El desarrollo no puede moverse como se debe si no están perfectamente claras las reglas del juego, y éstas no sólo tienen que ver con el desempeño empresarial: se refieren a todo el accionar político, económico y social.
Escrito por Editorial.Jueves 22 de Octubre. Tomado de La Prensa Grafica.
No hay ninguna sociedad verdaderamente organizada en la que no estén debidamente ordenadas conforme a la ley las áreas fundamentales del funcionamiento político, económico y social. Hay que expresar, de entrada, que esto debe hacerse dentro de los marcos de un genuino régimen de libertades, para que el orden no se convierta en una fuente de atentados contra la naturaleza y el desenvolvimiento de la democracia. Dicho esto, también hay que decir que en países que vienen de una historia fundamentalmente antidemocrática como la nuestra, con frecuencia los ordenamientos necesarios tienden a verse interesadamente como atentatorios, porque la falta endémica de orden ha venido generando distintas formas de rentabilidad, que se resisten a desaparecer.
El ordenamiento al que nos referimos es aquél enmarcado estrictamente en la legalidad democrática. Casos patentes y patéticos de la falta de ordenamiento necesario podrían ser, en lo político, la inexistencia de una ley de partidos políticos, que se vuelve cada vez más imperiosa; en lo socioeconómico, el que aún no haya legislación adecuada para el ordenamiento territorial ni para el agua, que es recurso crítico; y en lo institucional, el que todavía no contemos con un completo y suficiente código de ética pública.
Desde luego, la ley es básica, pero nunca se agota en sí misma. En otras palabras, la experiencia enseña que el papel lo aguanta todo, aun el papel en que está escrita la Constitución nacional. Lo más importante, pues, está en el aseguramiento de la vigencia real; y para ella se requiere que el ordenamiento sea asumido como una disciplina inexcusable. Avanzar en esa madurez práctica es lo que más necesitamos en el ambiente.
La excusa más repetida para ponerle resistencias al ordenamiento, sobre todo cuando éste le pone reglas al desorden que ha sido libremente usufructuado a lo largo del tiempo, es paradójicamente la defensa de las libertades. En realidad, la mejor forma de preservar y asegurar el régimen de libertades consiste en definir y delimitar con precisión y claridad los espacios de la libertad, que siempre deben estar salvaguardados por el principio de legalidad. Sin el soporte de la ley, no hay libertad que sobreviva; y esta es una verdad práctica que puede ser constatada en cualquier tiempo y lugar.
El mejor ejemplo de cómo actúan las resistencias y las excusas para evitar el orden está en la legislación pendiente sobre ordenamiento y desarrollo territorial, que tiene años de estar rodando en la Asamblea Legislativa, y que en ese ejercicio ha ido volviéndose cada vez más irrelevante, sin que ni así haya logrado, hasta le fecha, superar las consabidas barreras. Y es que al haber importantes proyectos regionales como la Carretera Longitudinal del Norte, que pese a todos los atrasos sigue en marcha, las luces de alerta del interés por sacar ventaja se activan aún más.
El desarrollo no puede moverse como se debe si no están perfectamente claras las reglas del juego, y éstas no sólo tienen que ver con el desempeño empresarial: se refieren a todo el accionar político, económico y social. En esa línea, los ordenamientos necesarios y razonables son insoslayables, y así hay que demandarlos y asumirlos.
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