Unicef y la PDDH le pidieron al Estado salvadoreño un mejor tratamiento del problema de la delincuencia y no limitarse a incrementar las penas a los menores. La experiencia ha demostrado que ésa medida no disuade a los criminales.
Escrito por Gregorio Morán. 11 de Febrero. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - Las autoridades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se pronunciaron en contra del aumento de penas para los menores infractores, si ésta se toma como medida irreflexiva, regresiva y que ve el fenómeno con un enfoque de inmediatez.
Los diputados de la Gran Alianza Nacional (GANA) ha propuesto a la Asamblea Legislativa aumentar de siete a 15 años la pena para los menores que cometen homicidios, secuestros, extorsiones y otros graves delitos, creyendo que aumentando los años de cárcel bajarán los índices delincuenciales.
La propuesta ha recibido el apoyo de los demás partidos políticos. Mario Valiente, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dice que no se está tratando con angelitos, sino con personas que desmiembran a sus víctimas.
Pero la medida no ha sido bien recibida por Unicef ni por la PDHH.
“El encierro por sí solo no rehabilita a nadie” reclamó Unicef, a través de su representante nacional, Miriam de Figueroa, mientras señalaba que sus recomendaciones hechas hace 12 años cuando por primera vez abordó el problema de las pandillas, solo tuvo una respuesta eminentemente policial.
El Salvador viene arrastrando desde hace varios años una ola delictiva que parece no detenerse. El 2009 cerró con 4,365 homicidios, la cifra más alta en varios años, disparando la tasa de asesinatos a 76 por cada 100,000 habitantes. El promedio latinoamericano es de 25 por cada 100,000 habitantes.
En noviembre pasado, el nuevo gobierno de Mauricio Funes dio luz verde al plan de lanzar 2,500 soldados a los poblados más violentos a realizar labores de seguridad pública. Pero tal acción aún no arroja resultados positivos.
El pasado 5 de febrero, Funes dio a conocer el bosquejo de un plan de seguridad, aún en construcción, con el que pretende enfrentar la ola delictiva, y que incluirá más control en los centros penitenciarios del país, de donde se sabe salen muchas de las órdenes para cometer crímenes, así como fortalecer a la Policía para darle más capacidad de choque ante el crimen, entre otras medidas.
Más encierro no es igual a menos crimen
Unicef ha sostenido que este problema social debía abordarse de forma integral a través de políticas públicas principalmente de apoyo a la familia, lugar donde se aprende o se rechaza la violencia.
Eso debía ser complementado con una importante inversión en la niñez, la adolescencia y la juventud con programas dirigidos a las zonas de mayor riesgo y orientados a la integración educativa y laboral.
Mas todo cayó en sacos rotos. Los gobiernos en turno apostaron a la mano dura y se refugiaron en “slogans” propagandísticos electorales. “A los malacates se les terminó la fiesta”, dijo el entonces presidente Antonio Saca al inicio del último mandato de cinco años que tuvo la derecha en el país, después de 20 de gobernarlo, desde 1989 hasta junio del 2009.
Después de cinco años de pronunciada aquella célebre frase, “los malacates” siguen de fiesta y hacen de la muerte inflingida con barbarie un trofeo macabro.
A la voz de Unicef se sumó la del Procurador de Derechos Humanos en funciones, Salvador Menéndez Leal. Dijo a ContraPunto que esta entidad se ve en la necesidad de llamar a los diputados para que ante la eventual aprobación del endurecimiento de las penas, “se haga como resultado de una reflexión técnica y profunda muy seria”.
En la misma lógica de la reflexión de Unicef, Menéndez Leal dijo que hasta hoy en El Salvador la PDDH no ha identificado “ni una sociedad, ni un sistema donde el endurecimiento de las penas ha sido un factor decisivo para desestimular o disuadir de la comisión de ilícitos”.
Y el especialista ecuatoriano en legislación de menores, Farith Simon Campaña, quien se encuentra de visita en El Salvador en calidad de consultor, confirma lo dicho por Menéndez Leal: el endurecimiento de penas por sí mismo no produce los efectos deseados, es decir, disuadir a los delincuentes.
Campaña es un abogado que ha trabajado para Unicef como consultor sobre reformas legales a la legislación de menores en su país y Colombia y es catedrático en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y en la Universidad San Francisco de Quito.
Contrario a lo que creen los diputados, De Figueroa y Menéndez Leal advierten que a una medida como la sugerida por GANA, y sobre la cual parece que no hay marcha atrás, deben acompañarla otras iniciativas paralelas y entender que las penas sirven para resocializar y para reeducar, un mandato legal que por ahora es una gran deuda en el país.
De otro modo agrega Menéndez Leal, aumentar la pena a 75 años para los adultos, como ya se hizo, y a 15 para los menores, solo demuestra el fracaso de las políticas preventivas del sistema y de todo lo que es el fin último de la pena.
Y en palabras de Figueroa solo con medidas integrales “el aumento de los años de internamiento para un menor de edad que ha cometido un delito aberrante” será eficiente. Equivale a decir que para sentenciar a la pena máxima de 15 años a los menores deberá contarse, por ejemplo, con una investigación eficiente.
Los atajos conducen al precipicio
Los actores del sistema penal y todos los órganos del Estado tienen que asumir su responsabilidad ante el fenómeno, estiman tanto la PDDH como Unicef.
Por ello les han repartido tareas. La PDDH dice que la prevención es un elemento clave que debe ser implementado eficientemente; que previamente debe prepararse al Instituto Salvadoreño para la Protección de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para hacerle frente a una población interna que crecerá ante tal incremento de la pena.
Luis Salazar, director Ejecutivo del ISNA, ya había señalado, en una entrevista concedida a La Prensa Gráfica ese martes 9 de febrero, que lo único que ha hecho el incremento de penas ha sido “abarrotar los centros penales del país”.
Por hoy esa institución no cuenta ni con los recursos económicos ni con el personal especializado que se requiere para este tipo de casos, abonó De Figueroa.
Por otra parte agregó que “mutilar y desmembrar un cadáver –como ha estado sucediendo últimamente- es una acción típica de un psicópata, de alguien que tiene un desequilibrio grave en su forma de sentir, pensar y actuar”. Entre estos jóvenes, hay muchos que necesitan ayuda psiquiátrica y medicación continuada y no la están recibiendo, por la falta de recursos de las instituciones.
Los expertos que hablaron con ContraPunto tienen claro que no solo se trata de aumentar las penas, sino de lograr que esta medida se traduzca en jóvenes rehabilitados y reinsertados a la familia y la sociedad y no reproduzca delincuentes.
Pero las tareas no solo deben comprometer a las instituciones. A juicio de Unicef, las investigaciones para deducir responsabilidades deberían ser tratadas de forma especial tanto por las autoridades como por los medios de comunicación.
Los adultos que reclutan a menores para que comentan actos delictivos deberían enfrentar esta acción como una agravante en su pena. Los padres de los menores que delinquen deben asumir también una responsabilidad de mayor control sobre sus hijos e hijas, recomendó el organismo de las Naciones Unidas.
También, que el poder Ejecutivo invierta de acuerdo con la complejidad y magnitud del problema delincuencial y de violencia en la construcción de un modelo educativo con especial énfasis en los centros de internamiento, así como procurar que destinen y aprueben los recursos suficientes para que las instituciones responsables de atender a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y con necesidad de tratamiento psicológico y psiquiátrico, cuenten con suficiente personal debidamente especializado y con los programas necesarios que la reinserción requiera.
Si todo lo anterior no se cumple, Menéndez Leal advierte que sólo aumentar la pena habrá conducido al país a tomar un atajo “y los cominos cortos y los atajos conducen al precipicio”.
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