Escrito por Karla Ramos. Jueves, 14 mayo 2009. Publicado en La Prensa Grafica.
Las finanzas de la administración del gobierno del presidente Antonio Saca se han complicado más, y a solo 17 días para finalizar su gestión, este gobierno busca opciones para cubrir una deuda a proveedores y entidades que ya suma $127.5 millones.
La cifra está plasmada en el Informe de Resultados Fiscales 2004-2009 que el Ministerio de Hacienda presentó al equipo de gobierno del presidente electo, Mauricio Funes, y al que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso.
En dicho informe, el ministerio, además de proyectar un déficit fiscal que superará los $1,058 millones al cierre de 2009 y que podría reducirse hasta $999 millones al implementar algunas medidas —(ver página 4)—, también detalla que los $127.5 millones que se adeudan corresponden a requerimientos de fondos que han hecho 22 entidades y que no han sido atendidas desde enero pasado hasta los primeros días de mayo por falta de recursos.
Una falta de recursos que el presidente Saca afirma que se debe “a la crisis mundial”, pero que ha permitido, en sus palabras, que “lo básico no falte”, aunque algunos hospitales no tienen fondos ni para la compra de medicamentos y la PNC ni para el combustible de las patrullas. Es más, Saca, aunque se compromete con el pago de todas las deudas a proveedores, recuerda que esto también es un compromiso que debe asumir el próximo gobierno.
Entre las obligaciones que el Estado no ha logrado cubrir por falta de liquidez está el pago a proveedores de servicios como agua, electricidad y combustible, además de facturas por alquiler de bienes inmuebles como algunas embajadas. También incluye fondos que irían para el pago de salarios de empleados públicos, el pago de impuestos que el Estado debe regresar a los contribuyentes como el IVA y el 6% a los exportadores, además de las devoluciones de renta y fondos que corresponden a las comunas y que no se les han podido hacer efectivos. “Sí, ahí va todo”, confirmó por su parte el ministro de Hacienda, William Hándal, al ser consultado sobre las deudas.
“Deben a todo mundo, no hay dinero ni para salarios, y eso el Gobierno lo sabe desde hace varios meses”, afirmó una fuente cercana al equipo de gobierno de Funes. “Lo más preocupante son los proveedores”, agrega otra fuente cercana al equipo del presidente electo, que ahora anda de viaje en Estados Unidos.
“Nos hemos percatado de una mora creciente a proveedores de todos los tamaños. Nos preocupa que eso afecte la calidad y estabilidad de las empresas y el empleo”, afirmó Gerson Martínez, diputado y miembro del equipo de gobierno de Funes, el único del equipo del presidente electo que estuvo ayer disponible para opinó sobre el tema. Martínez, sin embargo, dijo que esto no ha sido discutido al seno del equipo con quien él trabaja.
Del olvido a la propuesta
Entre las 22 instituciones que están pendientes de recibir fondos desde Hacienda para realizar sus pagos se encuentran la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, las procuradurías y hasta el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), además de varios ministerios. Precisamente Hacienda, Educación, Salud, Seguridad y Obras Públicas son las entidades con las mayores deudas acumuladas por falta de liquidez. Solo Hacienda tiene deudas por $55.7 millones, le sigue Educación con $15.7 millones, Salud con $13.5 millones, Seguridad con $8.3 millones y Obras Públicas con $8.7 millones.
“No recuerdo las cifras”, fue la reacción del ministro Hándal, que accedió a responder, vía teléfono, algunas preguntas tras tramitar la solicitud a través del mismo presidente de la República.
Posteriormente, el funcionario aceptó los problemas de liquidez y que les ha llevado a acumular estas deudas, pero afirmó que se están tomando medidas, entre ellas la emisión de Letras del Tesoro (LETES) hasta por un monto de $300 millones. “Eso serviría para cubrir esas deficiencias de ingresos, pero además para cubrir lo que ya se han gastado de los fondos en custodia”, explica una de las fuentes que ha tenido acceso al documento.
Los fondos en custodia, por ejemplo, son los recursos FANTEL, que no pertenecen a Hacienda, pero de los que ha tenido que echar mano el ministerio para atender las necesidades más inmediatas de caja chica.
Otra fuente consultada no descarta que incluso el Estado haya recurrido a los adelantos de los créditos que ya dieron al país organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
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