Informe de la Fiscalía consigna que las denuncias por este delito se han triplicado y que ocho de cada 10 extorsiones siguen saliendo desde los penales. La PNC reveló que los reos han logrado hacerse de un botín de $8.4 millones.
Escrito por Amadeo Cabrera. 18 Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
Vemos que está en primer lugar el tema de los empre- sarios, en segundo lugar los particulares, el tema del transporte está en un tercer lugar y sucesivamente van los otros rubros que tienen una participación mínima.”
Allan Hernández, jefe de la UEA, Fiscalía
El comercio es el principal rubro de la economía agobiado en 2010 por las extorsiones. La Fiscalía reporta un incremento de un 233% de este delito para con esta actividad económica en los primeros 70 días del año comparado con igual periodo de 2009.
La Unidad Especializada Antiextorsiones (UEA) del ministerio público detalla que hasta el 10 de marzo pasado el comercio reportaba 383 denuncias por casos de extorsión, frente a 115 denuncias registradas en ese mismo tiempo pero del año 2009.
“Vemos que está en primer lugar el tema de los empresarios”, dijo el jefe de la UEA, Allan Hernández, tras revelar un informe donde se detalla, hasta el pasado 10 de marzo, los casos de denuncia de extorsiones por actividad económica de la víctima.
Hernández aseguró que hasta ese periodo se han recibido 718 denuncias de extorsión a diferentes sectores de la vida nacional como comercio, personas particulares, transporte, empresarial, agrícola, y otros.
Para 2009, en ese mismo periodo se dieron 663 denuncias relacionadas con la extorsión. La cifra de 2010 comparada con la de 2009 revela un incremento del 8.3% de denuncias.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Daboub, reveló a principios de mes que 900 negocios, entre medianos y pequeños, cerraron en el departamento de San Miguel por extorsiones.
Los datos de la gremial empresarial apuntan a que más de un 5% de las 14,000 empresas que funcionan en San Miguel ha cerrado por problemas de la delincuencia. “Obviamente esto se amplía más cuando se habla de La Unión, San Francisco Gotera, Morazán. Usulután, incluso, ha tenido serios problemas en el tema de las extorsiones”, aseguró Daboub, en aquella ocasión.
Otras actividades
La Fiscalía también tiene reportadas otras denuncias de extorsión recibidas de sus víctimas. Estas se encuentran clasificadas según su actividad económica, explicó el jefe de la UEA. Los particulares y el sector de transporte son los otros rubros que ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente, en las extorsiones.
Aquí, sin embargo, el delito ha experimentado una significativa reducción en las personas particulares en comparación a los casos reportados en los primeros 70 días de 2009.
Hernández tiene una explicación para este fenómeno. “Aquí este grupo está denunciando masivamente”, advierte.
La UEA reveló que en 2009 se recibieron 485 denuncias de particulares que eran víctimas de extorsión, frente a 238 reportadas hasta el 10 de marzo último. Los datos reflejan un reducción del 51% de casos de denuncia.
El tercer rubro de la actividad económica del país que está siendo sacudido por las extorsiones es el sector transporte. Las estadísticas del ministerio público reflejan que en 2009 se recibieron 41 denuncias de extorsión realizadas a este sector, frente a 68 que se han presentado hasta el pasado 10 del corriente mes.
Es decir, que hay 27 casos más que en 2009. En enero pasado, al menos siete gremiales de transporte público de pasajeros decidieron cerrar filas y pedir al Gobierno un plan especial de seguridad para el transporte. El empresario Catalino Miranda no descartó, en aquel mes, que se presente a corto plazo una propuesta a los ministerios de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional para atender el tema de las extorsiones a los transportistas.
Hernández reiteró lo dicho el año pasado: la mayoría de estos delitos proviene de los diferentes centros penales del país. “El 80% sale de la cárcel”, dijo. El director de la Policía, Carlos Ascencio, reveló a principio de año que $8.4 millones ingresan a las penitenciarías salvadoreños como producto del pago de extorsiones, según indagaciones del Centro de Inteligencia Policial (CIP).
El bloqueo de señal de teléfonos celulares desde los centros penales es una medida propuesta por el presidente de la República, Mauricio Funes, para el combate al crimen dentro de su plan de seguridad que fue discutido días atrás con los diferentes sectores de la sociedad.
El Gobierno, empero, no ha querido dar detalles de cómo el plan de seguridad va a frenar los delitos desde prisiones. Solo se conoció que soldados coparán los alrededores de la infraestructura penitenciaria que con la llegada del nuevo Gobierno, en junio de 2009, su personal se sometió a un proceso de depuración hecho por las autoridades que aducieron “pérdida de confianza” en la mayoría de los casos de cesantía del personal penitenciario.
LA PRENSA GRÁFICA intentó buscar la posición del director general de Centros Penales, Douglas Moreno, pero este no contestó su teléfono celular pese a los reiterados llamados realizados desde la Sala de Redacción de este matutino. El bloqueo de la señal de teléfonos en el sistema penitenciario del país es un tema que se viene discutiendo desde el año 2006, e incluso en diciembre de 2007, el entonces viceministro de Seguridad Pública (que luego pasó a fiscal adjunto y a fiscal en funciones de la República), Ástor Escalante, anunció la instalación de un sistema de bloqueo en siete cárceles del país, los cuales no dieron resultado. El costo de un sistema de bloqueo se calcula en cerca de $30,000.
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