Un acalorado debate domina parte de la agenda nacional, sobre si los periodistas deben ir a la cárcel por sus notas malintencionadas que dañen el honor y la imagen de alguien, o solamente se les castiga con el pago de una cantidad equis de dinero.
Escrito por Gregorio Morán.07 de Febrero. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - La solicitud hecha en 2007 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revisar la despenalización de las críticas periodísticas y determinar si éstas no rozan la ilegalidad ha despertado un resquemor entre políticos y funcionarios que creen que la libertad de expresión estaría en juego.
El responsable de semejante revuelo ha sido el empresario Roberto Bukele Simán, pues él interpuso en 2007 un recurso ante la CSJ para declarar inconstitucionales los incisos segundo y tercero del artículo 191 del Código Penal. Tales incisos, dice, dan lugar a infamias, entre otras cosas.
La Corte se apresta a emitir un fallo en los próximos días sobre la inconstitucionalidad de tales incisos.
El artículo 191 dice en su inciso segundo que no son punibles (objeto de castigo) los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional.
Tampoco merecen castigo los conceptos desfavorables expresados o difundidos por periodistas mediante noticias, reportajes, investigaciones periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general, publicados en medios escritos, radiales, televisivos o de Internet, en cumplimiento del deber de informar.
Y el otro artículo de discordia es el que señala que en cualquiera de las situaciones reguladas no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad penal, los medios escritos, radiales, televisivos e informáticos en que se publiquen los juicios o conceptos antes expresados, ni los propietarios, directores, editores, gerentes del medio de comunicación social o encargados del programa en su caso.
De hamburguesas y libertad de expresión
Bukele Simán, en el pasado dueño de la franquicia de hamburguesas McDonald´s –la que tuvo por 36 años—, tiene sus razones para impugnarlos.
Cuando en 1996 los propietarios de El Diario de Hoy (EDH) mantuvieron en su agenda periodística una fuerte campaña contra el empresario porque consideraban que como representante de la franquicia estadounidense no hizo más que vender “carne chuca”, lo ubicó a él en una situación de víctima de calumnia, injuria y difamación, dice el empresario.
Esto y otras cosas lo llevaron a demandar al propietario del periódico, Enrique Altamirano, quien fue procesado en 2005, pero un año después fue exonerado de cargos por el Tribunal Quinto de Sentencia, cuyos jueces consideraron que no había delito en sus declaraciones.
Bukele también demandó a McDonald´s por haberle retirado la franquicia pese a que el contrato aún estaba vigente y caducaría en el 2016. La multinacional dijo que se vio obligada retirársela precisamente porque Bukele había incumplido con las normas de calidad a las que hacían alusión los reportajes de EDH.
Y tras un largo proceso de 13 años, la Sala de lo Civil le dio en septiembre del 2009 la razón al empresario: McDonald´s debía pagarle $23.9 millones.
¿La cartera o la cárcel?
En las últimas semanas, los medios de comunicación tradicionales han elaborado sendos reportajes advirtiendo que se está atacando la libertad de expresión. Bukele cree que no.
Es más, dice que él cree en la libertad de expresión porque es un derecho fundamental en un país democrático como El Salvador.
“Pero no es lo mismo libertad de expresión que libertad de difamación”, reclamó el empresario. Está claro que a Bukele no le cayó en gracia que en un reportaje El Diario de Hoy –con Enrique Altamirano y su entonces mano derecha, el editor Lafitte Fernández al frente— le haya dicho que la carne de las hamburguesas de sus restaurantes no cumplía con los estándares de higiene.
En el debate, los defensores de las reformas al artículo 191 se cierran en “la defensa de la libertad de expresión”.
Rafael Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en una entrevista en el canal 33 de televisión deja entrever que se está atentando contra el proceso democrático del país.
Y en su razonamiento solamente le cabe una idea: “Quienes están apoyando esto están viendo una oportunidad de controlar los medios de comunicación y callar a los periodistas”.
Y fue más allá: dijo que si los polémicos incisos del decreto se declaran inconstitucionales, en adelante podrían ir a la cárcel los y las que protesten contra algo o alguien, con alguna pancarta, en la calle, pues el decreto en cuestión no atañe exclusivamente a periodistas sino que alcanza también a los y las ciudadanas de a pie.
Pero pensar en que, si la CSJ dictamina la inconstitucionalidad, se encarcelará a activistas que marchan por la calle, no deja de ser algo exagerado. Claro, eso pasa en otros países, como Cuba, donde los críticos al régimen pasan sus días en frías y oscuras celdas. Pero pensar en que eso puede pasar en El Salvador, que ha vivido una guerra de 12 años precisamente porque la crítica política y social se silenció a golpes de culata de fusil, es algo de momento impensable.
Domínguez asegura que no es cuestión de dejar impunes a los y las periodistas que abusando de su influyente posición transmitan información que termine dañando el honor de las personas, pero el castigo no debe ser la cárcel, sino que el asunto se resuelva vía civil. Es decir, si se comprueba que el o la periodista incurrió en faltas graves que conllevaron el daño de la imagen y el honor de alguien, que pague, como se estila en algunos países.
Sin embargo, en otras naciones, la cárcel es lo que le toca a los y las comunicadoras halladas culpables.
Un ejemplo de ello es el de Magaly Medina, una presentadora de televisión de Perú que fue hallada culpable del delito de difamación contra Paolo Guerrero, un futbolista de la selección peruana de fútbol, a quien acusó sin pruebas, de haber abandonado la concentración de su selección en noviembre de 2007. Eso era falso.
Un tribunal de Lima la condenó a retractarse públicamente con el mismo énfasis y el mismo espacio que utilizó en sus programas de televisión cuando afirmó que el futbolista se había marchado de madrugada sin el permiso del técnico de la selección nacional.
En este y otros países democráticos como Brasil, Uruguay y México, se ha luchado insistentemente en sacar del ámbito penal los delitos contra el honor en el caso de los periodistas, pero sí son castigados desde el ámbito civil con pagos para resarcir el daño o con jornadas de utilidad pública, menos con cárcel.
En Venezuela también hubo una condena contra la periodista Patricia Poleo, porque afirmó que un soldado que aparecía agachado frente a un cuerpo tirado en la calle en noviembre en 1992, durante la toma del canal ocho de televisión, era el entonces ministro del interior de Venezuela, Jesse Chacón. Eso era falso y Poleo debió pagar seis meses de prisión preventiva que le fue sustituida por libertad condicional debido a que la pena de cárcel era menor de cinco años.
En El Salvador, mientras tanto, el debate sobre la solicitud de inconstitucionalidad hecha por el empresario demandante, sigue centrándose en la defensa del derecho a la libertad de expresión.
El procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, consideró que en la democracia es importante la tolerancia ante las críticas, de las cuales todo funcionario es objeto.
Y el ex magistrado constitucionalista Mario Solano al exponer su punto de vista sobre las garantías a la libertad de expresión, dijo que en los estados democráticos no puede existir censura previa como lo señala la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José.
En el artículo 13 de dicha Convención se regula la libertad de expresión y dice que no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, expresamente fijadas por la ley, que en el caso de El Salvador están reguladas en el artículo 2 de la Constitución como son los derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad familiar, a la intimidad personal y al honor.
Al referirse a tales posiciones, Bukele Simán dice que “están hablando de que lo que se quiere penalizar es la crítica periodística, pero no es cierto”, aseguró en una entrevista concedida a ContraPunto.
Más bien, dice el empresario, con la reforma penal lo que se está tratando de hacer es proteger los delitos al honor, es decir la injuria, la difamación y la calumnia” y que es eso lo que impugna de ilegal.
¿Al “bote” de todos modos?
El magistrado Solano razonó que a él le parece que la reforma aludida en la inconstitucionalidad presentada por el empresario, no es una situación que derogue (o elimine) los delitos contra el honor.
De ahí que piense que a pesar de la existencia de los incisos agregados al 191, aquellos periodistas que incurran en la lesión del honor de las personas, deberán responder por sus yerros, ya sea con un proceso penal según lo establecido en el Código Penal en caso de difamación, injuria o calumnia o ya sea por la aplicación directa del artículo 2 de la Constitución en sus dos incisos finales, en donde se establece el resarcimiento por daños y perjuicios contra la moral.
En todo caso, dice Solano, es necesario que los medios de comunicación tengan el máximo de libertad para hacer cumplir el derecho a la libre de expresión, que no solo se trata de libre expresión del pensamiento, sino también de los sentimientos, del arte y de otro tipo de expresiones, como lo establecen las reformas.
Pero los medios y los periodistas tienen que ejercer sus derechos, siempre que la información que se da sea veraz, “esa es una autorregulación importante”, apuntó Solano.
En El salvador existen casos de condena por difamación y calumnia, aunque desvinculados del quehacer periodístico.
En julio de 2009, El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Carlos Suadi Simán debido a acusaciones infundadas hechas a través de campos pagados en los medios de comunicación escritos a finales de 2006, contra la empresa Tropigás.
El abogado de la empresa, Lisandro Quintanilla, dijo que a través de esos campos se señalaba a Tropigas como la empresa que daba pesos inexactos en los cilindros (de gas licuado) y que se robaba el subsidio por $1.3 millones.
Bukele Simán, al conocer las diversas posiciones respecto de su demanda ante la Corte Suprema de Justicia, insiste en que la misma no busca atacar “ni la libertad de expresión, ni la crítica periodística”, sino las fisuras que dejan la posibilidad de que los periodistas o los medios incurran en delitos y tales delitos queden impunes.
Otras trincheras
Sigfrido Reyes, en su calidad de dirigente del FMLN, tras advertir que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra en relación a la legalidad o ilegalidad de la reforma impugnada, dijo que personalmente le parece que esas reformas, las cuales no fueron apoyadas en su momento por su fracción legislativa, son “un adefesio y una aberración monstruosa” porque dejan en la impunidad posibles “agresiones al honor”, ante las cuales las personas quedan indefensas.
Se pronunció asimismo porque los medios presenten pruebas de lo que dicen en contra de las demás personas para entender que no se está cayendo en un delito contra el honor ni se lesione la moral de las personas aludidas por los medios de comunicación.
Pero el magistrado Ulices Guzmán dijo a ContraPunto que su visión al respecto se perfila en el sentido que si se declarara la inconstitucionalidad de tales reformas ello sería una “agresión al libre ejercicio del periodismo y una limitación al ejercicio de la libertad de expresión.”
La posición de Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada de ARENA, se pliega en cierta forma a esta visión del magistrado Guzmán. “No vamos a permitir nunca que se rompa la libertad de expresión”, dijo, argumentando que el periodista tiene el derecho de informar y de hacerlo con profesionalismo y con ética.
No obstante, coincide con el ex magistrado Mario solano, en el sentido de que si en algún momento el periodista incurre en delito alguno, existen caminos legales para que las personas afectadas acudan a los tribunales de justicia para que se responda por la lesión al honor y a la moral personales.
Para Bukele Simán, estas posiciones explotadas por los grandes medios periodísticos del país se convierten en una suerte de presión para los magistrados de la Corte que tienen en sus manos el estudio de la legalidad de las reformas.
“La campaña de estos medios habla incluso de que si se declara la inconstitucionalidad se está atentando contra la patria”, dijo el empresario. En respuesta a ello, agrega, se debe tener claro que las reformas nacieron a raíz del proceso penal contra el propietario de El Diario de Hoy y el abogado y ahora diputado Rodolfo Parker, del PDC, presentó las reformas para proteger a Altamirano, según Bukele.
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