Contra Punto-Urge aumentar la resiliencia económica ante desastres

Escrito por Willian E. Marroquín. 11 de Febrero. Tomado de Contra Punto.

Lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos

SAN SALVADOR - La tormenta del 7 de noviembre del año 2009 que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa fue registrada en la base de datos mundial de desastres (EM-DAT/CRED, http://www.emdat.be/result- country-profile ) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos.  Si a esta última cifra se agregan los daños  ocasionados por la sequía  ($27 millones) que había afectado al país antes del desastre, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en el año 2009. Solo en los últimos 30 años el país ha tenido una pérdida en daños económicos, debido a grandes desastres, de 5508.3 millones de dólares. Los daños ocasionados por eventos pequeños como el frente frío del mes de enero de 2010 (vea Figura) no se incluyen en estas cifras económicas; sin embargo, los daños debido este evento pueden consultarse en http://www.proteccioncivil. gob.sv/index.php?option=com_ content&view=article&id=501& Itemid=141.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida anual económica debida a grandes desastres de 184 millones de dólares aproximadamente. Estimados  del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD) para el año 2000, indicaban un aproximado de 139 millones en pérdidas al año (no incluía los daños ocasionados por los terremotos del 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el Evento Máximo Considerado (EMC) y la Resiliencia Económica del país; es decir, el indicador mide el riesgo del país en términos macroeconómicos y financieros  ante la situación más crítica que puede suceder en un país durante un tiempo de exposición dado y la capacidad financiera del país para hacerle frente a esta situación.
Para el caso de El Salvador, este indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de periodo de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. Es decir, se asume que la probabilidad de que ocurra el EMC es del 2% en 10 años y su valor indica que de ocurrir el EMC, este superaría en casi 3 veces la capacidad del gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a que el país puede acceder en caso a desastres y que provienen de diferentes fuentes tales como: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos que el gobierno podría aplicar.
La pregunta obligada en este momento es ¿Qué ha hecho El Salvador en este tema?.  Hasta el año 2005 el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El Art 4 del decreto 778 establece que “Los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demande una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo, afecten un espacio limitado del territorio nacional”.
Este es un buen avance de fortalecimiento institucional, pero con el dinero de  FOPROMID y la situación endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años a menos que se tomen medidas urgentes  para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de hacienda y medio ambiente anunciaron cada uno de ellos dos fondos: el primero es que el directorio del Banco Mundial consideró darle a El Salvador un crédito contingencial por $50 millones, que podría ser utilizado únicamente en caso de cualquier desastre nacional, y el segundo, anunciado por el MARN  el pasado 22 de enero de 2010 que pretende invertir $23.5 millones en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: la formación, el monitoreo, el desarrollo y la educación. Este último fondo está pensado más en fortalecimiento del MARN que en tener un impacto más directo en la reducción de vulnerabilidad del país.
Ante la situación de alta vulnerabilidad del país y debido a que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas se debe tomar en serio el fortalecimiento  del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice más como fondo de prevención y mitigación de riesgos y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hace aún más que necesario que se adopten medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta,  como ha sucedido en años anteriores. En esencia lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país de tal forma de lograr mejorar el índice de déficit por desastre. Sin duda otra de las tareas pendientes de este Gobierno.

Urge aumentar la resiliencia económica ante desastres