Escrito por Jeannette Aguilar. 15 de Febrero. Tomado de Diario Co Latino.
La gravedad de la situación de criminalidad es insoslayable en el país. Los más de 4,000 asesinatos registrados en 2009 son una muestra irrefutable de la grave situación de inseguridad que enfrenta el país. Pero esta violencia letal que ha experimentado El Salvador en el último quinquenio no sólo es alarmante por el número de muertos que se cuentan día a día, sino por los patrones que predominan en la ejecución de los mismos. Las circunstancias que rodean muchos de estos hechos, la información sobre el modus operandi de los perpetradores y, los rasgos que presentan muchos de los cadáveres son entre otros, elementos que sugieren que no estamos ante un fenómeno de delincuencia común ni de delincuentes de bagatela.
Un informe presentado a finales de 2009 por el Instituto de Medicina Legal revela que en la última década el móvil asociado a los homicidios ha variado de forma importante. Mientras que a inicios de la década, la mayoría de homicidios estaban vinculados a un móvil de delincuencia común, en los últimos años, cerca del 60 por ciento de los asesinatos se ubica en la categoría de móvil desconocido. Asociado a ello, un alto porcentaje de los crímenes que se cometen en el país conlleva una elevada dosis de crueldad y lujo de barbarie.
Los reconocimientos forenses revelan que mu-chas de las víctimas presentan señales de tortura, lapidaciones, estrangulamientos, decapitación, desmembra-mientos o tiros de gracia. Sus cuerpos aparecen con sogas en el cuello, amarrados de pies y manos o calcinados; son abandonados en sacos o bolsas en predios baldíos, carreteras, barrancos o ríos.
En otros casos, los cuerpos de las víctimas son localizadas en cementerios clandestinos o en pozas, luego de haberse reportado como desaparecidos. Es habitual además que las personas hayan sido previamente privadas de su libertad, días u horas antes de su ejecución. Aunado a lo anterior, los análisis toxicológicos de Medicina Legal revelan que en los últimos años, en los cuerpos de las víctimas se han encontrado cantidades regulares de alcohol y droga en sangre.
Para el caso, el 34 por ciento de los cadáveres reconocidos en 2005 en 12 de los 14 departamentos del país presentaban regulares cantidades de alcohol, marihuana, cocaína y benzodiacepinas.
De acuerdo a este mismo informe, otra modalidad dominante en las ejecuciones es que grupos de hombres con armas de grueso calibre, vestidos con uniformes y gorros navarone, bajan de sus vehículos para ejecutar a las víctimas sin mediar palabra, mientras éstas circulan por la calle o se encuentran reunidos en ciertos lugares.
Esto hace pensar que sus perpetradores habían dado seguimiento a las víctimas y conocían con precisión los lugares en que se encontraban, como sucedió recientemente en las masacres ocurridas en el cantón Milingo de Suchitoto y en Tonacatepeque.
Estos datos muestran que los perpetradores de muchos de estos crímenes son grupos armados con experiencia en ejecuciones extrajudiciales, quienes actúan con completa premeditación, planificación e impunidad, al estilo de las prácticas del pasado.
Las modalidades bajo las que operan guardan enormes símiles con las utilizadas por el crimen organizado y el narcotráfico en Guatemala o México. ¿Se trata de grupos con meros fines de limpieza social o de delincuentes que operan al servicio de la criminalidad organizada en defensa de sus mercados ilegales? Es una pregunta que el Ministro de Justicia y Seguridad y el Fiscal General deberían responder con urgencia.
Hasta hoy, muy poco se ha hecho en el campo del combate de la criminalidad organizada en el país, aunque hay cada vez más indicios que estas estructuras han encontrado un terreno fértil en El Salvador y, cuya violencia se puede estar agudizando a partir de los reacomodos que muy probablemente estas redes de economía criminal están sufriendo en el marco de un nuevo escenario político.
Frente a este contexto, la respuesta obligada del Estado debe apuntar a atacar con inteligencia y efectividad al crimen organizado en sus diferentes expresiones y ramificaciones. Para ello, es urgente avanzar en el fortalecimiento de la capacidad investigativa del delito a través de herramientas técnicas y científicas; mejorar la coordinación y articulación entre los órganos del sistema de justicia; avanzar sin más excusas en la necesaria y urgente depuración de la PNC y de la Fiscalía General de la República; fortalecer la coordinación regional para el combate de la criminalidad no convencional y tener la voluntad política para investigar y sancionar sin vacilación a las redes de la criminalidad organizada y sus posibles conexiones con el poder político, el poder económico y el poder financiero.
Aunque algunos de estos aspectos ya están contemplados en la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que el presidente Funes ha presentado recientemente a diferentes sectores del país, hace falta un énfasis en acciones orientadas al combate de delitos organizados como el lavado de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas y otros delitos de cuello blanco.
A su vez, la política adolece del necesario balance entre prevención y coacción y de un enfoque integral e integrado, que le de sostenibilidad en términos de resultados, a partir del impacto en los factores asociados al crimen y no sólo a sus expresiones.
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