Primeros 100 días: logros, silencios, amenazas, chantajes… y desafíos

Escrito por Elaine FreedmanLunes 19 de Octobre. Tomado de Simpatizantes del FMLN.

La llegada al gobierno de Mauricio Funes ha provocado el reacomodo de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Antes que evaluar los primeros 100 días de Funes en el gobierno, resulta más útil valorar el inicial comportamiento de todas esas fuerzas en el nuevo contexto.
Dicen que la costumbre de analizar los primeros 100 días de gestión de un nuevo Presidente es una tradición, como tantas, nacida en Estados Unidos -en este caso con la administración de Franklin D. Roosevelt-. Fue importada a El Salvador, en este caso bajo los auspicios de la UCA, con la administración de Alfredo Cristiani en 1989. La tradición se tornó rutina, hasta que el cambio de gobierno que se dio el 1 de junio -por la magnitud que significó la salida de ARENA de la Presidencia, después de veinte años en el Poder Ejecutivo- produjo un vuelco nada rutinario.

La llegada al gobierno de Mauricio Funes ha provocado un necesario reacomodo de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Por eso, más que enfocarnos exclusivamente en una evaluación de sus primeros 100 días, resulta más útil valorar los primeros comportamientos de esas fuerzas en el nuevo contexto.

PRIORIDAD DEL NUEVO GOBIERNO: PALIAR LA CRISIS
La apuesta del nuevo gobierno para los “100 días de prueba” fue poner en marcha un plan anti-crisis: una serie de medidas -en su mayoría asistencialistas, pero igualmente urgentes- para mejorar a corto plazo las condiciones de vida de la población “más afectada por la crisis”, los famosos “más pobres de los pobres”, quienes han llegado a ser más y más pobres por la crisis internacional y también por las medidas económicas impulsadas durante veinte años de gobiernos de ARENA.

Desde 2006 a 2008 el porcentaje de pobres creció en El Salvador en 10%, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de los años 2006, 2007 y 2008. Esto significó 461 mil personas más en estado de pobreza. Del total de personas pobres, un millón y medio viven una pobreza calificada como “relativa” y otras 697 mil en pobreza extrema. En diciembre de 2008, la canasta de alimentos para las familias urbanas de cuatro miembros costaba 177 dólares y la ampliada 354, mientras que el salario mínimo urbano promedio era de 182 dólares. Para las familias rurales, en el mismo mes y año, la canasta alimentaria valía 108 dólares y la ampliada, 216. El salario mínimo rural de ese año era de sólo 97 dólares.

Casey Reckman, Director Asociado en el Grupo de Soberanos Latinoamericanos de Fitch Ratings, comentó días después de las elecciones de marzo: “La economía de El Salvador está siendo impactada por un menor nivel de demanda externa y decrecientes niveles de remesas familiares. Sin embargo, las opciones de respuesta a través de políticas públicas del nuevo gobierno son limitadas en una economía dolarizada y a la luz de la estrechez fiscal”. Días después de los comicios electorales el gobierno saliente de Elías Antonio Saca admitió que las proyecciones de crecimiento económico que había anunciado meses antes eran falsas y que la economía estaba retrocediendo.

100 DÍAS DE MEDIDAS POPULARES:
BUEN COMIENZO
En este contexto, medidas como la eliminación del pago de las llamadas cuotas voluntarias en los servicios públicos de salud y el abastecimiento de medicamentos y otros insumos en los hospitales estatales han sido claves para granjearle simpatías al nuevo gobierno. Igualmente, tuvo buen eco la entrega de uniformes y útiles escolares y la ampliación del plan de alimentación escolar para beneficiar a 1 millón 310 mil 286 estudiantes. Merece especial mención que la fabricación de estos uniformes no fue la usual: licitarlos a una maquila nacional o internacional. Se confeccionaron tras un riguroso proceso de encargos a pequeños empresarios textiles de cada localidad.

En los primeros 100 días también se entregaron 3 mil títulos de propiedad a familias campesinas y se inició el programa “Comunidades rurales”, consistente en un bono de 40 dólares para jefes o jefas de hogar en los municipios más pobres, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela. La pensión de 50 dólares para ancianos y ancianas sin cobertura social está aún en proyección, así como el plan Casa Segura, que promete construir 25 mil viviendas a familias necesitadas.

El conjunto de medidas empleadas, todas comprendidas en el plan anti-crisis, le ganó al gobierno de Mauricio Funes un balance muy positivo en las encuestas de opinión: entre un 7.1 (IUDOP/UCA) y un 8.5 (Mitofsky).

100 DÍAS DEL MOVIMIENTO SOCIAL: SILENCIO EN LAS CALLES
El movimiento social salvadoreño jugó un papel importante en la victoria del FMLN. La apuesta histórica de tener, por fin, a un gobierno amigo en Casa Presidencial movilizó a todas las fuerzas.

Un comunicado de las organizaciones participantes en el III Foro de Construcción de Poder Popular, sólo cuatro meses antes de las históricas elecciones de marzo, rezaba: “Con un gobierno del FMLN procuraremos tener una relación crítica, constructiva y propositiva, manteniendo la identidad y autonomía de los movimientos sociales y del partido político, y abogando por la creación de un espacio formal y permanente de intercambio de ideas y propuestas. Mantendremos una actitud vigilante, fiscalizadora del cumplimiento de los fines del proyecto político popular, y de la transparencia administrativa. Hacemos visible nuestra voluntad de aporte y al mismo tiempo nuestra exigencia de rendición de cuentas”. A diez meses de este comunicado, y después de tres meses de gobierno, se visualiza que este propósito resulta más fácil expresarlo en el papel que traducirlo a la realidad.

Las posiciones de las distintas organizaciones del movimiento social no han sido homogéneas en estos 100 días, aunque han tenido ciertos matices comunes. El matiz principal ha sido la opción de retirarse de los espacios públicos para entrar a espacios laborales gubernamentales o a integrarse a espacios de negociación o colaboración con el gobierno.

“ES IMPORTANTE
QUE ESTEMOS AHÍ”
Formar parte del nuevo gobierno o participar en sus distintos espacios es una legítima aspiración de aquellos sectores que quieren dar su aporte y esperan convertir sus demandas y propuestas en políticas nacionales de cambio. Rosa Centeno, Presidenta del mayor gremio comunal del país, CRIPDES, lo explica así: “Estamos reacomodando nuestros planes. Ahora nuestra lucha tiene que ser de otro tipo. Tenemos que llevar nuestras banderas de lucha de otra forma”. Según Centeno, esto implica “revisar las demandas que tenemos y ver cómo las canalizamos a través de estos espacios que han abierto en el gobierno. Reunirnos con los ministros o las personas en el gobierno a quienes les compete atender la problemática que se tiene en las comunidades”.

El espacio principal, aunque no único, al que Rosa se refiere es el Consejo Económico Social, recién conformado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, donde el gobierno reúne a 64 líderes del sector empresarial, del movimiento sindical y social amplio, de la Universidad de El Salvador y de algunas universidades privadas para debatir las políticas económicas.

Aunque no todas las organizaciones del movimiento social apuestan a participar en el Consejo Económico y Social, las que lo hacen participan porque lo consideran, como dice Centeno, “un espacio importante. Ahí se van a discutir las problemáticas del país y en base a eso se va a buscar soluciones. Para nosotros es importante estar ahí para canalizar las demandas de las comunidades que representamos. Vemos difícil que nos vayamos a poner de acuerdo con la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada), pero si nosotros no estamos ahí, ellos se van a quedar solos imponiendo su temática”.

¿POR QUÉ ESE SILENCIO?
Pocas organizaciones sociales han realizado movilizaciones masivas en estos 100 días, aun cuando han sido en El Salvador método de lucha por excelencia del movimiento social, tanto por su valor objetivo como por su valor subjetivo en la formación de conciencia de sus participantes. Sólo quienes se verán afectados por la construcción de la represa El Chaparral y las víctimas de la represión generada por aparentes escuadrones de la muerte contra miembros del movimiento social en el norteño departamento de Cabañas han salido a las calles para exigir una respuesta coherente del gobierno. Y en ambos casos recibieron oídos sordos del gobierno central.

¿Qué ha pasado con la estrategia de la movilización social? ¿Será que no tiene cabida en este nuevo gobierno? Rosa Centeno reflexiona: “No hemos valorado si vamos a hacer movilizaciones porque tenemos que movilizarnos contra quienes están bloqueando el cambio, y no nos referimos al gobierno de Mauricio Funes”. El proceso tergiversado de la elección del Fiscal General de la República fue un caso claro de maniobra de la derecha que quedó prácticamente sin oposición. Sobre esto, dice Centeno: “Quizás por estar en el reacomodo hemos quedado silenciosos como movimiento social. Te invitan a un lado, te invitan a otro y tienes que priorizar para seguir tu rumbo como movimiento”.

Los 100 días del movimiento social han sido silenciosos, jugando la mayoría de sus cartas en los nuevos espacios gubernamentales.

¿QUIÉNES ESTÁN EN LAS CALLES?
En ausencia del movimiento social popular, la derecha, con algunas nuevas caras y otras no tan nuevas, ha incursionado en las calles para realizar movilizaciones y protestas contra el gobierno de Mauricio Funes.

El más claro ejemplo fueron las protestas por la entrega de paquetes agrícolas realizada por la Confederación Nacional Campesina en distintas carreteras del país durante la última semana de agosto. La Confederación Nacional Campesina (CNC) exigía un aumento del 40% en los paquetes agrícolas. El máximo líder de la CNC es Orlando Arévalo, un diputado llamado “independiente” por su reciente expulsión del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por diferencias relacionadas con la desautorización y posterior expulsión de su candidato presidencial, Tomás Chévez, a la hora de hacer el pacto electoral con ARENA. Meses después, Arévalo, quien ha militado en todos los partidos de derecha de este país (ARENA, PCN y PCD), creó el Movimiento Cívico Independiente para la Libertad y la Democracia (MOCILYD) con otras figuras que venían de las filas de ARENA, el PDC y el PAN, éste último siendo un partido ya caducado se construyó con la base social de los ex-paramilitares durante los años 90. Es muy difícil leer las demandas de la CNC sin mirar en la figura de Orlando Arévalo, su dirigente, y sin tener en cuenta su afán de protagonismo en el MOCILYD.

La entrega de paquetes agrícolas, aunque no llenó la demanda de más de 600 mil agricultores, fue aumentada por el nuevo gobierno en un 66.33% respecto a la del año anterior. Miguel Alemán, dirigente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria (CONFRAS), opinó: “Estas organizaciones han recibido cantidades de paquetes en otros tiempos. No habían tenido problema, pero como ahora el reparto es más equitativo y les están dando menos que antes, por eso reclaman”. “En la medida en que se pierden los privilegios va a ver malestar entre la gente”, agregó el dirigente Mateo Rendón, de la Contraloría social del Ministerio de Agricultura.

También ha habido nuevos sectores tomándose las calles y cerrándolas: los dueños de mototaxis o los “buses amarillos”, protestando contra el Viceministerio de Transporte. Contaron con el apoyo, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, del partido ARENA.

CONTRA LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
De gran trascendencia por su carga ideológica fue una nutrida movilización de los sectores más conservadores de las diferentes iglesias para apoyar la ratificación de una reforma constitucional que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta reforma- introducida oportunamente por el Partido Demócrata Cristiano durante el período de discusión álgida sobre la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema- cuenta actualmente con el apoyo de todos los partidos de la Asamblea Legislativa menos con el del FMLN.

Con facilidad. la reforma conquistó el apoyo de los medios de comunicación masiva y de las iglesias, reforzando los mandatos más retrógrados de nuestra cultura y sellando la intolerancia como lógica predominante de la sociedad. Las manifestaciones callejeras y la labor legislativa de los partidos de derecha contaron con el apoyo “moral” del arzobispo Luis Escobar Alas, quien sugirió, en lo que podría ser tomado como incitación al chantaje político: “Si uno de los partidos se niega a dar sus votos y los demás están convencidos del bien de la nación, podrían obligar a esta fracción negándole sus votos en aquello que tal vez esta fracción oficial se los pida, como por ejemplo se me vienen a la mente los préstamos o el presupuesto”.

¿ARENA ES “OPOSICIÓN”?
Aunque muchos analistas han comentado sobre el paso de ARENA a la “oposición”, es cuestionable el uso del término “opositor” para un partido que continúa con el control de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral en buena medida y una parte significativa del Ejecutivo.

El poder conservado por ARENA en el Ejecutivo se debe a una iniciativa legislativa de ese partido, semanas después de su derrota electoral: la Ley de Compensación Económica por los Servicios Prestados en el Sector Público. Esta ley, que prescribe extraordinariamente altas indemnizaciones para los funcionarios públicos de alto nivel para que fueran despedidos, garantizaba que el costo de sacarlos de sus cargos sería demasiado alto para el gobierno de Mauricio Funes. Se aseguraba así ARENA la continuidad en altos y medios mandos dentro de los ministerios.

Aunque ARENA se queja de que el FMLN ha hecho despidos masivos en el gobierno central, se contabilizan sólo 300 (0.3% de los empleados públicos). En contraste, el nuevo alcalde de San Salvador, el dirigente del partido de ARENA Norman Quijano, ha despedido al 2% de los empleados de la municipalidad capitalina.

100 DÍAS DE ARENA:
AMENAZAS Y MÁS AMENAZAS
ARENA tuvo muchas ocupaciones y preocupaciones en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Su prioridad fue la readecuación del partido, tras graves problemas internos, aún no resueltos, agudizados por la pérdida de la contienda electoral. La readecuación tiene al frente a Alfredo Cristiani, quien ha declarado que el partido “debe volver a sus raíces”.

ARENA ha librado dos batallas exitosas para mantener el control de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, ha mantenido una relación solidaria con el régimen de facto de Micheletti en Honduras, se ha dedicado a formar nuevos sindicatos y federaciones de sindicatos que puedan acaparar espacios de representación laboral en el gobierno y bloquear el crecimiento de sindicatos que representen posiciones de la clase trabajadora, y ha realizado campañas mediáticas tergiversando las estadísticas criminales para dar la falsa imagen de que la delincuencia ha aumentado bajo el gobierno de Mauricio Funes. Esta campaña se enfoca, entre otras metas, a adversar al nuevo director de Centros Penales, que ha tomado medidas positivas que revierten algunas violaciones de derechos humanos que se cometían en las cárceles.

El quehacer de ARENA da vida a las amenazas del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA, Alfredo Cristiani, cuando hace a la prensa comentarios de este estilo: “Yo puedo ser destructivo y ahorita tenemos cómo parar al Presidente de la República para que no pueda hacer nada”. También el vicepresidente del COENA ha advertido a Mauricio Funes que si actúa como Zelaya, “puede pasar aquí lo mismo que en Honduras”.

La ya célebre frase de Cristiani “Vamos a armar Troya”, ante la posibilidad de más despidos en el órgano Ejecutivo, convirtió a todo analista salvadoreño en experto en la exégesis de la historia griega, trasladando al escenario nacional actual la épica de Homero. Este tipo de amenazas ha sido la característica principal con que ARENA ha actuado en estos primeros 100 días.

100 DÍAS DE LA EMPRESA PRIVADA: CHANTAJE CONSTANTE
Desde que Mauricio Funes ganó las elecciones, el tono de la empresa privada hacia el mandatario no ha variado, han sido constantes. Reiteran su apertura a colaborar con un gobierno de Unidad Nacional desde que así lo anunció el nuevo Presidente en su discurso de victoria el 15 de marzo. Pero desde ese momento también le repiten al Presidente que “la confianza no se construye de la noche a la mañana”. De esta forma le advierten insistentemente que son ellos quienes tienen la potestad de darle o no un voto de confianza, y no al contrario, y que se lo darán según las muestras de lealtad que el Presidente les rinda a ellos.

Según el economista y representante del Sector Profesional del FMLN, Walter Rivas, la empresa privada tiene pocas razones para desconfiar del gobierno de Mauricio Funes. “La derecha económica parece estar cómodamente instalada porque no hay acciones de parte de este gobierno que les pueden afectar. El gobierno ha optado por no chocar con la derecha. Pueden hacer una reforma fiscal administrativa que permita recaudar otros 6 millones de dólares sin afectar seriamente a la gran empresa. Se ha formado un Consejo Económico Social para debatir las políticas económicas y sociales y se ha metido ahí a todo el mundo. ¿Cuál es la concesión que ha hecho la derecha ahí? Tener en la misma mesa a los dirigentes sindicales y a los del movimiento social. Pero es un Consejo Consultivo para ponerse de acuerdo en algunas cosas, pareciendo más un mecanismo de desahogo que de resolución. A la derecha económica esto le parece bien. Sigue manteniendo sus privilegios. El problema será cuando quieras bajar el costo de la energía eléctrica, de la harina, cuando quieras romper el monopolio del azúcar o de las líneas aéreas o bajar los precios de los combustibles”.

Aún y así, la gran empresa agrupada en la ANEP inició su balance de los 100 días expresando su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal. Juan José Daboub, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria, identifica la decisión de eliminar, a partir del 2010, la devolución del 6% que actualmente beneficia a exportadores como un mal signo. También señalan como temas que generan desconfianza la decisión del Estado de administrar el Puerto de La Unión, y las posiciones encontradas entre la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) en cuanto a la construcción de la presa El Chaparral.

OTRAS INCONFORMIDADES EMPRESARIALES
Otro momento de inconformidad de la empresa privada se vio cuando el director de la Policía Nacional Civil removió al jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Mucha población vio con buenos ojos este cambio, pues la implicación de esta división policial en la impunidad del crimen organizado es un secreto a voces. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, este ex-jefe policial -nombrado por ARENA- fue responsable de torturas, manejos procesales fraudulentos y coacción a testigos e imputados. Sin embargo, la ANEP condenó la acción de su remoción, cuestionando las motivaciones y la capacidad misma de la Policía Nacional Civil. Quedó en evidencia la férrea defensa empresarial de lo no defendible.

También los gremios empresariales se unieron contra el gobierno cuando éste se sumó al cierre comercial centroamericano para presionar por la restitución al Presidente Mel Zelaya en Honduras. En esa ocasión fueron más allá de declaraciones y lograron doblegar el brazo al Presidente Funes, arrancándole una solicitud de comprensión, una oferta de compensación económica y un compromiso de consultarles la próxima vez que se presentara una situación simiilar. Con este recorrido, podríamos caracterizar los 100 días de la empresa privada como “un período de chantaje”.

¿GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL O DE AMPLIA PARTICIPACIÓN?
La comodidad de la empresa privada con el nuevo gobierno es lo que incomoda a muchos sectores de la izquierda salvadoreña, que ven con preocupación la posibilidad de que sean los intereses estratégicos empresariales los que sean priorizados por el nuevo gobierno, en un afán de mantener la “estabilidad política”, tan amenazada por la derecha. En este sentido, ven con mucha inquietud el predominio en el gabinete económico del Presidente de personajes que provienen de la burguesía, del centro político y del centro-izquierda.

La noche del 15 de marzo, después de un largo día de esfuerzos en todos los centros de votación, el pueblo se volcó al Redondel Masferrer para celebrar el triunfo de Mauricio Funes. Allí declaró el Presidente electo: “Quiero hacer un gobierno de unidad nacional, pero una unión basada en el cambio”. El 15 de septiembre, Mauricio Funes reiteró ser “un militante de la Unidad Nacional”.

“Éste es un gobierno muy sui géneris” -valora Walter Rivas-. “No es realmente un gobierno de unidad nacional, porque un gobierno nacional supone la participación de todos los principales actores del país. El gran capital no participa como tal en el gobierno. Sin embargo, es un gobierno que va más allá de la izquierda. El FMLN, por ejemplo, está a cargo de solo un 25% de los ministerios. Hacer equipo de gobierno con esta ensalada ha de ser muy difícil”.

La realidad se complica aún más a la luz de la correlación favorable de la derecha en la Asamblea Legislativa. Cada uno de los cambios que puede realmente desmontar la economía de privilegios pasa por la reforma de leyes en el Legislativo, no controlado ni por el FMLN ni por el gobierno de Funes. ¿Vale la pena desgastarse en proponer iniciativas legislativas que no tendrán la posibilidad de ser aprobadas por este órgano? Por otro lado, el silencio de Funes en temas relacionados con la transformación estructural de la sociedad y con la justicia, le gana lejanías y desaprobación de los sectores de la población que históricamente se han sentido abandonados.

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
El 31 de diciembre del año 1984, en plena guerra, el FMLN-FDR planteó un giro estratégico programático al pasar de un programa de Gobierno Democrático Revolucionario a un programa de Gobierno de Amplia Participación. En aquel giro, fruto de mucha discusión y de una intensa lucha interna, el diálogo y la negociación de la izquierda salvadoreña con sectores de la burguesía pasó de ser una mera táctica para complementar la estrategia militar de las fuerzas guerrilleras. Se conformó así una doble estrategia: por un lado el esfuerzo militar y por otro, la lucha por la vía de las negociaciones para llegar a derrotar a la dictadura militar.

El cuestionamiento político mayor a la teoría del Gobierno de Amplia Participación se centraba entonces en el desacuerdo de sus detractores con la idea de que una alianza amplia entre los sectores populares y una parte de la burguesía podría viabilizar las transformaciones estructurales que el pueblo necesitaba para crear una nueva sociedad. Esta visión se fundamentaba en el temor real de que en una alianza de ese tipo, la burguesía siempre mantendría una correlación favorable a sus intereses a costa del deterioro de la situación de la clase trabajadora y, por tanto, tergiversaría el proyecto revolucionario de las clases populares.

LA MAGIA
PARA EL VERDADERO CAMBIO
Con la llegada a la Presidencia de Mauricio Funes el 1 de junio, se experimenta en El Salvador, por primera vez, un Gobierno de Amplia Participación, bastante parecido al que el FMLN-FDR planteó para las elecciones de 1984. Las contradicciones que actualmente vivimos reeditan las discusiones del pasado. Hoy se habla de un “Gobierno de Transición”, pero para que este gobierno lo sea, o para que abra las posibilidades para que un siguiente gobierno del FMLN pudiera serlo, tendrá que ir desarrollando, cada vez más, una correlación a su favor.

La magia estará en cómo crear esa correlación desde las distintas esferas donde los sectores populares ejercen su poder: dentro del gobierno de Mauricio Funes, dentro del partido FMLN y dentro del movimiento social. Obviamente, la transformación de la sociedad no llegará como el regalo de un nuevo gobierno progresista. Será fruto del esfuerzo del pueblo organizado si logra acumular, cada vez más energías y propuestas en función de las transformaciones que la sociedad salvadoreña necesita.

En este sentido, un pueblo que aproveche los avances del nuevo gobierno para organizarse mejor y para formarse mejor, será un pueblo que llevará adelante un verdadero proyecto de cambio. En ese proyecto, la democracia electoral y el ocupar los espacios formales de conducción política constituirán solamente elementos complementarios dentro de una estrategia de mucho, muchísimo más largo plazo.