En todos los países democráticos la independencia entre los Órganos del Estado es algo que debe existir para evitar abusos de poder entre los funcionarios que desempeñan cargos de importancia en el Gobierno. Sin embargo, debe existir además cierta colaboración y entendimiento entre cada uno de estas instituciones, para enrumbar el país por el camino correcto.
Escrito por Salvador Guevara Casco. 14 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
El reciente decreto aprobado por los padres de la patria con los votos de las diferentes fracciones legislativas relativo a la ampliación de los años de cárcel a los menores de edad que se vean involucrados en hechos delictivos ha vuelto a poner en evidencia las contradicciones existentes entre el Ejecutivo y el Órgano Legislativo. Pareciera que con la aprobación de este tipo de decretos, sin consultar al presidente Funes, la Asamblea Legislativa está tratando de medir fuerzas con el Ejecutivo en temas sensibles a la población como lo es la delincuencia entre los menores de edad.
Los argumentos expuestos por el presidente Funes tanto en entrevistas brindadas en EUA como en nuestro país parecen totalmente coherentes, en el sentido de que con tal decreto se estarían violando convenios internacionales que nuestro país ha suscrito sobre los derechos universales de la niñez, pero al mismo tiempo da la impresión de que con el veto del Ejecutivo a este decreto legislativo se está entorpeciendo el deseo de la población de erradicar el flagelo de la violencia generada por jóvenes que en algunas ocasiones son menores de edad.
En declaraciones recientes de diputados de las diferentes fracciones se ha manifestado que se piensa superar el veto presidencial en la próxima plenaria, lo cual obviamente trasladaría la discusión al Órgano Judicial quien sería al final quien decidirá si el decreto es constitucional o no.
Mientras todo esto ocurre, el país continúa ensangrentándose con la imparable e irracional cadena de asesinatos en serie que los antisociales cometen, sin que se avizoren aún soluciones efectivas a este flagelo que nos ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
El Gobierno ha sido objeto últimamente de críticas provenientes del sector empresarial por la ausencia de resultados efectivos en el combate a la delincuencia, y desde luego con mucha razón, por las pérdidas económicas que ha experimentado este sector por el auge de la violencia delincuencial. Desde luego, ya se ha dicho hasta la saciedad que este es un problema que no corresponde solo al Gobierno, sino a todos los que estamos padeciendo los efectos de este oscuro período que experimenta el país.
Es fácil acusar a otros de lo que han dejado de hacer por solucionar este grave problema, pero también debemos preguntarnos qué hemos hecho nosotros para contribuir a su solución. ¿Te has preocupado tú como padre de familia por educar bien a tus hijos en el hogar? ¿Han hecho los gobiernos anteriores lo suficiente para brindar a la juventud las oportunidades de superación necesarias? ¿Se han fomentado en las instituciones educativas valores para fortalecer el carácter y la personalidad de los niños y jóvenes? Como estas hay muchas más preguntas que deberíamos de tratar de respondernos a nosotros mismos.
Debemos de comprender todos que en la medida en que queramos hacer las cosas aisladamente, jalando la carreta unos para un lado y otros para el otro lado, las soluciones serán poco eficientes. Unifiquemos criterios y objetivos en el combate a la delincuencia y otro gallo nos cantará. Ya es tiempo que el Ejecutivo y el Legislativo no parezca que están midiendo fuerzas.
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