El país en quiebra que hereda Mauricio Funes

Sábado 9 de mayo de 2009.  Publicado en Salvadoreños por El mundo.

El ordenado y amable proceso de transición que iniciaran semanas atrás el presidente saliente, Antonio Saca, y el entrante, Mauricio Funes, parece haber llegado a su final. Tras rumores y desmentidos acerca de la bancarrota del Estado, Funes hizo ayer el anuncio inevitable: las finanzas públicas se encuentran en quiebra, en un contexto de clara recesión económica. Los diarios salvadoreños colocaban en sus primeras páginas esa tremenda noticia: simplemente el Estado no puede pagar sus deudas ni sus compromisos internos.

Con la preocupación marcada en el rostro, Funes informó que sus consejeros económicos estiman que el país retrocederá en sus indicadores económicos a las cifras de diez años atrás. El efecto en el campo social es grave: las mismas estimaciones consideran que en el último año y medio se ha acumulado 50 mil nuevos pobres, un poco más de la mitad residentes en el área rural.
Desde luego, la insolvencia inmediata del Estado se produce no sólo por su quiebra general, sino por el desorden fiscal y el uso arbitrario de la “caja chica” durante este año electoral. Pero el hecho es que diversos servicios sensibles a la población, como hospitales y servicios asistenciales se han declarado insolventes.
La aceptación tardía del desorden fiscal está provocando que el presupuesto nacional aprobado para el 2009 resulte ya completamente inadecuado y varios expertos aseguran que la única manera de resolver esta situación es entrando a modificar ese presupuesto nacional.
Por otra parte, el hecho de que se admita que el país está en quiebra, producirá efectos negativos inducidos en términos financieros y comerciales. La confianza en la estabilidad económica se deteriorará y se teme que la inversión privada se contraiga aún más.
Para evitar esta catástrofe, Funes cree que la única solución consiste en refinanciar el país mediante préstamos internacionales. Este es el planteamiento que ya ha hecho ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero no se descarta la necesidad de acudir a préstamos de distinta naturaleza, incluyendo la banca privada internacional.
Evidentemente, esta situación va a agudizar las tensiones entre lo que el Gobierno entrante quisiera hacer y lo que va a poder hacer. Funes ha advertido que buena parte del dinero procedente de los préstamos se empleará en desarrollar la política social. Sin embargo, cada vez que emite esta idea, agrega que ello se hará hasta donde sea posible. No hay duda de que esta situación incrementará las tensiones entre el entorno de Funes y diferentes sectores del FMLN, que ya le están exigiendo que denuncie públicamente al partido ARENA como único responsable de la crisis creada. Con lo cual, el clima de “guante blanco” desarrollado al comienzo de la transición, será sustituido por un curso de tensiones crecientes.
Todo ello antes de que el primero de junio, el nuevo Gobierno salvadoreño acceda al control efectivo de las instituciones. En la mayoría de ellas, funcionarios de diversos colores políticos han comenzado a denunciar la sistemática destrucción de documentos que se está produciendo desde hace un mes. Algunos de estos funcionarios están reclamando iniciar procesos legales. Es decir, todo parece indicar que a partir del primero de junio, algunos escándalos serán inevitables.
La campaña de Funes enfatizó que el cambio político se haría con elevados niveles de seguridad, sin traumas ni bandazos explosivos. Sin embargo, parece difícil que eso pueda resolverse en un país con veinte años de gobierno monocolor y un estilo de gestión pública netamente “finquero”. La falta de control, la discrecionalidad y la falta de transparencia han sido las características de la gestión arenera de gobierno. Las intenciones de Funes de agotar la transición discretamente y con buenas maneras parecen condenadas al fracaso. El horizonte político salvadoreño amenaza tormenta.