Escrito por Edgardo Ayala.12 de Marzo. Tomado de Contra Punto.
Varias son las recomendaciones y sentencias en torno a masacres, ejecuciones y desapariciones que han sido dejadas de lado o, en el mejor de los casos, cumplidas a medias.
SAN SALVADOR - Pese a haber sido sentados en el banquillo y condenados por violaciones a los derechos humanos, los estados centroamericanos persisten en hacerse los duros para acatar las recomendaciones y sentencias emanadas de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de su brazo juzgador, la Corte Interamericana de Derechos Humanas (Corte-CIDH).
Aún están pendientes de que se cumplan las recomendaciones y sentencias giradas por aquellas dos instancias, adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, en torno a casos emblemáticos en El Salvador y Guatemala.
Muchos de esas violaciones se cometieron en el período en que Centroamérica vivía conflictos bélicos en la década de los años 80, y se vienen arrastrando desde entonces sin que los estados de la región cumplan con las recomendaciones dictaminadas por las organizaciones citadas.
Apocalipsis en Petén
Guatemala, con 14 sentencias, es el país que más condenas ha recibido por parte de la Corte.
La más reciente es la emitida el 17 de diciembre de 2009, en torno al caso de la masacre de las Dos Erres, una comunidad del norteño departamento del Petén donde en 1982 fueron asesinadas 251 habitantes por fuerzas militares.
La sentencia obliga a los tribunales guatemaltecos a esclarecer el caso y exige una compensación monetaria de US$3.1 millones a los familiares de las víctimas, entre otras.
La condena fue el resultado de una demanda contra el Estado guatemalteco presentada en abril del 2008 por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), ante la negativa del Estado de cumplir con las medidas de compensación previamente recomendadas por la CIDH.
Previamente, la CIDH y el Estado habían alcanzado un acuerdo amistoso en abril del 2002 para dar por terminado el caso, tras el perdón público ofrecido por el entonces presidente Alfonso Portillo y la aceptación de la responsabilidad del ejército en el masivo asesinato.
La primera condena contra Guatemala girada por la Corte fue en torno al caso conocido como “Panel Blanco”. Entre junio de 1987 y febrero de 1988 agentes de la Guardia de Hacienda detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a opositores a quienes obligaban a subir a un vehículo tipo “panel” o microbús blanco.
La sentencia en el caso de las Dos Erres establece que el Estado de Guatemala violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de los familiares y de las víctimas de los sobrevivientes de la masacre.
Nuño afirmó que las organizaciones de derechos humanos regionales recurrieron a instancias internacionales en busca de justicia, tras verse imposibilitados de encontrar esa justicia en casa propia.
El 10 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó el inmediato cumplimiento de la sentencia y la reactivación del proceso contra 17 militares detenidos, paralizado por 10 años con base en medidas dilatorias de los acusados.
El Estado guatemalteco tiene un año para cumplir con los requerimientos de la sentencia, en principio de cumplimiento obligatorio e inapelable.
En definitiva, lo que se pretende es justicia para las víctimas y castigo para los culpables, dijo a la prensa guatemalteca Edgar Pérez, abogado de Famdegua.
“Todavía no tenemos ningún responsable sirviendo una pena adecuada”, dijo a ContraPunto Alejandra Nuño, directora para América Central de Cejil.
Otros casos por los que Guatemala ha sido condenada son: el de Efraín Bámaca Velásquez, un comandante guerrillero que en marzo de 1992 fue capturado por el Ejército, torturado y ejecutado; el de “Villagrán Morales”, en torno al secuestro y asesinato por elementos policiales de cinco niños de la calle, en 1990 y el de la “Masacre Plan de Sánchez”, ocurrido en un poblado maya en julio de 1982, entre otros.
Amarga espera
En El Salvador, entre tanto, el caso de la desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, en 1982, se convirtió en la primera condena que esa Corte emitió contra este país centroamericano, en marzo del 2005, por entonces, en manos del gobierno de Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Ernestina y Erlinda fueron desaparecidas por soldados del ejército durante un operativo militar en el norteño departamento de Chalatenango, cuando tenían siete y tres años, respectivamente.
La condena emitida en 2005 implicaba el cumplimiento de 10 medidas de reparación, entre las cuales están la realización de un acto público de desagravio a las víctimas, brindarles asistencia sicológica, la creación de una página web que sirva para buscar a desaparecidos y la creación de un banco de datos genético con ese propósito, etc.
Sin embargo, desde entonces, no ha habido avances sustanciales en el cumplimiento de la sentencia. En parte porque el entonces gobierno del presidente Elías Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), trató de minimizar el dictamen de la Corte e incluso negó la existencia de las niñas.
La llegada del nuevo gobierno de Mauricio Funes ha hado esperanzas de que las cosas caminen mejor. De hecho, el pasado 16 de enero Funes anunció la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos durante el conflicto.
Pero aún hay rezagos importantes en los cumplimientos.
Una resolución del 16 de febrero de este año, la CIDH exhortó al estado salvadoreño a cumplir con los puntos pendientes del dictamen del 2005, como son la creación de la página web y el banco con información genética.
En tanto, el caso de Arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar Arnulfo Romero, asesinado por un escuadrón de la muerte en marzo de 1980, también sigue pendiente de que se cumplan las recomendaciones de la Comisión.
El caso del religioso fue presentado ante la CIDH a finales de 1993, y en abril de 2000 esa instancia emitió recomendaciones para que el Estado salvadoreño repara el daño moral por el crimen de Romero, querido por la población por ser “la voz de los sin voz”, criticando al gobierno en el fragor de la guerra.
Las recomendaciones incluían la realización de una investigación “completa, imparcial y efectiva”, para encontrar a los autores intelectuales y materiales del crimen que estremeció a la sociedad y fue uno de los detonantes para la agudización del conflicto armado salvadoreño (1980-1992), que dejó unos 70,000 muertos.
La Comisión de la Verdad, establecida en 1993 para indagar sobre los crímenes con motivación política, señaló al Mayor Roberto D’aubuisson, como el autor intelectual de Romero. Al militar también se le atribuye la creación de los temidos escuadrones de la muerte que aterrorizaron a izquierdistas en los 80, y es el fundador de ARENA.
Pero D’aubuisson murió en febrero de 1992, un año antes de que se conociera la conclusión de aquella comisión en torno al caso.
Aparte del informe de la Comisión de la Verdad sobre Romero, nunca se dio la investigación exigida por la CIDH. Tampoco ninguna autoridad del Estado ha pedido perdón por el crimen del Arzobispo, que era otra de las peticiones de esa instancia, aunque sí lo hizo el presidente Mauricio Funes, en enero de este año, pero de manera general en torno a los crímenes cometidos en la pasada guerra civil.
Funes no quiere saltarse el muro de la Amnistía
Muchos de los casos mencionados no han sido investigados debido a la existencia de leyes de amnistía firmadas, llamadas también de reconciliación nacional, como es el caso de El Salvador y Guatemala.
Organismos internacionales han sostenido desde siempre que esas leyes violentan normas internacionales.
Si bien el gobierno de Funes ha querido no desatender las recomendaciones y sentencias, se ha mostrado reacio para impulsar la derogatoria de la Ley de Amnistía, de 1993, cuya anulación ha sido exigida por organismos de derechos humanos locales e internacionales.
De modo que a la hora de saltar el principal muro –la ley de amnistía— para iniciar investigaciones serias para esclarecer esos y otros casos, el gobierno de Funes de momento se muestra temeroso de dar el salto.
“En la gran mayoría de casos se ha evidenciado que se ha imposibilitado la obtención de justicia, y por lo cual la Comisión Interamericano ha establecido que las leyes de amnistía en Argentina, Uruguay y en El Salvador tienen que derogarse”, dijo Nuño.
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