podríamos superar ese veto. El presidente no necesita más consultas, que le pregunte a la gente en la calle cómo se siente”.

El FMLN, si bien votó a favor de las reformas, optó por respetar la decisión de Funes. El vicepresidente de la Asamblea y dirigente efemelenista, Sigfrido Reyes, dijo que “no hay nada dramático” en que Funes quiera hacer su propia consulta; sin embargo, defendió el proceder de los diputados: “Según la ley, el Poder Legislativo no debe hacer consulta previa al Ejecutivo o al Judicial sobre las decisiones que toma”.

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