Escrito por Edgardo Ayala. Mayo 2009. Publicado en ContraPunto.
Intereses puramente comerciales están empujando la entrada en vigencia de convenios de la OIT, mientras los sindicalistas siguen quejándose de violaciones a los derechos laborales.
SAN SALVADOR. Por años, los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y en general la derecha del país, le habían visto al término sindicalismo una cara como de demonio, cachos y todo. Les parecía una idea desfasada y acaso nefasta, en una época donde la moda era el libre mercado.
Incluso antes de que Arena llegara el poder en 1989, el sindicalismo era algo casi como prohibido y peligroso. Ser sindicalista en los 80 era bastante atrevido en El Salvador –en guerra civil – y prácticamente era como ir caminando con la guadaña de la muerte al hombro, con los Escuadrones de la Muerte siempre al acecho.
Esos grupos paramilitares de derecha hicieron volar con una bomba, en octubre de 1989, la sede sindical de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras), en pleno centro de San Salvador, dejando un reguero de diez sindicalistas muertos, entre ellos la dirigente Febe Elizabeth Vásquez.
Los tiempos han cambiado –aunque en el tema de sindicalismo no tanto, como se verá –, y han sido estos partidos de derecha los que, en agosto del 2006, aprobaron reformas constitucionales –artículos 47 y 48 –para permitir, en teoría, la vigencia de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre esos convenios están los 87 y 98, que exigen la libre sindicalización de los empleados públicos y privados, así como el derecho a la huelga y a suscribir contratos de trabajo colectivos.
La Constitución ponía restricciones a algunos trabajadores estatales, las cuales en principio fueron levantadas por las reformas del 2006.
¿A qué se debió ese giro radical de los partidos de derecha, que en principio suena a un milagro político?
Sí pero no
Lo hicieron porque, si El Salvador no aprobaba aquellos convenios de la OIT pendientes, el país no seguiría siendo beneficiado con el régimen de preferencias arancelarias otorgadas por los países de la Unión Europea (UE), desde el 2005.
Los europeos brindan esos beneficios a los países que han hecho suyos los convenios de la OIT. Es una manera de torcerles el brazo a todas aquellas compañías acostumbradas a producir a costa de graves violaciones a los derechos de los y las trabajadoras.
Si quieren entrar al mercado europeo sin pagar aranceles, les dicen los europeos, incorporen la legislación internacional en esa materia. Actualmente, alrededor de 7,000 productos salvadoreños puede entrar a la Unión Europea desde el 2005 por medio de ese sistema de ventajas arancelarias, conocido en la jerga como Sistema Generalizado de Preferencias (SGP, Plus). Ente esos productos están: café, miel, atún, textiles y artesanías, y al cierre del 2008 las exportaciones a la UE totalizaron alrededor de $390 millones.
Pero el país podría perder esas ventajas arancelarias, pues aún está pendiente la entrada en vigencia de los convenios de la OIT citados, vigencia que entraría en vigor si la Asamblea ratifica las reformas constitucionales del 2006 de los artículos 47 y 48.
Esas enmiendas, realizadas por la legislatura pasada, deben ser ratificadas con 56 votos por la actual.
Por eso, en las últimas semanas se ha generado un intenso debate en el seno de la Asamblea Legislativa. Los partidos de derecha (Partido Demócrata Cristiano –PDC—, Partido de Conciliación Nacional –PCN—, y Arena), quieren que se ratifiquen las reformas, para que los convenios de la OIT tengan vigencia y el país y sus compañías exportadoras sigan sacándole provecho al sistema de exportar a la UE sin pagar aranceles.
Se sabe que empresas fuertes que se benefician de ese sistema han hecho fuerte lobby en el Congreso para lograr la ratificación de las reformas del 2006, pues eso les conviene en términos financieros: exportar sin pagar aranceles les resulta más barato. Una de ellas es la atunera Calvo, de origen español, empresa que ha sido acusada por el sindicato de esa empresa de violaciones a las leyes laborales del país.
No sindical
Los sindicatos del país han dicho “no” a la intención del bloque de derecha en el Congreso de finalmente ratificar las reformas constitucionales del 2006, que permitirían, de lograrse los 56 votos, la entrada en vigencia de los convenios 87 y 98 de la OIT y darían luz verde al derecho de sindicalización de los empleados estatales, y el derecho a que estos monten huelgas y suscriban contratos colectivos.
¿Sindicalistas que se oponen a la entrada en vigencia de convenios internacionales en materia laboral? Suena a una gran contradicción, a un país que va al revés y en el que sus trabajadores se oponen a derechos laborales y los diputados de derecha pelean en el Congreso por aprobar esos derechos.
Pero su oposición radica en que, a pesar de que las reformas constitucionales del 2006 ampliaban los derechos laborales, también pusieron restricciones a trabajadores estatales, que no podrán sindicalizarse y no tendrán derecho a montar huelgas. Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los empleados judiciales, de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros, quedan fuera. La lógica de esa exclusión es que se supone que habría un enorme caos en el país si pararan labores los empleados de los juzgados, los de la FGR –primer eslabón investigativo en los procesos judiciales— y los policías de la PNC.
De modo que se aprobaron reformas para permitir la vigencia de los convenios de la OIT, pero al mismo tiempo impusieron restricciones al derecho de sindicalización, lo cual contradice el espíritu de aquellos convenios.
“El problema es que en el Congreso los diputados no están viendo el asunto como derechos laborales, sino que quieren aprobar los convenios de la OIT simplemente por conveniencia, y en ese proceso han dejado fuera a empleados que no podrán tener derecho a sindicalizarse”, dice a ContraPunto Óscar Bolaños, del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL).
Bolaños cree que las reformas constitucionales que en principio amplían los derechos de los trabajadores son en realidad “un parche” con el que se pretende tapar la realidad del país: el sindicalismo todavía es una mala palabra.
Los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), sin cuyos votos no es posible alcanzar los 56 necesarios para ratificar las reformas constitucionales, se han opuesto a esa ratificación, alegando que la redacción de las enmiendas no está del todo clara.
Por su parte, Jaime Martínez Rivera, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Públicos (Festrapes), dice: “Nosotros rechazamos esa ratificación que quiere hacer la derecha en el Congreso; quiere validar los convenios de la OIT pero asegurándose de una vez que estos nunca se cumplan”.
El Salvador tiene hasta el 30 de mayo para validar los convenios de la OIT, y eso pasa, como ya se dijo, por que el bloque de derecha en el Congreso logre los 56 votos, lo cual de momento se ve difícil. De lo contrario, el país perdería los beneficios arancelarios otorgados por la UE.
Una opción es negociar con la UE una ampliación del 30 de mayo como fecha límite, y eso dará más tiempo para que los diputados busquen otras alternativas, una de las cuales, planteada por el Fmln, es la de aprobar nuevas reformas al artículo 47 y 48, con una nueva redacción.
Pero eso obligaría a esperar otros tres años para que los convenios de la OIT entren en vigencia, pues toda reforma a la Constitución debe ser aprobada por la legislatura de turno y debe ser ratificada por la siguiente, en este caso, la del 2012.
Hay quienes sostienen que en realidad el interés del bloque de derecha en el Congreso en promover sindicatos en el sector público –salvo las excepciones señaladas— es porque quieren poner una suerte de caballo de Troya que genere inestabilidad dentro del nuevo gobierno de izquierda, que ganó el Fmln en las elecciones presidenciales del pasado 15 de marzo, y que arranca este 1 de junio
