Contra Punto-FMLN se mantiene firme en anular cuota telefónica

La pugna por el polémico decreto 250, que anula el cargo de telefonía fija, se ha trasladado a las movedizas arenas de la Asamblea Legislativa, después de que el presidente Funes enviara sus observaciones en torno al decreto. Allí cualquier cosa puede suceder.

Escrito por Redacción. 17 de Febrero. Tomado de ContraPunto

SAN SALVADOR – El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mantiene inamovible su posición de que el decreto 250 que anula el cargo básico de telefonía se mantenga tal cual fue aprobado por los diputados el pasado 21 de enero, después de que el presidente Mauricio Funes envió ayer 15 al Congreso sus alegatos de por qué el decreto en mención no tiene su luz verde para que se convierta en ley de la República.

Funes ya había adelantado que no avalaría ese decreto, ni lo vetaría, así que optó por “observarlo”, como se llama en la jerga al hecho de pedir cambios en el decreto antes de darle el visto bueno para que se convierta en ley.

Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y abanderado del decreto 250, dijo a ContraPunto que los diputados que levantaron su brazo para aprobar el decreto en cuestión deberían mantener su posición a pesar de los alegatos de Funes. La normativa fue aprobada por una amplia mayoría: 78 votos de 84 posibles.

“Si nosotros actuamos en la posición de favorecer a la gente, al pueblo, que está en una posición económica difícil, deberíamos mantener la posición del 21 de enero...”, reiteró el político”, adelantando que el Frente se mantiene inamovible en ese aspecto.

La aprobación del decreto 250 ha causado gran revuelo en los círculos políticos, económicos y sociales del país desde su aprobación. Se eliminó de un plumazo el cargo de $9.42 que las compañías telefónicas cobraban como cargo fijo (residencial), es decir que aunque las y los clientes no hicieran una tan sola llamada, siempre se les cobra ese cargo.

La medida causó furor en la población y grupos de la sociedad civil, que vieron un alivio al alto costo de la vida. Pero Funes reaccionó airado. Dijo que los diputados fueron populistas, que no midieron los efectos que eso pudiera tener en la imagen del país, al cambiar abruptamente el marco jurídico, las reglas del juego. De hecho, algunas de las principales compañías afectadas, como CTE Telecom, que maneja cerca del 90% de las líneas fijas del país, han amenazado con retirar sus inversiones de El Salvador.

Pero tampoco se atrevió a vetarlo, sino que se limitó a “observarlo” o pedir cambios, aunque lo curioso es que, en su escrito enviado a los diputados, no pide cambios de ningún tipo.

Lorenza dijo: “Funes sólo entra a hacer un comentario específico, puntual, al contendido del decreto cuando él hace una corrección al nombre del cargo al que nos estamos refiriendo. Él dice que el nombre debe ser Cargo de Acceso ya que en el decreto que nosotros hicimos se puso Cargo Básico de telefonía”. En ese aspecto semántico, Lorenzana reconoció que el Presidente tiene la razón.

“El punto es que en los recibos que le llegan a la población se establece como Cargo Básico de telefonía. Sin embargo, en la Ley de Telecomunicaciones, en el Artículo 6 se establece como Cargo de Acceso; de tal manera que el Presidente tiene razón, si nos atenemos al concepto que establece la ley. Esa observación no tenemos ningún problema en atenderla”, agregó Lorenzana.

Pero Funes hizo otra consideración importante, más allá del tema semántico de si se llama cargo de acceso o cargo básico de telefonía: les dijo a los diputados que ese cobro existía incluso desde antes de que se privatizara la otrora Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), vendida en 1997 a France Telecom y que ahora se llama CTE Telecom.

Con ese argumento el Presidente pretende derribar el alegato de los legisladores de que ese cobro de telefonía tenía como fin compensar las inversiones que los franceses hicieron el primer año de adquirida Antel, y como esas inversiones ya se habían recuperado con creces, el cargo básico ya no tenía razón de ser. Los franceses vendieron posteriormente la empresa a América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los inversionistas con que Funes se codeó durante la pasada campaña electoral salvadoreña, cercanía que ha despertado suspicacias en cuanto a que esa relación estaría motivando la actitud iracunda de Funes en defender a las empresas telefónicas, en lugar de echarle el hombro a los y las salvadoreñas que deben hacer malabares para sobrevivir en medio de la aguda crisis económica mundial.

Sea como fuere, el caso es que con los argumentos enviados por Funes al Congreso, que como ya se dijo no piden modificación de nada, pareciera que el mandatario pudiera estar interesado en ganar tiempo para introducir en el seno del legislativo un ingrediente que posibilite una negociación entre las distintas fracciones, en torno a cuánto debería de bajar el cargo, en lugar de anularlo.

En los medios de comunicación se ha sostenido que Funes quería que se disminuyera el cargo “fijo” o de “acceso”; también circuló una versión de llegar a una “media” de lo que se cobra en la región por tal concepto.

“Creo que el presidente Funes está haciendo un esfuerzo para que la aprobación del decreto 250 no se consolide como está. Prefirió no fijar una posición en tema de monto porque posiblemente no ha concluido la negociación que él dice está haciendo con las empresas. Pero en caso de la Asamblea Legislativa no tenemos por qué estar sujetos a una negociación”, dijo Lorenzana.

“Después de las observaciones planteadas por el Presidente, éstas irán a debate entre los diputados: primero a la comisión de economía y luego al pleno”, dijo Lorenzana, quien consideró que el FMLN estima que cualquier reducción de tal monto será beneficioso para el país y la población, pero que como partido mantienen la posición de “suprimir” dicho monto.

“Es prematuro saber cuáles serán las posiciones del resto de fracciones”, dijo el diputado izquierdista, quien exhortó a sus colegas de los otros partidos a ser coherentes y a que se cumpla el compromiso adoptado en enero.

Pero Lorenzana hizo una última reflexión: “Desde el momento que las empresas están reconociendo que pueden bajar dicho cargo, están demostrando que había un exceso, un abuso para el pueblo salvadoreño. Todavía más: ya habían solicitado un incremento de 9 dólares a 14. O sea, en este país si uno no golpea la mesa, los intereses de la población son atropellados”.

FMLN se mantiene firme en anular cuota telefónica