Leyendo y escuchando sobre los debates en torno al llamado cargo básico de la telefonía fija, los argumentos a favor de su eliminación vertidos por el FMLN son convincentes. En efecto, cuando se privatizó la telefonía, la justificación que se tuvo para poner un cargo básico era que las operadoras necesitaban recuperar la inversión fija (¿acaso no debían recuperarla bajo las leyes del mercado y no bajo las faldas del Estado?).
Escrito por Roberto Rubio-Fabián.02 de Marzo. Tomado de La Prensa GraficaSegún los datos existentes, esa inversión era de $97 millones. Ahora bien, acorde al FMLN, en el país existe cerca de un millón de teléfonos fijos, por lo que con un cargo básico de $9.42 mensuales, las empresas telefónicas obtendrían un ingreso bruto de unos $113 millones en tan solo un año. El argumento es contundente: aún tomando en cuenta los gastos de depreciación y pago de impuestos (ingresos netos), las empresas operadoras ya han más que recuperado con creces aquella inversión.
Por tanto, no se justifica una “renta fija”, es decir, que el usuario pague una cuota permanente ya sea que use o no el teléfono. Se trata de un pago sin un bien o servicio de contrapartida. Así concebido, el cargo básico (ahora se le quiere llamar “cargo por conexión” para evadir esta crítica) constituye un esquema rentista que no está acorde a las dinámicas del mercado, ni con la lógica capitalista de la relación precio-costo, representa más bien un subsidio del usuario a las empresas telefónicas, y más bien se aproxima al intervencionismo estatal que a la economía de mercado. Por otro lado, también con buena razón, se argumenta que el cargo fijo, que iba a subir de $9.42 a $14 mensuales, es de los más altos de la región (apenas un cargo promedio de $4 mensuales).
Independientemente que la propuesta de eliminación del cargo fijo pueda o no tener motivaciones populistas, o que tenga debilidades jurídicas, el hecho es que es razonable. También es popular. Pero no es popular solo porque alivia el bolsillo del ciudadano, sino también porque aparece justa a una población que ha venido padeciendo los abusos del mercado de las telecomunicaciones. Ya da cuenta de ello el registro de quejas ciudadanas en la Defensoría del Consumidor. Las deformaciones y los abusos de mercado van más allá del cargo básico: freno a la portabilidad numérica que permitiría mayor competencia; abusos en los tiempos asignados a las tarjetas prepago; cobro de llamadas al extranjero que el usuario no ha hecho; costo relativamente alto de internet y telefonía celular comparado con otros países. Para colmo, contra una justa resolución de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, las telefónicas siguen violando la ley al cobrar una tarifa alta y diferenciada entre telefonía móvil y fija. Estos abusos, y no solo el cargo básico, debería ser parte del debate legislativo.
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