Los diputados de los dos principales partidos concordaron este lunes en que es necesario crear una nueva institución que garantice el sistema de acceso a la información pública. La Comisión de Legislación ya depuró en un solo borrador los dos anteproyectos con los que había partido.
Escrito por Ricardo Vaquerano.19 de Octubre. Tomado de El Faro.
La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa logró fusionar en uno solo los dos anteproyectos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) que tenía en sus manos, y se dedicó este lunes a amarrar algunos detalles, como que el organismo que garantice el derecho a la información sea una institución nueva, y no una ya existente como el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
Los diputados se reunieron esta mañana con miembros del Grupo Promotor (GP) de la ley, con quienes discutieron sus preocupaciones sobre los costos económicos de crear un nuevo organismo. La discusión fue breve en la medida en que el GP les recordó que el Estado ya carga con costos millonarios por carecer de un sistema de transparencia, como se ha evidenciado en obras públicas sin terminar de ejecutarse y en otras que han terminado en millonarias demandas.
Hace un mes, cuando el GP hizo una primera presentación de su anteproyecto a la comisión, la presidenta del TEG, Lizette Kuri de Mendoza, pidió que se considerara que el Tribunal asuma las funciones de dirimir conflictos entre solicitantes de información pública e instituciones estatales que la nieguen.
El anteproyecto de LTAIP propone un sistema que obligue al Estado a generar información, clasificarla y ponerla a disposición del público cuando sea de índole pública. La información podría ser de tres tipos: pública, confidencial y reservada. A diferencia de la información pública, la confidencial y la reservada no estarían disponibles para la ciudadanía en general. La confidencial es la que tiene que ver con datos personales sensibles de los ciudadanos, como salud, inclinaciones religiosas o sexuales, y la reservada es aquella que no se puede divulgar porque tiene relación con seguridad nacional.
En caso de conflicto entre un ciudadano o institución que vea rechazada una petición de información, el instituto garante resolvería y tendría la potestad de sancionar al funcionario infractor. Las infracciones a la ley se podrían castigar con tanta severidad que hasta existiría la posibilidad de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes.
Fue el diputado arenero Mario Valiente quien expresó su preocupación por el presupuesto que pueda requerir el instituto garante. Eso abriría las puertas a discutir si resultaba más barato darle las nuevas atribuciones al TEG.
Después de esa intervención, el presidente de la comisión, el también arenero Guillermo Ávila Qüehl, pidió que se discutiera cuál podría ser el rol del TEG. Entonces los miembros del Grupo Promotor recordaron por qué es preferible crear una nueva institución. Javier Argueta, de la ANEP, Claudia Umaña, de Fusades, y René Fortín Magaña, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, señalaron que todo indica que es más caro para el país seguir sin un sistema de transparencia.
Argueta y Fortín Magaña, además, coincidieron en que las atribuciones del TEG son diametralmente opuestas a las que tendría el instituto garante. “Las atribuciones del Tribunal son actos administrativos internos, que tienen que ver con el comportamiento de los servidores públicos dentro del Estado, en cambio, las del instituto son actos administrativos externos, vigilaría unas relaciones entre ciudadanos y el Estado”, dijo Argueta.
Fortín Magaña hizo una solicitud de Ávila Qüehl para que diera a conocer “el fondo que invoca la presidenta del Tribunal” para que esa institución tutele los derechos de acceso a la información.
Luego de esas intervenciones vino una cascada de adhesiones a la propuesta del Grupo Promotor. “Yo creo que merece una institucionalidad nueva. Las cuestiones presupuestarias no deberían de ser razón para darle al Tribunal estas nuevas atribuciones. Además, el presupuesto para el instituto garante no debería ser grande”, dijo Ávila Qüehl.
A esa voz se sumaron las de Jaime Valdez, del FMLN, y la de Rafael Machuca, del PCN, quien lo que pidió fue que se pensara en cómo racionalizar el trabajo del instituto garante y el gasto del Estado.
Benito Lara, del FMLN, estimó que el anteproyecto de ley está consensuado en alrededor del 90%. Falta acuerdo en dos puntos: en quiénes integrarían el instituto garante y en qué institución los nombraría.
El Grupo Promotor propone que los nombre la Corte Suprema de Justicia, mientras que los diputados del FMLN se inclinan por nombramientos del parlamento. Y en cuanto a los integrantes, el FMLN no quiere que la ANEP forme parte del instituto garante, y pide que aparte de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también se incorpore a representantes de otros gremios de periodistas, y solicita que se incorpore a miembros de ONGs vinculadas a la lucha por la transparencia.
Lara consideró que esos son detalles que se resolverán en una discusión entre los diputados. "Ahora ya es decisión política. Debemos de reflexionar sobre la composición del consejo o instituto garante, para hacerlo lo más democrático posible (...) Esta ley le ahorrará plata al gobierno y a la vez será garantía porque obligará a la transparencia y contribuirá a combatir la corrupción", dijo.
Las expectativas del Grupo Promotor son que 2009 no termine sin una ley. En todo el continente, solo El Salvador carece de una normativa de este tipo.
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