Co Latino-El poder de las empresas ante la ausencia de políticas públicas de responsabilidad social empresarial

Escrito por Julio Olivo Granadino(Juliolivo@yahoo.com) 02 de Febrero. Tomado de Diario Co Latino.

Era de esperarse que ante la inexistencia del diseño de políticas públicas en torno a la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, se produce una especie de ofensiva de las empresas nacionales y sobre todo transnacionales, direccionada a no aceptar ninguna decisión que vaya en contra de una supuesta y mal interpretada “seguridad jurídica”, auspiciada en el pasado por gobiernos irresponsables, cuyo menú a la carta incluía:  “paraíso fiscal”,  “libertinaje de mercado”, débiles y titubeantes entidades “reguladoras” (Defensoría del Consumidor, Superintendencia de “Defensa de la Competencia”, SIGET, y otras), como coronación de  un sistema que asumió casi como religión el “neoliberalismo económico”, que dicho sea de paso, fue bautizado por el mismo Papa Juan Pablo II como: “capitalismo salvaje”.

Tal sistema de libertinaje e incongruencia social, enarbolado por aquellos que privilegian la maximización de ganancias, el capital y el libre mercado como el único norte de sus vidas, olvidando que nuestra constitución privilegia a la “persona humana” como centro del accionar del Estado; trae como legítima consecuencia una sociedad de las más violentas de Americana Latina, ubicada por el PNUD en un penoso lugar 152 debido a la pobre inversión en desarrollo humano, a lo que todavía se agrega la calificación negativa y recurrente del Banco Mundial en relación a la “injusta repartición de la riqueza”.

Es éste y no otro, el espejo en donde deben verse reflejadas las empresas, para admirar el país que han ayudo con tanto “sacrificio” a construir o destruir. ¡Bravo por eso! Obviamente, esto último no significa que, el Estado y la sociedad civil y política, no tengan o tengamos, una buena cuota de responsabilidad en la construcción de la sociedad que tenemos.

Pero el asunto es que ahora, el Estado y el gobierno del cambio, tienen y seguirán teniendo que soportar el peso del enorme poder conferido históricamente a las empresas salvadoreñas y transnacionales, el cual ha sido usado en la mayoría de casos de manera irresponsable y abusiva. Cito como ejemplos, la producción de externalidades negativas tales como: violación de derechos laborales, violación de derechos humanos, intervención en política y asuntos internos, contaminación del medio ambiente, actos de corrupción, entre otros. 

Tal parece que nuestras empresas que pronto desfilarán por la alfombra roja de la Teletón, continúan suspendidas en una burbuja de tiempo que no las deja avanzar de las obras de caridad hacia mayores derroteros implicados en el tema de la Responsabilidad Social Empresarial.

Esto se evidencia en su negativa a aceptar cualquier  “Nuevo Pacto Social”, sea éste de justicia tributaria, ambiental, laboral, ordenamiento territorial, eliminación de subsidios, etc.

Contrario a lo que está sucediendo en el mundo en donde las empresas, están suscribiendo voluntariamente instrumentos internacionales, a fin de asumir nuevos compromisos en torno al desarrollo social, entre éstos: los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, los Equator Principles (en el caso de la Banca), las reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); o están creando leyes de Responsabilidad Social Empresarial como acaba de suceder en Costa Rica.

La reciente amenaza de las empresas de telefonía fija, es un buen ejemplo de irresponsabilidad social empresarial, quien violando las reglas de la OCDE (intervención en las decisiones de los estados), las contenidas en la Declaración Tripartita de la OIT, entre otras, y haciendo eco de lo que ellas entienden por “seguridad jurídica”; pretenden influir en las decisiones que constitucionalmente han sido conferidas a los órganos del Estado, para seguir gozando de las bondades y seguridades ofrecidas por un mercado desregulado, un Estado complaciente y semi privatizado. ¿Cuál violación a la seguridad jurídica? Si el Órgano Legislativo es en ente facultado por la Constitución para crear las normas, siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales plasmados en la misma Constitución.

Este último no tiene que consultar a otro Órgano del Estado, ya que el sistema democrático y el Estado Constitucional, se caracteriza por la separación de poderes, y más bien, al hacerlo se estaría produciendo una vulneración al Estado Constitucional. Diferente es, la relación de cooperación y coordinación que puede establecerse entre un órgano y otro, teniendo sumo cuidado de no caer en relaciones de subordinación, como ha ocurrido en el pasado. 

Sólo en El Salvador, las empresas se pueden dar el lujo de amenazar al Estado y gobierno con abandonar el país, si no se atienden sus caprichos. Sólo en nuestro país, se pueden dar el lujo de pagar los impuestos que quieren, o elegir los impuestos a la carta.

Ya las quisiera ver amenazando a Costa Rica, que tiene la empresa estatal de telefonía fija más sólida y mejor organizada de América Latina, o al Estado español que no cayó en la trampa de ceder los activos del Estado en los procesos de privatización, y ya no se diga al gobierno de EE.UU. en donde los bancos fueron prácticamente estatizados en el contexto de la reciente crisis económica. ¡Vayanse! les dirían, para que queremos empresas socialmente irresponsables, condenadas a morir de éxito por su avidez de ganancias a corto plazo y falta de contribución al desarrollo social. 

¿Les juro que no se irán? ¿A que otro paraíso fiscal podrían irse? sin tener que invertir más de los 120 millones que dicen que van a perder.  

En realidad, la esencia del problema de las empresas, al no existir políticas públicas de responsabilidad social en el país, estará signado en el futuro por una especie de medición de fuerzas con respecto al estado y gobierno, en aras de conservar a toda costa, todos y cada uno de sus privilegios. Es decir, mantener el “libre mercado” tan libre como sea posible para seguir “ordeñando la mejor vaca del Estado”; mientras por otro lado, un verdadero Estado y gobierno que privilegie el beneficio social (algunos todavía creemos que puede ser el de Funes) seguirá luchando por controlar esas fuerzas ciegas y dispersas que ya han demostrado hasta la saciedad que no son capaces de realizar por sí mismas una justa distribución de la riqueza nacional.

De ahí que, son inherentes al libre mercado y al modelo capitalista (mientras nos toque vivir o invivir en el mismo), en materia de derecho económico, guste o no guste a las empresas, sobre todo en países que fueron objeto de privatizaciones fundamentalistas; la urgente aplicación de procesos de “regulación” y “re-regulación”, cuando se advierten errores en el sistema y en su aplicación.

Es el caso de la telefonía fija, que debido a los abusos en el mercado y con respecto a los consumidores, requiere de nuevas reglas del juego que, por supuesto, tendrán que realizarse conforme a derecho.

Se suman, la necesidad de robustecer las instituciones encargadas de la defensa de los consumidores, la libre competencia y, lo que es más importante, el diseño y promoción de políticas públicas relacionadas con  la RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, asumiendo sus principios, reglas, instrumentos, códigos de conducta, leyes, etc., dirigidas al establecimiento del buen gobierno empresarial, auditoría social, transparencia, y rendición de cuentas a la sociedad.

Mientras esto último no suceda, de nada servirá pretender ingenuamente, exigir a empresas social e históricamente irresponsables una conducta diferente.