EDH-El Estatuto de Roma

Escrito por Juan A. Valiente.03 de Marzo. Tomado de El Diario de Hoy.

Una sombra ha recorrido el país desde el último proceso eleccionario y el temor ha nublado las razones. El tema de la derogatoria de la ley de amnistía ha servido para apasionar a los que tienen sed de justicia o de venganza. El pasado, con todo su dolor, ha sido la condición de factibilidad del presente democrático que vivimos. Debemos aprender a vivir en el presente y ver hacia delante con esperanza.

Este temor envuelve la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este estatuto es un convenio internacional firmado ya por más de 100 países. Es el instrumento a través del cual se constituye la Corte Penal Internacional (CPI), donde se juzgan crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Sobre todos hay definiciones consensuadas, a excepción de los de agresión. Este convenio no tiene efectos retroactivos, pues tiene vigencia a partir del mes de julio de 2002, año en el que también por un acuerdo con Naciones Unidas se incorpora a ese organismo mundial.

Un análisis jurídico del Estatuto de Roma revela, de acuerdo a la Lic. Claudia Umaña, "que existen ciertas incongruencias entre las disposiciones del Estatuto con la Constitución. Los tres puntos constitucionales que se discuten son relativos a las penas perpetuas, la extradición de personas y la improcedencia de los cargos oficiales, que se regulan en el Estatuto". El mayor impedimento parece ser el de las penas perpetuas, expresamente prohibidas por nuestra Constitución en el inciso 2 del artículo 27. Se necesitaría una reforma constitucional.

Históricamente la debilidad de la institucionalidad del país nos ha obligado a recurrir a instancias internacionales para apoyar el desarrollo democrático de El Salvador. Sólo necesitamos recordar el complejo andamiaje de las Naciones Unidas que se requirió para ayudarnos a terminar la guerra civil. Pero sin irnos a este caso extremo, otras instancias internacionales han sido necesarias cuando, por ejemplo, la justicia no se ha logrado obtener internamente.

Una de las entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido útil en estos casos. Algunos de los más emblemáticos son el de Ramón García Prieto y el de las hermanas Serrano. Salvadoreños que han sentido sus derechos violados han podido encontrar en una corte internacional, la instancia para poder exigir, en estos casos específicamente del Estado, una condena y una apropiada compensación por los daños recibidos.

Adicionalmente la aceptación de la CPI forma parte de los convenios que la Unión Europea ha exigido y continúa exigiendo de los países centroamericanos, para ratificar el Acuerdo de Asociación con Centroamérica. De momento no ha sido vinculado como requisito a los países que nos beneficiamos del programa unilateral SGP Plus, pero eventualmente podría serlo.

En el país desde la campaña electoral, se ha percibido el explícito interés que las organizaciones de izquierda tienen en esta ratificación. El mismo Presidente Funes, cuando era candidato, dijo que debía ratificarse, "porque el Estatuto de Roma crea una instancia que necesita el mundo entero para evitar que crímenes de lesa humanidad queden impunes". La derecha en general ha sido más cautelosa.

Es el momento de trascender temores y considerar seriamente la conveniencia de ratificar dicho estatuto y fortalecer la institucionalidad interna con la adopción de nuevas regulaciones internacionales. Si bien es cierto que existe el peligro que la izquierda le esté apostando a un proceso de reforma constitucional para incluir de una vez otros temas que generan mucha desconfianza, la aritmética legislativa podría permitir que sean procesos de discusión y aprobación separados. Los referendos y las consultas populares, mecanismos que el Presidente Chávez ha utilizado a su conveniencia para permanecer en el poder por más de 11 años, no deben enturbiar las aguas de las posibles convergencias políticas que permitan ratificar este estatuto.

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